28/09/2019

Cada año, el 28 de septiembre se celebra el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Se trata de una masiva jornada convocada por grupos de mujeres, activistas y organizaciones comprometidas con los derechos de las mujeres. Esta fecha también es antesala del Encuentro Nacional de Mujeres que este año será en La Plata.

Como establece el Código Penal, en Argentina el aborto es legal cuando hay peligro para la vida o salud de la mujer, o en casos de violación. A esta altura lo repetimos como un mantra, porque a pesar de que es legal desde 1921 y de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se haya expedido en el 2012 sobre la legalidad de esas causales, su implementación aún es errática. Las mujeres, adolescentes y niñas tienen mayor o menor posibilidad de acceder a su derecho dependiendo en qué provincia vivan. Tomemos dos ejemplos.

En primer lugar, una conquista positiva es la llevada a cabo por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que durante ocho años peleó para que se reconozcan los derechos establecidos en el Código Penal en la provincia de Córdoba.

En 2012 la organización Portal de Belén inició una acción para impedir que se aplique el protocolo de atención de aborto legal en esa provincia. El Tribunal Superior, que debe garantizar los derechos de sus ciudadanos, se tomó ocho años para determinar que Portal de Belén puede tener el esquema de preferencias y valores que quiera, pero no puede imponerlo a quienes no lo comparten; menos aun cuando la legislación vigente establece con claridad cuando un aborto es legal. Insistimos: demoró ocho años en dilucidar lo que ya estaba establecido en el marco jurídico.

Por otra parte, en 2012 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había dictado un protocolo de aborto legal (ley 4.318) respetuoso de los lineamientos emitidos por la CSJN. Sin embargo, fue vetado por el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Al mismo tiempo el Ministerio de Salud impulsó una resolución (1252/2012) que incorpora múltiples barreras para que las mujeres accedan a abortos legales. Organizaciones de derechos humanos y referentes del derecho cuestionaron esta decisión. La Justicia porteña está por superar la lentitud de Córdoba ya que en breve habrán pasado ocho años desde que se presentara la acción legal que cuestiona la resolución 1252/2012. Debe ser de los casos más fáciles para resolver en una Corte pues básicamente es hacer cumplir lo ya establecido tanto en el Código Penal como en los propios estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de ponderar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas de la Ciudad. ¿Cuál es el costo político del Superior Tribunal de hacer cumplir la norma? ¿Cómo es posible que la Ciudad, que tuvo la movilización más contundente de los últimos años, no asuma ninguna responsabilidad por violar los derechos de las mujeres?

Recientemente, Amnistía Internacional presentó en la Ciudad una acción judicial con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 1252/2012. Nos preguntamos si esta vez el Tribunal Superior de Justicia hará justicia y garantizará de una vez por todas los derechos de miles de mujeres, adolescentes y niñas de la Ciudad de Buenos Aires. De no ser así, será ante esas puertas donde deberemos marchar. Son esos jueces quienes tienen la llave para cambiar la realidad de las mujeres, niñas y adolescentes en nuestra Ciudad.

Mariela Belski es Directora ejecutiva Amnistía Internacional Argentina.

Esta nota fue publicada originalmente en Clarín