El documento, que expone cuatro actuaciones que deberían emprender los gobiernos y cuatro de las que deberían abstenerse, afirma que los Estados no deben discriminar, dejar atrás a los grupos de alto riesgo, usar la represión o la fuerza excesiva para hacer cumplir las medidas de salud pública ni censurar o limitar el acceso a información basada en evidencias y en la prevención. Además, los Estados deben garantizar los derechos laborales y la seguridad social; el acceso a agua limpia y suficiente, saneamiento y atención de salud para toda la población; una respuesta a la pandemia que tenga en cuenta el género; Y proteger el derecho de las personas a la privacidad.
“La propagación de la COVID-19 en las Américas representa un desafío grave e inédito para una región ya devastada por la violencia, la corrupción, la destrucción medioambiental y la desigualdad económica generalizadas; una región en la que millones de personas siguen huyendo de sus hogares en busca de seguridad. Los gobiernos serán recordados siempre por la forma en que respondan a esta situación. La historia no juzgará con benevolencia a quienes utilicen la pandemia como pretexto para la discriminación, la represión o la censura”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Mientras el presidente Trump lo califica de ‘virus chino’ y algunos representantes políticos de Brasil culpan asimismo a China del brote, hemos visto a dirigentes de las Américas fomentando peligrosamente el racismo y la discriminación a través de sus respuestas públicas. En lugar de exacerbar esta crisis, los gobiernos de las Américas deben poner los derechos humanos en la primera línea de todas las medidas que adopten, garantizar que no se deja atrás a nadie y ser cuidadosos para proteger a los grupos que más riesgo corren, como las personas refugiadas, las desplazadas, las que viven en campamentos y las que viven en la pobreza; las mujeres, las personas que trabajan en el sector informal con protecciones limitadas, las que están privadas de libertad y todas las que corren el riesgo de sufrir complicaciones graves debido a la exposición al virus”.
En esta primera fase de la pandemia en las Américas, Amnistía Internacional ya observó que, en su respuesta a la COVID-19, hay gobiernos que dejan a un lado los derechos humanos.
Además de usar un lenguaje discriminatorio, la administración Trump cerró en gran medida las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá, indicando su intención de volver la espalda a las personas refugiadas y solicitantes de asilo que necesitan protección internacional. Del mismo modo, el gobierno de Justin Trudeau dio la espalda a las personas solicitantes de asilo que intentan entrar en Canadá por la frontera con Estados Unidos.
En Venezuela, las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro detuvieron arbitrariamente al menos a dos trabajadores de salud pública por denunciar la falta de recursos para gestionar los efectos de la pandemia.
Mientras tanto, en Honduras, la administración de Juan Orlando Hernández revocaron toda una serie de derechos constitucionales, incluidos los relativos a la libertad de expresión y al debido proceso, en aplicación del estado de excepción declarado el 16 de marzo.
