Después de que cientos de manifestantes salieran a la calle en Sierra Leona para pedir justicia para una niña de cinco años que fue violada y asesinada, Marta Colomer, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, ha declarado:

“El estallido de rabia provocado por este horrendo crimen muestra que la población de Sierra Leona está harta de la impunidad de quienes perpetran abusos sexuales contra niños y niñas, y violencia de género. Con demasiada frecuencia, las personas supervivientes de violencia sexual tienen dificultades para acceder a la justicia, la atención médica, asistencia letrada gratuita y asesoramiento psicológico.

“Las autoridades de Sierra Leona deben llevar a los responsables de la violación y asesinato de esta niña a la justicia y someterlos a juicios justos, y transmitir el mensaje claro de que no se va a tolerar la violencia de género.

“El gobierno debe comprometerse también con la reforma a más largo plazo del sistema de justicia, así como con la financiación sostenible de las organizaciones de derechos de las mujeres y de los niños y niñas, con vistas a erradicar la violencia y los abusos, y abordar los estereotipos de género nocivos y los mitos que rodean la violencia sexual”.

 
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Durante el fin de semana, tras conocerse la muerte de una niña de cinco años llamada Kadija, un estallido de rabia y consternación recorrió las redes sociales y las calles de Sierra Leona. Según una autopsia, Kadija murió por complicaciones de las heridas sufridas al ser violada.

Su familia reveló su nombre y facilitó fotos, y confirmó que había muerto el 17 de junio. El Departamento de Investigación Criminal de la policía declaró el domingo que había dos personas detenidas.

La violencia sexual contra las mujeres y niñas es generalizada en Sierra Leona. Según Rainbow Initiative, hubo 3.137 y 3.695 casos de violencia sexual en 2018 y 2019, respectivamente. El 19 de febrero de 2019, el presidente Bio declaró “un estado de emergencia pública en relación con las violaciones y la violencia sexual”. El anuncio se produjo en medio de una indignación creciente tras una serie de casos que afectaban a menores. El 19 de junio de 2019, el Parlamento revocó la medida.

El 19 de septiembre, el Parlamento aprobó por fin la Ley de Reforma sobre Delitos Sexuales. Esta nueva ley dispone que todos los juicios por delitos sexuales sean tramitados por el Tribunal Superior sin tener que pasar por un Juzgado de Instrucción para determinar si hay pruebas suficientes. La ley también prescribe la cadena perpetua como pena máxima para los perpetradores de la violación de una persona menor de edad.