Hablemos del retorno de las personas refugiadas a Myanmar cuando puedan hacerlo sin riesgos, de su reasentamiento en un tercer país o de otra forma de resolver la crisis, sin educación, toda una generación de niños y niñas rohinyás perderá la oportunidad de reivindicar sus derechos, mejorar su vida o contribuir a la economía en la que viven. En los últimos dos años y medio, sus vidas están en suspenso, sus futuros paralizados por la incertidumbre.
Algunos de los niños y niñas rohinyás con quienes hablé estaban a pocos meses de terminar su escolarización cuando las acciones de las fuerzas armadas de Myanmar, muchas de las cuales equivalen a crímenes de lesa humanidad, los obligaron a huir de sus casas. Desde entonces, han perdido otros dos años académicos. Cuanto más tiempo se vean obligados a estar en los campos, más se aleja la perspectiva de que hagan realidad algún día las oportunidades que merecen todos los niños y niñas.
Corren el riesgo de convertirse en una generación perdida.
Los niños y niñas de la comunidad de acogida de Cox’s Bazar corren una suerte similar. Según un Análisis Rápido de Educación y Riesgos de 2018 de USAID, Cox’s Bazar tiene el porcentaje más bajo del país de niños y niñas en edad de cursar estudios primarios matriculados en primer grado, el 71%, al mismo tiempo que la segunda tasa más alta de abandono escolar, del 31%.
Según el informe de USAID, la afluencia de personas refugiadas de 2017 ha afectado negativamente aún más a la economía local, donde el coste de la vida ha aumentado entre cinco y siete veces, se han marchado maestros y maestras capacitados y el alumnado ha dejado de estudiar en Cox’s Bazar para buscar trabajo en el campo de personas refugiadas rohinyás. Todo esto ha afectado a la continuidad de la educación de los niños y niñas de la comunidad de acogida.
La comunidad internacional debe seguir apoyando a Bangladesh y compartir la responsabilidad de dar educación a todos los niños y niñas de Cox’s Bazar, sean de la población refugiada rohinyá o de la comunidad de acogida. Muchos países, como Canadá y Estados Unidos, están dispuestos a apoyar una educación adecuada, acreditada y de calidad para los niños y niñas del estado de Rajine en Myanmar y en Bangladesh.
Sin embargo, es más importante que veamos las consecuencias de tener una generación sin educación, una generación de personas que no sabrán hablar por sí mismas, denunciar la violación de sus derechos, gozar de los beneficios de una mente activa e ilustrada o salir por sí mismas de su difícil situación.
La Convención sobre los Derechos del Niño, tratado vinculante que Bangladesh ha ratificado, deja claro que la educación puede y debe garantizar el desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño o niña hasta el máximo de sus posibilidades, al mismo tiempo que se les inculca el respeto a los derechos humanos y se los prepara para asumir una vida responsable en una sociedad libre. La alternativa es arriesgarse a relegar a muchos de estos niños y niñas a una vida de pobreza y explotación que, en algunos casos, se vale de actividades delictivas graves como el contrabando de estupefacientes, el tráfico de menores o la captación para entrar en grupos armados violentos.
A miles de niños y niñas rohinyás se les está negando el acceso a la educación en sus pueblos y localidades de Myanmar, donde no hay escuelas ni universidades para ellos, algo que sucede también en los lugares donde han buscado refugio. En última instancia, esta denegación histórica del acceso a la educación ha hecho que, con el tiempo, toda la comunidad rohinyá haya quedado atrás.
Debemos preguntarnos si permitir que esto le suceda a una comunidad tiene cabida en el mundo en el que queremos vivir. Quizá una persona rohinyá instruida puede solucionar sus problemas mejor que dependiendo de una ayuda internacional que sigue disminuyendo globalmente para la población refugiada.
Es alentador que, en Bangladesh, algunas personas con responsabilidad política reconozcan la importancia de una educación adecuada, acreditada y de calidad para los niños y niñas rohinyás. Para un país que ha dado prioridad al progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alcanzar el Objetivo 4 (Educación de calidad) debería ser también una meta. Pero esto tiene que empezar a implementarse lo antes posible.
Un joven rohinyá escribió en un reciente artículo de opinión: “La comunidad internacional puede actuar para ayudar a las generaciones de jóvenes rohinyás que han sido atacadas sólo por desear una educación”.
También debemos preguntarnos si un país como Bangladesh, que está haciendo avances hacia la prosperidad económica, puede permitirse que una generación se quede atrás. En cambio, al mismo tiempo que animamos a las naciones ricas a que compartan la responsabilidad de la crisis que ha golpeado a Bangladesh como consecuencia de la afluencia de personas refugiadas, el gobierno de este país debe aprovechar este momento para mejorar el acceso a la educación de todos los niños y niñas de Cox’s Bazar.
Canadá, por ejemplo, tiene un proyecto por valor de 16 millones de dólares dedicado a la salud y la educación en Cox's Bazar hasta julio de 2023 y otro proyecto por importe de 5 millones de dólares para reforzar la educación de calidad de los niños y niñas de Cox’s Bazar, que estará operativo hasta noviembre de 2021. Ambos proyectos cubren el acceso a la educación de niños y niñas tanto de la comunidad de acogida como de la población refugiada rohinyá. En septiembre de 2019, Estados Unidos anunció la asignación de más de 127 millones de dólares en asistencia humanitaria que incluye el acceso a la educación de las personas refugiadas rohinyás en Bangladesh y de miembros de la comunidad rohinyá y de otras comunidades afectadas en Myanmar.
Todo este apoyo es muy bienvenido, pero hace falta hacer más. Esto se refleja en el hecho de que el Plan de Respuesta Conjunta que gestiona la ONU tendrá un llamamiento tentativo de alrededor de 877 millones de dólares para 2020 destinados a gestionar las necesidades de las personas afectadas por la crisis de refugiados.
Una educación adecuada, acreditada y de calidad que proteja la diversidad de la identidad social, cultural y lingüística de la población rohinyá y de la comunidad de acogida exige un debate adicional sobre la logística y los recursos. Pero esto sólo podrá ocurrir cuando el pueblo y el gobierno de Bangladesh reconozcan su importancia en principio y muestren su respaldo. Una de las vías para hacerlo es firmando esta petición (https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/empower-rohingya-children-with-education/).
Saad Hammadi es responsable de campañas para Asia Meridional en Amnistía Internacional. En Twitter: @saadhammadi
