13/09/2019

El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas rechazó hoy la reforma de la ley de migración de Argentina, realizada en 2017, por considerar que "no cumple los fundamentos básicos de la Convención".

Reunido en Ginebra, el organismo de la ONU expresó su preocupación por varios puntos de la ley, como "la posibilidad de expulsión con una notificación sin la firma del afectado, la reducción a solo tres días de la petición de revisión del caso o la falta de un protocolo que garantice los derechos humanos del expulsado y su familia", informó la agencia EFE.

En el marco del comité, el gobierno argentino especificó que la ley, que fue declarada inconstitucional por el Poder Judicial en marzo de 2018, "aún está pendiente de la decisión definitiva de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema".

En marzo de 2018, la Justicia -a través de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal- declaró inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri en enero del 2017, que modificaba la ley de Migraciones y fijaba condiciones más estrictas para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

Otras agencias de la ONU, como el Comité de los Derechos del Niño o el Comité Contra la Tortura, también solicitaron la derogación de la reforma migratoria. Amnistía Internacional (AI) sumó sus cuestionamientos a la política migratoria del gobierno de Macri, al expresar su preocupación por las "medidas regresivas" adoptadas, en un informe presentado ante la ONU.

"La política migratoria en Argentina ha sido reconocida como un modelo por la comunidad internacional, pero, lamentablemente, en los últimos años el país dio un preocupante giro en su legislación plasmado en prácticas que marcan una enorme regresión. Estas regresiones violan los derechos de las personas migrantes y fomentan la discriminación y la xenofobia hacia esta población" señaló la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

Un informe reciente de la entidad manifestó que tras el DNU de Macri en 2017, el Gobierno "no respetó el debate legislativo el DNU y estableció, entre otros retrocesos, un procedimiento de expulsión que vulnera las garantías de debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho de defensa de las personas migrantes. Con la adopción del DNU se facilitó la separación de familias".

"Además, esa decisión está a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones y no es revisada por el Poder Judicial" agregó.

Esta nota fue publicada originalmente en BAE Negocios