El informe, titulado Permanent State of Exception, denuncia que la SSSP, un departamento especial del Ministerio Público responsable de investigar las amenazas para la seguridad nacional, es cómplice de desaparición forzada, privación arbitraria de la libertad, y tortura y otros malos tratos. La SSSP ha detenido a miles de personas durante periodos prolongados por motivos espurios y ha violado de forma generalizada los derechos procesales de las personas detenidas.
“En Egipto, hoy, la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado ha ampliado la definición de ‘terrorismo’ para abarcar protestas pacíficas, publicaciones en redes sociales y actividades políticas legítimas, lo que hace que personas que critican pacíficamente al gobierno sean tratadas como enemigos del Estado. La SSSP se ha convertido en una herramienta fundamental de la represión, cuyo principal objetivo parece ser detener arbitrariamente e intimidar a las personas críticas, todo ello so pretexto del antiterrorismo”, afirmó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África en Amnistía Internacional.
“Muchas de las personas enjuiciadas por esta fiscalía fueron detenidas por expresar pacíficamente sus opiniones o defender los derechos humanos, y nunca debieron haber sido arrestadas”.
El informe de Amnistía Internacional documenta casos de decenas de personas defensoras de los derechos humanos y críticas con el gobierno que han sido remitidas a la SSSP.
Entre ellas figuran Zyad el Elaimy, abogado de derechos humanos y miembro del Partido Socialdemócrata egipcio, que fue detenido por intentar cofundar una coalición parlamentaria llamada “Coalición Esperanza” para concurrir a las elecciones parlamentarias de 2020, y Abeer el Safty, periodista que fue detenida tras negarse a ser coaccionada por la policía a votar en un referéndum en 2019.
El ascenso de la SSSP
Desde que el presidente Abdel Fatah al Sisi llegó al poder en 2013, el número de casos procesados por la SSSP casi se ha triplicado, pasando de 529 en 2013 a 1.739 en 2018.
Este aumento meteórico de los procesamientos de la SSSP hace posible que las autoridades someter a personas a una “detención preventiva” teórica mientras se las investiga, pero, en realidad, muchas permanecen recluidas meses y años sin pruebas, sobre la base de unas investigaciones policiales secretas y sin recurso a un remedio efectivo. Esto ha permitido de hecho que las autoridades reproduzcan las prácticas de detención administrativa prolongada previstas en la ley del Estado de Excepción que fueron características de la era Mubarak en Egipto hasta que una sentencia de 2013 del Tribunal Supremo Constitucional resolvió que la disposición correspondiente era inconstitucional.
Desde entonces, la SSSP ignora sistemáticamente sus competencias para atacar a quienes se oponen al gobierno. Esto se produce en un contexto en el que, desde hace seis años, se reprimen los derechos humanos con una dureza sin precedentes y el presidente Al Sisi renueva continuamente el estado de excepción desde 2017.
“La SSSP, junto con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) —una fuerza policial especial— y los tribunales antiterroristas han surgido como un sistema de justicia paralelo para detener, interrogar y juzgar a quienes ejercen la disidencia pacífica. La normalización de la función de la SSSP indica la existencia de un estado de excepción permanente en el que están suspendidos los derechos a la libertad y a un juicio justo, además del relativo a no sufrir torturas, para todas las personas acusadas de ‘terrorismo’”, prosiguió Philip Luther.
El informe de Amnistía Internacional documenta los casos de 138 personas detenidas por la SSSP entre 2013 y 2019, y está basado en más de 100 entrevistas, así como en el examen de documentos oficiales judiciales y policiales, historiales médicos, vídeos e informes de ONG y agencias de la ONU.
De estas personas, 56 fueron detenidas por participar en protestas o por declaraciones realizadas en las redes sociales; 76, debido a sus actividades o antecedentes políticos o de derechos humanos, y seis fueron acusadas de implicación en incidentes de violencia.
La mayoría fueron investigadas por acusaciones de pertenencia o auxilio a un grupo terrorista o ilegal con el objetivo de perjudicar el orden o la seguridad públicos. No obstante, en la práctica, muchas fueron detenidas exclusivamente sobre la base de unas investigaciones policiales secretas que el máximo tribunal egipcio había resuelto en 2015 que no constituyen prueba en sí mismas, o de contenidos en Internet que critican a las autoridades egipcias pero no constituían incitación.
Detención arbitraria prolongada
El informe pone de relieve que la SSSP hace de forma sistemática un uso indebido de las facultades que la legislación egipcia le confiere —reservadas normalmente a la judicatura— y que le permiten ordenar la detención preventiva prolongada de personas durante un máximo de 150 días. Las personas detenidas pueden presentar una solicitud para recurrir contra la decisión, pero es la SSSP la que decide qué casos se oirán ante un juez y cuáles serán oídos por un fiscal de la SSSP.
Tras los primeros 150 días, la SSSP solicita a los “tribunales antiterroristas de distrito” especiales que renueven la detención cada 45 días. Incluso en esta fase, es la SSSP la que decide quién puede recurrir contra las decisiones del juez y quién no. Incluso cuando los jueces ordenan la libertad de una persona detenida, la SSSP ha eludido la orden judicial decretando la detención por nuevos cargos.
Usando estas herramientas, la SSSP ha detenido arbitrariamente a miles de personas durante meses y a veces años, basándose en vagas acusaciones de “terrorismo”. Las investigaciones de Amnistía concluyeron que las personas detenidas permanecían en detención preventiva una media de 345 días —en un caso, durante 1.263 días— hasta que eran puestas en libertad sin ser remitidas a juicio. Durante ese periodo, rara vez eran interrogadas más de una vez.
Mahmoud Hussein, periodista de Al Yazira acusado de retransmitir noticias falsas, está detenido desde el 23 de diciembre de 2016. Su detención ha sido renovada en reiteradas ocasiones, primero por la SSSP y luego por un juez, hasta que, en mayo de 2019 se decretó su libertad condicional a prueba. Sin embargo, la SSSP hizo caso omiso de esta resolución y ordenó que fuera detenido una vez más por nuevas acusaciones.
Complicidad en tortura y desapariciones forzadas
El informe de Amnistía Internacional pone de relieve asimismo que la SSSP es cómplice de desapariciones forzadas y torturas. La Fiscalía se abstiene sistemáticamente de investigar las denuncias de estos abusos y admite confesiones obtenidas mediante tortura como prueba en juicios. En algunos casos, las personas procesadas fueron condenadas posteriormente a muerte y ejecutadas basándose en estas pruebas.
El informe documenta 112 casos de desaparición forzada durante periodos de hasta 183 días a manos de las fuerzas de seguridad, en su mayor parte la NSA.
La abogada de derechos humanos Hoda Abdelmoniem estuvo sometida a desaparición forzada tres meses. Durante ese tiempo compareció ante la SSSP, a la que informó de que la policía la tenía recluida en un lugar no revelado sin acceso a su abogado ni a su familia, pero la Fiscalía no hizo nada para investigar ni ordenó su traslado a un centro de detención oficial hasta que transcurrieron 90 días de desaparición forzada.
El informe revela asimismo que la SSSP no investigó 46 casos de tortura y otros malos tratos documentados en el informe de Amnistía Internacional. La activista de derechos humanos Esraa Abdelfattah denunció ante la SSSP que unos agentes de la NSA la habían secuestrado y sometido a palizas y torturas, entre ellas un intento de estrangularla. La Fiscalía no ha abierto ninguna investigación sobre estas denuncias.
La SSSP también omite sistemáticamente informar a las personas procesadas de sus derechos, les niega el acceso a asistencia letrada y las somete a interrogatorios coercitivos con medios como mantenerlas con los ojos vendados, recluirlas en condiciones inhumanas y amenazarlas con devolverlas a la NSA para ser torturadas e interrogadas.
“Es indignante que una institución concebida para interponer actuaciones judiciales para que se haga justicia incumpla de forma tan manifiesta su responsabilidad de garantizar los derechos a un juicio justo y, en cambio, sea cómplice de la tortura y desaparición forzada de personas detenidas”, afirmó Philip Luther.
“Las autoridades egipcias deben nombrar una comisión pública para investigar el papel de la SSSP en la detención arbitraria prolongada, violaciones de los derechos a un juicio justo y su complicidad en abusos policiales”.
Las personas profesionales del derecho que representan a clientes enjuiciadas por la SSSP han denunciado también haber sido objeto de amenazas, hostigamiento, detenciones y reclusión en relación con su trabajo. La abogada Mahienour el Masry y el abogado Mohamed el Baqer, defensores ambos de los derechos humanos, fueron detenidos cuando representaban a personas detenidas en las oficinas de la SSSP.
Encubrimiento de la represión
Hace dos meses, las autoridades egipcias respondieron a un excepcional estallido de protestas con una oleada de detenciones masivas que afectó a más de 4.000 personas, muchas de ellas elegidas al azar, en cuestión de semanas. La SSSP está investigando a la inmensa mayoría de ellas por su presunta implicación en protestas y en relación con acusaciones de “terrorismo”.
“En la escena global, las autoridades egipcias tratan de encubrir su represión a la libertad de expresión afirmando que las medidas están dirigidas contra ‘terroristas’ cuando, en realidad, consideran ‘terrorismo’ incluso la oposición y la expresión pacíficas. La comunidad internacional no debe dejarse embaucar por esta retórica engañosa”, concluyó Philip Luther.
“Los aliados internacionales de Egipto no deben sacrificar sus principios de derechos humanos en aras de los lazos empresariales y de seguridad, Sino que deben presionar a las autoridades egipcias para que reformen la SSSP y pongan en libertad a todas las personas detenidas por expresar sus opiniones o defender los derechos humanos de forma pacífica”.
