Al menos en 22 de los casos de muerte de menores, la víctima fue alcanzada por disparos de las fuerzas de seguridad iraníes, que usaron munición real ilegalmente contra manifestantes desarmados y transeúntes, según las conclusiones de la investigación.
Fueron víctimas de homicidio 22 niños, de entre 12 y 17 años, y una niña que tenía entre 8 y 12 años. Un nuevo documento de Amnistía Internacional, ‘They shot our children’ - Killings of minors in Iran’s November 2019 protests, contiene información pormenorizada sobre sus muertes.
“En los últimos meses ha empezado a vislumbrarse un cuadro cada vez más horrible sobre el alcance del uso ilegal de medios letales por las fuerzas de seguridad iraníes para aplastar las protestas que estallaron en todo el país en 2019. Sin embargo, es terrible ver que el número de niños y niñas que sufrieron las consecuencias de esta brutalidad es tan escandalosamente alto”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Deben llevarse a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre estas muertes, y las personas presuntamente responsables de ordenarlas y llevarlas a cabo deben ser procesadas en juicios con las debidas garantías.”
Amnistía Internacional ha reunido indicios a partir de vídeos y fotografías, certificados de defunción y enterramiento, relatos de testigos presenciales y de familiares, amistades y personas conocidas de las víctimas recabados sobre el terreno, e información facilitada por activistas de derechos humanos y periodistas.
En 10 casos, Amnistía tuvo conocimiento, por la descripción de las lesiones en los certificados de defunción o enterramiento que examinó, o por información recibida de fuentes creíbles, de que las muertes habían ocurrido como consecuencia de disparos en la cabeza o el torso, lo que indicaba que las fuerzas de seguridad disparaban a matar.
En dos de los casos, el certificado de enterramiento describía con detalle los terribles efectos en los cadáveres de los menores. Uno citaba lesiones que incluían hemorragia, aplastamiento cerebral y fractura de cráneo. El otro indicaba que la causa de la muerte había sido hemorragia interna generalizada y perforación de pulmón y corazón.
En uno de los casos había informes contradictorios sobre la causa de la muerte del menor; uno la atribuía a lesiones mortales en la cabeza causadas por golpes de las fuerzas de seguridad y el otro, al disparo de proyectiles de metal contra el rostro de la víctima desde corta distancia.
De las 23 muertes documentadas por Amnistía Internacional, 12 tuvieron lugar el 16 de noviembre; 8, el 17 de noviembre, y 3, el 18 de noviembre. Las protestas comenzaron el 15 de noviembre.
Según informes, los homicidios de los 23 menores han tenido lugar en 13 ciudades de 6 provincias distintas (Isfahán, Fars, Kermanshah, Juzestán, Kurdistán y Teherán), lo que refleja el carácter generalizado de la sangrienta represión.
“El hecho de que la inmensa mayoría de estos homicidios de niños y niñas se perpetrara en sólo dos días es una prueba más de que las fuerzas de seguridad se lanzaron a cometer un terrible baño de sangre para aplastar la disidencia a cualquier precio”, ha manifestado Philip Luther.
“Dado que las autoridades iraníes se han negado a abrir investigaciones independientes, efectivas e imparciales, es imperativo que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenen una investigación sobre los homicidios de manifestantes y transeúntes, incluidos estos niños y niñas, en las protestas de noviembre.”
El 25 de febrero, Amnistía Internacional escribió al ministro del Interior iraní, Abdolreza Rahmani Fazli, para pedirle que facilitara la lista de nombres de los 23 niños y niñas cuya muerte ha sido documentada, junto con sus edades y lugares de defunción, y para solicitar comentarios de las autoridades sobre las circunstancias de sus muertes. El 3 de marzo, la organización no había recibido respuesta.
Encubrimiento y acoso del Estado
Familiares de algunos de los menores contaron a Amnistía Internacional que estaban sufriendo acoso e intimidación, incluso en forma de vigilancia e interrogatorio por parte de agentes de inteligencia y seguridad. Al menos una familia recibió amenazas veladas de muerte contra sus hijos o hijas sobrevivientes, y fue advertida de que también le pasaría “algo horrible” si lo denunciaba.
Esto se enmarca en un patrón general según el cual las familias de personas muertas en manifestaciones son intimidadas por el Estado para que no hablen públicamente de esas muertes. En su mayoría, estas familias aseguran que tuvieron que comprometerse por escrito a no hablar con los medios de comunicación y a respetar las restricciones respecto a la forma de rendir homenaje a sus seres queridos para poder recuperar sus cadáveres. En muchos casos, agentes de inteligencia y seguridad han sometido a vigilancia a la familia y han asistido al entierro y funeral de la víctima para asegurarse de que se respetaban las restricciones.
Asimismo, familias de menores asesinados han informado de que fueron obligadas a enterrarlos rápidamente en presencia de agentes de inteligencia y seguridad, por lo que no pudieron encargar una autopsia independiente. Semejante conducta parece dirigida a eliminar pruebas incriminatorias.
En general, la investigación de Amnistía Internacional concluye que las familias de las personas muertas en las protestas son sistemáticamente excluidas de las autopsias realizadas por el instituto forense oficial y privadas de acceso a información sobre las circunstancias de sus muertes, incluida información pormenorizada del arma y la munición causantes del homicidio.
En algunos casos, funcionarios lavaron y prepararon el cadáver de la víctima para su inhumación sin notificarlo a la familia y lo entregaron envuelto en un sudario sólo minutos antes de la hora prevista del entierro. Amnistía Internacional tiene entendido que, en estos casos, los funcionarios de inteligencia y seguridad en general procuraron impedir que las familias retiraran el sudario para ver el cadáver de su ser querido. Por ese motivo, algunas familias afirman que no pudieron ver el alcance de las lesiones.
En otros casos, las autoridades se han negado también a entregar las pertenencias de las víctimas a sus familiares, incluidos sus teléfonos móviles, por lo que se sospecha que deben estar preocupadas por si contienen pruebas de acciones ilícitas por parte del Estado.
“Como si la pérdida de sus seres queridos no fuera ya una experiencia bastante cruel, las familias de los menores muertos durante las protestas se enfrentan una campaña de acoso e intimidación para que no hablen”, ha dicho Philip Luther.
“Además, las autoridades parecen desesperadas por impedir que las desconsoladas familias sepan toda la verdad sobre los homicidios y consigan pruebas que incriminen a los responsables. Esto tiene todas las características de un encubrimiento del Estado.”
Información complementaria
El 15 de noviembre de 2019 estallaron protestas en Irán cuando el gobierno anunció repentinamente la subida del precio de los combustibles. Según informes verosímiles recabados por Amnistía Internacional, las autoridades reprimieron las protestas usando medios letales y, como consecuencia, al menos 304 personas perdieron la vida y miles más resultaron heridas del 15 al 18 de noviembre. Durante las protestas y con posterioridad, las autoridades iraníes detuvieron arbitrariamente a miles de personas y sometieron a algunas a desaparición forzada y a tortura y otros malos tratos.
