“Resulta sumamente alarmante que el presidente Duterte haya ampliado la política de disparar a matar —una devastadora característica de su presidencia— a los órganos encargados de hacer cumplir la ley durante la cuarentena comunitaria. Nunca debe utilizarse fuerza letal sin control como método para responder a una emergencia como la pandemia de COVID-19.”
“Los métodos abusivos utilizados para castigar a las personas acusadas de incumplir la cuarentena, y el enorme número de detenciones que se han llevado a cabo hasta la fecha, principalmente contra personas sin recursos económicos, son ejemplos adicionales del enfoque opresivo que el gobierno está adoptando contra muchas personas que luchan para satisfacer sus necesidades básicas.”
“Esto incluye la violenta dispersión policial de residentes de San Roque, en Ciudad Quezón, que protestaban por la falta de ayuda humanitaria por parte del gobierno local. Responder con violencia policial a las peticiones de ayuda es despiadado e injustificable, especialmente teniendo en cuenta una situación que impidio o ganarse la vida a millones de personas en Filipinas.”
“Pedimos al presidente que cese de inmediato esta peligrosa incitación a la violencia contra las personas que puedan mostrarse críticas con el gobierno durante la pandemia de COVID-19. El gobierno local debe iniciar un diálogo con los residentes y hacer llegar la tan necesaria ayuda humanitaria, especialmente a las comunidades más pobres. También instamos a los órganos implicados a que investiguen a los agentes de policía que hayan recurrido a violencia desproporcionada, pongan en libertad a los residentes de San Roque detenidos y lleven a cabo una indagación más profunda sobre el incidente en general. En el esfuerzo por minimizar la amenaza del virus, las vidas de quienes más riesgo corren deben ser consideradas una prioridad.”
Información complementaria
El 1 de abril de 2020, en un discurso televisado, el presidente Duterte recriminó a quienes puedan causar “alboroto” durante la imposición de la cuarentena comunitaria a causa de la pandemia de COVID 19. En referencia a la izquierda política, pero también aparentemente a otras personas que pueden protestar por las medidas del gobierno o cuestionarlas, el presidente dio abiertamente órdenes a la policía, el ejército y las autoridades locales de que les dispararan a matar. Dijo: “No dudaré. He dado órdenes a la policía y al ejército, y también a los barangay, para que si se producen alborotos o surgen situaciones en las que la estallen peleas y las vidas de los agentes corran peligro, disparen a matar. ¿Comprendido? A matar. En lugar de que provoquéis alboroto, os enviaré a la tumba”.
Según la información más reciente facilitada por la Policía Nacional de Filipinas, más de 17.000 personas fueron ya detenidas por incumplir las órdenes de cuarentena y toque de queda declaradas en diversas regiones del país, incluida la Gran Manila, en respuesta a la pandemia. Dado el elevado riesgo de transmisión de COVID-19 en los centros de detención, utilizar penas de prisión para hacer cumplir las restricciones de cuarentena en nombre de la protección de la salud pública es contraproducente y, por eso mismo, desproporcionado. También se han recibido informes sobre castigos inhumanos impuestos a quienes cumplieron la cuarentena, como permanecer sentados durante horas a pleno sol o ser encerrados en jaulas para perros.
El 1 de abril de 2020, los residentes de la zona de San Roque, en Ciudad Quezón, se congregaron en una parte de la EDSA —una gran autopista en la Gran Manila— al recibir noticias de que allí se iban a distribuir artículos de ayuda humanitaria. Según el grupo Alianza Salvar San Roque, al ver que dicha distribución no se producía, los residentes decidieron quedarse en la zona y organizar una protesta para exigir ayuda humanitaria al gobierno de Ciudad Quezón. Supuestamente, los agentes de policía pidieron a los residentes que abandonaran la zona, según los informes, y los detuvieron cuando se negaron a hacerlo.
La alianza de residentes, sin embargo, dijo a Amnistía Internacional que la policía procedió a dispersar violentamente a los manifestantes y los golpeó con palos de madera. Según un miembro del grupo con el que Amnistía Internacional habló, entre las víctimas estaban un hombre y su bebé que se encontraban en la zona para recoger ayuda económica de su empresa, cuyas oficinas están también junto a la EDSA. También al bebé lo golpearon en la violencia que siguió, según este miembro del grupo.
Un total de 21 manifestantes fueron conducidos a la jefatura de policía de Ciudad Quezón y recluidos allí. A los simpatizantes y familiares les impidieron hablar con ellos o llevarles comida tras varias horas de detención, declaró el miembro del grupo.
