De acuerdo con informes verosímiles recibidos por la organización, al menos 143 personas perdieron la vida. El uso de armas de fuego fue el causante de la inmensa mayoría de las muertes. Un hombre murió tras inhalar gas lacrimógeno, según informes, y otro tras ser golpeado. Amnistía Internacional cree que el número de víctimas mortales es considerablemente superior y continúa investigando.
“El número creciente de víctimas mortales es una alarmante señal del trato despiadado que las autoridades iraníes infligen a manifestantes indefensos, y pone al descubierto su deplorable ataque a la vida humana”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Hasta ahora, aunque el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Unión Europea y varios Estados hayan condenado lo que describen como aparente uso excesivo de la fuerza, no han reconocido explícitamente en sus respuestas el uso de medios letales para matar a manifestantes, pese a la acumulación de pruebas.
“La prudencia y el silencio de la comunidad internacional ante los homicidios ilegítimos de manifestantes es una respuesta del todo inadecuada. Deben condenar estos homicidios en los términos más enérgicos y describir los hechos como lo que son: el uso letal y completamente injustificado de la fuerza para aplastar la disidencia”, ha afirmado Philip Luther.
Relatos terribles de testigos y familiares de víctimas sobre el terreno, información recabada por periodistas y activistas de derechos humanos fuera de Irán y abundantes imágenes de vídeo analizadas por el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía proporcionan pruebas inequívocas de que las fuerzas de seguridad iraníes han usado armas de fuego de manera intencionada contra manifestantes desarmados que no representaban una amenaza para la vida.
En los vídeos verificados se ve cómo efectivos de seguridad disparan deliberadamente y desde corta distancia contra manifestantes desarmados. En algunos casos dispararon a manifestantes cuando huían y claramente no representaban ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad. En otros vídeos se ve a las fuerzas de seguridad disparando contra manifestantes desde los tejados de edificios oficiales, entre ellos una sede del Departamento de Justicia.
Las fuerzas de seguridad responsables de la represión son las fuerzas policiales de Irán, la Guardia Revolucionaria y agentes de civil pertenecientes a la fuerza paramilitar Basij, entre otras.
Según información recibida por Amnistía Internacional, las autoridades iraníes se han negado en muchos casos a devolver los cadáveres de las víctimas a sus familias y, en algunos, las fuerzas de seguridad se han llevado cadáveres de los depósitos para trasladarlos a lugares desconocidos.
Hay informes escandalosos sobre algunos casos en que las autoridades, al devolver el cadáver a la familia, han exigido un pago por varios conceptos, como el precio de la bala que quitó la vida a su ser querido o la indemnización por destrucción de bienes durante las protestas. Al menos una autoridad de la provincia de Juzestán ha negado tales informes. Siguiendo un patrón coherente con los homicidios de manifestantes, las autoridades han amenazado con detener a las familias de las víctimas si celebran funerales por sus seres queridos o hablan con los medios de comunicación.
Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales las autoridades han trasladado a manifestantes heridos desde hospitales hasta centros de detención, poniendo en peligro su vida al privarlos de una asistencia médica que puede ser vital.
Según el derecho internacional, las fuerzas de seguridad sólo pueden recurrir al uso de medios letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger del riesgo inminente de muerte o lesión grave.
Aun en el caso de que una pequeña minoría de manifestantes recurra a la violencia, las fuerzas de seguridad deben actuar en todo momento con moderación y usar sólo la fuerza estrictamente necesaria, proporcionada y legítima en respuesta a la violencia.
Información complementaria
A continuación ofrecemos el desglose por provincia de las 143 muertes de las que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional hasta ahora. La organización obtuvo la información a partir de informes cuya credibilidad y fiabilidad ha comprobado mediante entrevistas a familiares de víctimas, periodistas y activistas de derechos humanos que participaron en su elaboración y después ha cotejado los datos.
Provincia de Alborz: 9
Provincia de Azerbaiyán Oriental: 1
Provincia de Isfahán: 7
Provincia de Fars: 15
Provincia de Kermán: 1
Provincia de Kermanshah: 34
Provincia de Juzestán: 40
Provincia de Kurdistán: 12
Provincia de Teherán: 20
Provincia de Azerbaiyán Occidental: 4
