“La condición migratoria es irrelevante para la dignidad y el derecho a vivir de todos los seres humanos. En lugar de incrementar los riesgos para la salud de la población, los gobiernos deberían hacer todo lo que puedan para protegerla”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Para combatir con eficacia el COVID-19 en las Américas e impedir miles de muertes evitables, los Estados deben liberar rápidamente a las personas en detención migratoria, únicamente detener a las personas migrantes en circunstancias extraordinarias y garantizar que tengan acceso, sin discriminación, a atención médica para salvar sus vidas.”
CANADÁ
El 24 de marzo, Amnistía Internacional escribió al gobierno canadiense para expresar su preocupación por los esfuerzos insuficientes de las autoridades para evitar que el COVID-19 se propague entre las personas inmigrantes detenidas y recomendó reducir rápidamente al mínimo el número de personas en centros de detención migratoria.
Aunque la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) solo tiene en sus centros de detención migratoria a algunos cientos de personas a la vez, la tasa de mortalidad per cápita entre quienes están en centros de detención migratoria canadienses es varias veces mayor que la correspondiente a las personas en centros de detención migratoria en los Estados Unidos.
La CBSA únicamente debe tener personas detenidas en las circunstancias más excepcionales y debería en general poner fin a las detenciones migratorias. Más allá de los riesgos reales para la salud física de las personas detenidas durante la pandemia del COVID-19, esas personas y sus familias afrontan un estrés psicológico sustancial. Las personas que están en detención migratoria en el Centro de Detención Migratoria (IHS, por sus siglas en inglés) de Laval, Quebec, han estado sometidas a tanta angustia por el riesgo de contraer el COVID-19 mientras están detenidas que han iniciado una huelga de hambre para pedir ser liberadas. El impacto psicológico debe tenerse seriamente en cuenta al decidir si es necesario detener o mantener detenida a una persona.
CURAZAO
A partir del 30 de marzo, Curazao restringió hasta el 12 de abril la entrada a su territorio a todas las personas que quisieran entrar en él, incluidas las que residen legalmente allí.
Las autoridades de Curazao también detienen con frecuencia a migrantes y solicitantes de asilo procedentes de Venezuela, negándoles el acceso a la protección internacional. Una visita al país de la organización Refugees International en abril de 2019 llegó a la siguiente conclusión: “El gobierno de Curazao no implementó un plan de protección para esta población y además ha aplicado una 'estrategia de remoción activa' al arrestar, detener y deportar a las personas venezolanas en situación irregular”.
En marzo de 2020, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial estimó que había 16.500 personas venezolanas en la isla, pero se desconocía cuántas de ellas estaban en detención migratoria. Durante las visitas de Amnistía Internacional en 2018 y 2019, la organización observó pésimas condiciones, que incluían hacinamiento, falta de higiene y camas inadecuadas en las zonas en las que estaban detenidas personas en situación migratoria irregular.
En mayo de 2018, se reportaron a Amnistía Internacional varios casos de malos tratos en el momento del arresto o durante la detención, que incluyeron acusaciones de abusos sexuales a mujeres detenidas por parte de personal de vigilancia de esos centros que exigía actos sexuales a cambio de jabón y toallas femeninas. En enero de 2020, especialistas en derecho de asilo en la isla dijeron a Amnistía Internacional que varias personas venezolanas que en ese momento ya llevaban más de ocho meses detenidas habían iniciado una huelga de hambre para protestar por las condiciones de su detención.
Curazao debe liberar a todas las personas migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran detenidas por su condición migratoria y otorgarles acceso a la atención de salud que requieran y a otros servicios esenciales.
MÉXICO
Tras el cierre de la frontera de México con Guatemala, y las restricciones impuestas por otros gobiernos centroamericanos, las autoridades han fallado en no considerar alternativas a la detención para las personas migrantes que están actualmente detenidas, dada la imposibilidad de ser liberadas vía la deportación en autobús a Centroamérica. Aunque el gobierno anunció que los centros de detención están al 45% de su capacidad y siguen todas las recomendaciones sanitarias para prevenir la propagación del COVID-19, se ha reportado de que algunos centros de detención migratoria están superpoblados e incluso mezclan a niños y adolescentes con poblaciones adultas debido a la falta de espacio, como el centro de detención de Tenosique en el estado de Tabasco.
El 31 de marzo, un solicitante de asilo guatemalteco murió después de que una protesta de migrantes que exigían su liberación provocara un incendio en el centro de detención de Tenosique. Amnistía Internacional ha recibido información que podría indicar que las autoridades policiales presentes se negaron inicialmente a abrir las puertas a pesar del incendio en el local. Hasta la fecha, las autoridades mexicanas no han hecho pública ninguna información sobre esta muerte en detención migratoria, ni sobre las más de diez personas migrantes y solicitantes de asilo que, según la información, sufrieron heridas en los hechos. Esta no ha sido la única protesta de los últimos días.
El 24 de marzo, cientos de migrantes y solicitantes de asilo protestaron en el mayor centro de detención migratoria de México, el complejo Siglo XXI en Tapachula, en el estado de Chiapas, mientras también se han reportado protestas en otros centros de detención.
Las personas detenidas aún corren un grave riesgo ante cualquier brote del virus, y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Además, dado que se desconoce durante cuánto tiempo van a permanecer detenidas esas personas migrantes y solicitantes de asilo, las autoridades mexicanas podrían no respetar su propia legislación migratoria al permitir un régimen de detención indefinida, lo cual incumpliría los estándares internacionales de derechos humanos.
Las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de trabajar para encontrar alternativas viables y apropiadas a la detención migratoria, especialmente para los grupos en situación vulnerable. El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó el 17 de marzo que permanecían detenidas 3.059 personas migrantes en situación irregular.
México debe poner rápidamente en libertad a todas las personas migrantes y solicitantes de asilo que pueda de las que actualmente se encuentran en centros de detención migratoria; la salud mental y física de esas personas no se puede preservar en esos centros.
Dada la compleja situación de seguridad de migrantes y solicitantes de asilo en México, donde esas personas son candidatas a sufrir violencia y explotación, las autoridades mexicanas no solo deben liberarlas, sino también brindarles protección humanitaria de emergencia para garantizar que todas ellas tengan acceso sin discriminación a servicios esenciales, cuidados y seguridad, incluidas una alimentación y una atención de salud adecuadas.
TRINIDAD Y TOBAGO
El 18 de marzo, Trinidad y Tobago implementó, en respuesta a la COVID-19, una prohibición de entrada para todas las personas no ciudadanas de ese país que debía aplicarse durante 14 días. Cuatro días más tarde, cerró sus fronteras internacionales también para sus propios ciudadanos y ciudadanas.
Trinidad y Tobago no cuenta con una legislación nacional sobre personas refugiadas. La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial estima que 24.000 personas venezolanas residían en ese país en marzo de 2020. En enero de 2020, 17.391 habían solicitado asilo a ACNUR, la agencia de la ONU para las personas refugiadas encargada de procesar esas solicitudes. A aproximadamente 16.500 de esas personas se les habían otorgado visados y permisos de trabajo temporales en 2019, después de que el gobierno las inscribiera formalmente durante un período de dos semanas.
Sin embargo, el país sigue criminalizando y deteniendo a personas migrantes y refugiadas (especialmente aquellas que huyen de la crisis en Venezuela) que ingresan en su territorio de manera irregular. Eso es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos. La Policía dijo que detuvo a 33 personas venezolanas el 17 de marzo. Al 23 de marzo, 60 hombres y mujeres de nacionalidad venezolana estaban detenidos en la comisaría de Cedros por ingresar en el país de manera irregular, según información de los medios de comunicación.
Pese a las reiteradas solicitudes formales enviadas al ministro de seguridad nacional, Amnistía Internacional no ha podido visitar el Centro de Detención Migratoria (IDC, por sus siglas en inglés) de Trinidad, donde en los últimos años se ha retenido a cientos de migrantes y solicitantes de asilo (en su mayoría de origen venezolano, pero también de otras nacionalidades). Tampoco se les otorga acceso a otras organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos. Se desconoce la cifra exacta de personas actualmente detenidas en el IDC, pero se estima que el centro tiene capacidad para albergar a 150.
Una de las pocas instituciones a las que se ha permitido visitar esas instalaciones (la Comisión Conjunta de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad de Trinidad y Tobago) observó en junio de 2018 diversos motivos de preocupación de índole sanitaria y de saneamiento en ese lugar de detención, lo cual podría suponer un mayor riesgo para las personas detenidas de sufrir daños que supondría cualquier brote del COVID-19. La Comisión observó específicamente “la falta de recursos financieros para la construcción de un área definida para las personas detenidas que deben ser puestas en cuarentena por enfermedad o por otras razones”.
El gobierno de Trinidad y Tobago debe liberar a todas las personas migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran en detención migratoria simplemente por ingresar al país de manera irregular o que esperan que se resuelvan sus solicitudes de asilo y darles acceso a la atención de salud que requieran y a otros servicios esenciales, sin discriminación.
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos cuenta con el sistema de detención migratoria más grande del mundo, con una población diaria promedio de casi 40.000 migrantes y solicitantes de asilo en más de 200 centros.
El 24 de marzo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el primer caso confirmado de COVID-19 en instalaciones de detención migratoria del país. Desde entonces, el ICE ha revelado que 33 miembros de su personal han contraído el virus, y se ha puesto en cuarentena a decenas de personas detenidas por la posibilidad de que estén en peligro.
Amnistía Internacional ha recibido testimonios perturbadores de personas detenidas sobre condiciones peligrosas en centros de detención migratoria del ICE, que ponen a quienes tienen problemas médicos preexistentes en mayor peligro de contraer el COVID-19 y de morir como consecuencia del virus.
La semana próxima, Amnistía Internacional emitirá un informe documentando como oficiales del DHS y los centros del ICE no han adoptado medidas adecuadas para garantizar la salud pública (por ejemplo, dando jabón y gel desinfectante a las personas detenidas, facilitando el distanciamiento social según estándares internacionales y brindando servicios de salud adecuados y receptivos a quienes presenten síntomas de COVID-19).
Para más información o para concertar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker llamando al número +52 55 4848 8266 o mandando un mensaje a duncan.tucker@amnesty.org.
Más información:
Américas: Derechos humanos: lo que las autoridades deben y no deben hacer al implementar medidas de salud pública (Investigación, 24 de marzo de 2020)
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2020/03/americas-at-a-crossroads-in-response-to-covid19/
Américas: Los Estados restringieron el asilo y el derecho de manifestación en 2019 (Noticias, 27 de febrero de 2020) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/02/americas-states-cracked-down-on-asylum-and-the-right-to-protest-in-2019/
Derechos humanos en las Américas. Informe anual 2019 (Investigación, 27 de febrero de 2020) https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/1353/2020/es/
