Ante la noticia, hoy, de que 37 personas han sido condenadas a muerte por el Tribunal Penal de El Cairo tras ser declaradas culpables de cargos de terrorismo, Philip Luther, director de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, declaró:

“No hay duda de que las condenas a muerte de hoy se han impuesto por delitos muy graves, incluidos atentados mortales. Sin embargo, la pena de muerte nunca puede servir para hacer justicia, y menos cuando se impone tras un juicio en el que decenas de acusados dicen haber sufrido desaparición forzada y tortura.

Pedimos a las autoridades egipcias que vuelvan a enjuiciar a estas personas en procedimientos que se ajusten el derecho internacional de los derechos humanos y alas normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte.”
 

Información complementaria

Las 37 personas acusadas están entre las 208 que fueron declaradas culpables de llevar a cabo 54 ataques extremistas en 2013 y 2014, incluidos asesinatos de oficiales de alta graduación de la policía y un ataque con explosivos a una sede de la Dirección de Seguridad en la ciudad de Daqhaliya, así como un intento de magnicidio del ex ministro del Interior egipcio Mohamed Ibrahim en 2013.

Asimismo el tribunal condenó a cadena perpetua a 61 personas, y a 88 más a penas de entre 5 y 15 años de prisión. Las 22 restantes murieron a lo largo del juicio.

Amnistía Internacional tiene motivos de grave preocupación respecto a la imparcialidad del juicio. Según un informe del Frente Egipcio por los Derechos Humanos publicado en 2019, muchas de las personas acusadas que estaban bajo custodia dijeron que habían sufrido desaparición forzada y tortura: 70 dijeron a la fiscalía que habían sufrido desaparición forzada durante periodos de hasta cinco meses, de las cuales 62 contaron que en ese tiempo habían sido torturadas mediante palizas, descargas eléctricas en los genitales y permanecer suspendidas durante largos periodos estando esposadas y desnudas.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del delito de que se trate, las características del delincuente y el sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.