03/02/20

Argentina podría sumarse en 2020 a la lista de países donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal, un reclamo histórico del movimiento de mujeres que durante el último lustro se visibilizó con más fuerza en las calles de todo el país. Sin embargo, el sendero hasta la implementación puede estar lleno de obstáculos políticos y judiciales, en caso de que el Congreso de la Nación logre sancionar la ley.

El recientemente electo Presidente de la Nación, Alberto Fernández, manifestó su intención en reiteradas ocasiones: está dispuesto a enviar el proyecto al Poder Legislativo durante 2020. El propio ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que está trabajando su redacción. En un año que será duro en términos económicos para quienes viven en Argentina, el peronismo –la fuerza política oficialista- intentará una victoria en el terreno de los derechos humanos que le permitiría, además, cumplir una promesa de campaña.

Los números para aprobar la ley estarían garantizados en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara Alta de la Nación la ecuación es más complicada; el oficialismo necesita sumar voluntades si quiere conseguir la sanción de una ley histórica. El recambio, producto de las elecciones que tuvieron lugar a fines de 2019, volvió inciertos los números: algunos de los legisladores que debutarán en sus bancas no han manifestado en la arena pública su posición sobre el aborto.

La estructura federal de la Argentina le facilita al Poder Ejecutivo nacional algunas herramientas para negociar con las provincias y, a través de los gobernadores, con los senadores. Al mismo tiempo, estrategias ya utilizadas en el pasado pueden ser fundamentales: en ocasión de la sanción del matrimonio igualitario en 2010, dos senadoras oficialistas que estaban en contra debieron partir a una oportuna misión a China que le permitió al Ejecutivo asegurar el triunfo en una ajustada votación en la Cámara Alta.

Este poder que concentra el Ejecutivo Nacional puede facilitar el tratamiento de la ley en el Senado de la Nación. La negociación que diseñe el gobierno federal podría ordenar a los legisladores oficialistas díscolos; los más reticentes podrían ausentarse y los más laxos, votar a favor.

Tanto Alberto Fernández como la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, serán los personajes claves en la construcción de las mayorías. También el ex-Presidente y referente opositor, Mauricio Macri, que se declaró prescindente en el histórico debate de 2018, podría construir el voto negativo ahora que se identificó con el movimiento en contra de la legalización del aborto. La fuerza que lidera, el PRO, mantiene algunos aliados en las provincias, pero en su distrito más fuerte, la Ciudad de Buenos Aires, los dos votos de su partido político parecen ser 100% a favor del aborto.

Así las cosas, la definición de la votación en el Senado quizá dependa más de la voluntad política del Poder Ejecutivo que de las posturas personales de los legisladores. La pregunta clave es entonces ¿qué margen hay para conseguir los votos? La inclusión de políticas de Educación Sexual en la redacción de la ley podría ser clave a la hora no sólo de negociar, sino de desarticular el discurso antiderechos.

En medio de la disputa tanto la iglesia católica como la evangelista juegan sus cartas. En América Latina el discurso antiderechos de la Iglesia Católica es muy fuerte. La omnipresente figura del Papa Francisco sobrevuela todo el escenario político y lo expone tanto a él como a la institución que representa. Uno podría preguntarse porque el Papa Francisco tolera el aborto en Europa y no en América Latina. ¿Cómo justifica y sostiene este doble estándar?

Las mujeres y niñas que se ven obligadas a elegir entre la muerte o la cárcel necesitan que Argentina priorice la salud pública por sobre las creencias personales y el Poder Ejecutivo tiene herramientas para conseguirlo.

No podemos vernos obligadas a la clandestinidad si tomamos la decisión de interrumpir un embarazo. Para que Argentina ingrese al siglo XXI y sea parte de esos países en donde el aborto es una realidad, las mujeres y personas gestantes debemos tener la posibilidad de decidir en libertad sobre nuestros cuerpos. La voluntad política y su capacidad de negociación es clave si queremos conseguirlo.

*Mariela Belski - Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Esta nota fue publicada originalmente en Página/12