Las autoridades iraníes han ejecutado esta mañana a Shayan Saeedpour, de 21 años en la prisión central de Saqez, provincia de Kurdistán. Un tribunal penal de Kurdistán lo había condenado a muerte en octubre de 2018 tras declararlo culpable de asesinato. La sentencia estaba relacionada con el apuñalamiento mortal de un hombre durante una pelea en agosto de 2015. Shayan Saeedpour tenía 17 años en ese momento.
“La ejecución de Shayan Saeedpour ha sido vengativa y cruel”, ha afirmado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“La imposición de la pena de muerte a Shayan, niño con un largo historial de enfermedad mental, estaba terminantemente prohibida. Al llevar a cabo su ejecución a pesar de la oposición internacional, las autoridades iraníes se han mofado una vez más de la justicia de menores.
“La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante, y su imposición a personas menores de 18 años en el momento del delito está prohibida por el derecho internacional. Nuestro informe anual sobre la pena de muerte muestra que Irán forma parte de una pequeña minoría de países que siguen haciendo uso de ella contra personas de esa condición. Es algo atroz y se le debe de poner fin.”
Amnistía ha publicado hoy su informe anual sobre la pena de muerte, en el que pone de relieve que, aunque el número total de ejecuciones llevadas a cabo en el mundo ha disminuido, Irán sigue siendo el segundo país, después de China, donde más ejecuciones tienen lugar.
Fuga de la prisión y ejecución como represalia
Shayan Saeedpour formaba parte de un grupo de 12 presos que se fugaron de la prisión central de Saqez en el pasado mes de marzo, en el contexto de una serie de protestas y disturbios provocados por la falta de medidas de las autoridades para abordar debidamente el temor de propagación de coronavirus en las prisiones iraníes. Fue detenido de nuevo en torno al 3 de abril. Amnistía Internacional cree que su ejecución podría haber sido una medida de represalia, tomada por la fiscalía local para intentar disuadir a otros presos de preparar planes similares de fuga.
Según la información recopilada por Amnistía Internacional, en los días previos a la ejecución, el fiscal general de Saqez estuvo presionando reiteradamente para que se llevara a cabo, e incluso instó a la familia del hombre asesinado a no conceder a Shayan Saeedpour el indulto. Según la legislación iraní, la familia de una víctima de un asesinato tiene derecho a conceder el indulto a la persona condenada a muerte por ello a cambio de una indemnización o “dinero de sangre”. La ejecución de las condenas es competencia de la fiscalía.
Información complementaria
Shayan Saeedpour tenía un historial de enfermedad mental y se le había diagnosticado un trastorno del control de impulsos. Amnistía Internacional tiene entendido que, a pesar de su juventud, la Organización de Medicina Legal había manifestado en un informe presentado en el juicio que Shayan Saeedpour había alcanzado la “madurez mental” en el momento del delito y “podía distinguir entre el bien y el mal”.
La familia y el abogado del muchacho cuestionaron esta evaluación, afirmando que no estaba maduro intelectualmente en el momento del delito. El abogado de Shayan Saeedpour había expresado también preocupación por el hecho de que el tribunal sentenciador no hubiera tenido en cuenta el diagnóstico de trastorno del control de los impulsos.
Personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad
Irán es uno de los últimos países del mundo que continúan imponiendo la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito. En 2019, Amnistía Internacional constató al menos cuatro ejecuciones de personas de esta condición en Irán. Las personas ejecutadas fueron: Amin Sedaghat, Mehdi Sohrabifar, Amir Ali Shadabi y Touraj Aziz (Azizdeh) Ghassemi.
La organización teme que haya al menos 90 personas condenadas a muerte en Irán por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, porque constituye una violación del derecho a la vida, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
