Dos años después del asesinato de la defensora de los derechos humanos y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco y de su conductor, Anderson Gomes, el 14 de marzo de 2018, el crimen sigue sin resolverse y se ha convertido en un ejemplo de la impunidad de la violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Brasil, manifestó hoy Amnistía Internacional.

“Dos años son demasiado tiempo de espera. La falta de resultados sólidos a la hora de determinar quién ordenó el asesinato o aclarar las circunstancias en que se cometió, que ha sido la tónica de la investigación durante el último año, demuestra que todavía se puede matar a defensores y defensoras de los derechos humanos en Brasil y que estos crímenes quedan impunes”, señaló Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

“Nuestra región es la más peligrosa para quienes defienden los derechos humanos. Brasil aún tiene la oportunidad de intentar cambiar esto y llevar el mensaje a la comunidad internacional de que no tolerará la impunidad. Desde las familias de las víctimas hasta la sociedad local e internacional tienen derecho a saber qué avances hubo en la investigación”, agregó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El estado actual de la investigación
La detención preventiva, el 12 de marzo de 2019, de dos hombres acusados de matar a Marielle y a Anderson ha sido un importante avance en la investigación, pero no parece que desde entonces se haya progresado mucho a la hora de aclarar las circunstancias de los homicidios, quién los ordenó y por qué.

El 13 de marzo de 2019, Amnistía Internacional y la familia de Marielle Franco se reunieron con el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, y con el fiscal general del estado, Eduardo Gussem, quienes prometieron avanzar en la investigación de los homicidios hasta resolverlos, así como garantizar que se hace con rapidez, independencia y transparencia. Sin embargo, no está ocurriendo así, pues el último año se ha caracterizado por una falta de información sobre el caso que hace pensar que las autoridades están atrapadas en un laberinto.

“No podemos dejar de rogar, luchar y pedir justicia para Marielle, quien se esforzaba por mejorar la vida de la gente. Ni podemos tampoco quedarnos de brazos cruzados, sin acudir a las autoridades pertinentes ni ir a ningún sitio a pedir justicia e intentar descubrir quién ordenó el homicidio de Marielle Franco y por qué. Vamos a seguir adelante con todo el apoyo que venimos recibiendo del mundo entero, porque Marielle es ya un símbolo de resistencia para todas las personas, en especial para las mujeres”, afirmó Marinete da Silva, madre de Marielle Franco.

Monica Benicio, la viuda de la concejala asesinada, acumula ya “dos años de gran dolor y lucha”. Convertir la aflicción en lucha no ha sido sólo una forma de seguir viviendo sin su pareja, sino también un modo de entender que combatir para que se haga justicia por su asesinato equivale a honrar la lucha de Marielle como defensora de los derechos humanos para garantizar que nunca más vuelve a producirse la brutal violencia que se cometió contra ella. “El mensaje que el Estado brasileño está transmitiendo al mundo es que unas vidas valen más que otras y que lo ocurrido puede volver a producirse, porque hay impunidad para quienes matan a una mujer negra y LGBTI de origen humilde. ¿Cuántas más Marielle deben morir en Brasil?”, dijo Benicio.

Amnistía Internacional pidió reunirse de nuevo con el gobernador de Río de Janeiro y el fiscal general del estado con la esperanza de que expliquen qué se hizo durante el último año para avanzar en la investigación y de que se renueve la presión mundial sobre ellos para que proporcionen respuestas. Las reuniones estaban programadas para el viernes 13 de marzo. Desde el primer día de este caso, 983.000 personas de todo el mundo, incluida la Argentina, han participado en la campaña de Amnistía Internacional por la verdad y la justicia.

En su informe anual de 2019 sobre la situación de los derechos humanos en las Américas, publicado el 27 de febrero, Amnistía Internacional señala que América Latina es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos. En el último año, las autoridades públicas brasileñas han puesto en práctica la retórica contra los derechos humanos por medio de medidas administrativas y legislativas que han tenido efectos tangibles en los derechos de la gente, restringiéndolos y violándolos.
 
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