Amnistía Internacional manifiesta su preocupación ante la difusión de imágenes y videos que involucran a agentes de distintas fuerzas de seguridad cometiendo excesos en el desempeño de las tareas de control durante el aislamiento social obligatorio a causa del coronavirus. 

En los últimos días se difundieron públicamente imágenes, videos y testimonios de personas que habrían sido víctimas de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de fuerzas de seguridad. Se observan situaciones en las que se habría sometido a personas a realizar acciones degradantes (como ejercicios físicos o bailes en Isidro Casanova y Villa 1-11-14) por no cumplir el aislamiento; casos de amedrentamiento con armas de fuego para obligar a personas a acatar la cuarentena (Rosario y Tucumán); e incluso se han hecho públicos casos de personas que sufrieron lesiones por disparos de balas de goma, tal como ocurrió en La Plata y en General Pico (La Pampa).

El 20 de marzo, a través del Decreto 297/2020, se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país como medida para contrarrestar la propagación del Covid-19. Los agentes designados para hacer efectivo su cumplimiento son las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación (Gendarmería, Policía Federal y demás fuerzas federales) y de las diferentes jurisdicciones provinciales del país.

Ante los hechos mencionados, Amnistía Internacional envío una carta al Ministerio de Seguridad de la Nación como cabeza de seguridad nacional pero también en su rol de Coordinación del Consejo de Seguridad del Interior -que reúne a todos los Ministerios de Seguridad del país. En el texto enviado, la organización destacó la necesaria articulación a nivel nacional y provincial para reforzar la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos a los que debe ajustarse el ejercicio de las competencias de las fuerzas de seguridad en todo el país.

“Independientemente de la excepcionalidad del actual contexto de emergencia sanitaria, el ejercicio de las atribuciones otorgadas a las fuerzas de seguridad debe ser siempre en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos de todas las personas y dicho ejercicio debe estar acompañado de una debida rendición de cuentas de sus acciones”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La carta estuvo acompañada de un pedido de acceso a la información pública para conocer las medidas adoptadas por las autoridades frente a la denuncia o divulgación de hechos que reflejan un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes presuntamente involucrados y las personas cuyos derechos fueron vulnerados.

En respuesta a este contexto, el Ministerio de Seguridad de la Nación habilitó la línea telefónica 134 para denunciar de cualquier hecho de violencia institucional. Amnistía Internacional preguntó sobre la cantidad de denuncias recibidas desde entonces y las medidas adoptadas. La organización también consultó sobre las acciones de investigación aún en situaciones en las que no exista una denuncia expresa.

Finalmente, Amnistía Internacional solicitó información sobre la existencia de un registro nacional de denuncias contra miembros de las fuerzas de seguridad por hechos vinculados con las medidas de control de aislamiento social.

“Preocupan especialmente ciertas imágenes que harían suponer un especial ensañamiento o disciplinamiento contra ciertos grupos o personas de acuerdo a su situación social o lugar de residencia. El mantenimiento del orden y la seguridad no debe contraponerse con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección son pilares fundamentales de un estado de derecho”, concluyó^”,  Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.