El 30 de junio, el máximo órgano legislativo de China aprobó por unanimidad una nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong que entró en vigor en el territorio ese mismo día, justo antes de la medianoche. La ley es peligrosamente imprecisa y general: en aplicación de sus disposiciones, prácticamente cualquier cosa podría considerarse una amenaza para la “seguridad nacional” y, además, puede aplicarse a cualquier persona en el mundo.

Las autoridades chinas impusieron la aprobación de la ley sin ninguna rendición de cuentas ni transparencia: se aprobó pocas semanas después de que fuera anunciada eludiendo al órgano legislativo local de Hong Kong, el texto se mantuvo en secreto ante la opinión pública y, supuestamente, incluso ante el gobierno de Hong Kong hasta después de ser promulgado.

A continuación, 10 razones por las que a todas las personas nos debería preocupar esta nueva ley:

 

1.“Poner en peligro la seguridad nacional” puede significar prácticamente cualquier cosa

Según esta nueva ley, los delitos de “secesión”, “subversión”, “terrorismo” y “connivencia con fuerzas extranjeras” están castigados con penas máximas de cadena perpetua. Pero la definición de estos delitos es tan imprecisa que pueden convertirse con facilidad en delitos de carácter muy general utilizados en enjuiciamientos de motivación política con penas potencialmente muy duras.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y varios órganos expertos de la ONU expresaron ya en varias ocasiones su preocupación por la ley de seguridad nacional, manifestando que esta ley, redactada de forma muy general, puede llevar a “una interpretación discriminatoria o arbitraria que podría menoscabar la protección de los derechos humanos”.

Los gobiernos central y de Hong Kong llevan tiempo acusando a personas y a organizaciones de la sociedad civil de estar dirigidas por “fuerzas extranjeras” en sus actividades, como la organización y asistencia a protestas pacíficas, la recepción de donativos y las críticas al gobierno. Cualquier persona que participe en estas actividades corre ahora el riesgo de ser acusada de “connivencia con fuerzas extranjeras” y de otros “delitos” nuevos.

En el continente, Amnistía Internacional documentó el uso habitual por el gobierno chino de cargos de “subversión” para encarcelar a periodistas, profesionales del derecho, intelectuales y activistas. En 2017, un tribunal de China condenó al disidente Wu Gan a ocho años de prisión, citando sus críticas al gobierno en Internet como prueba de “subversión” del poder del Estado.

 

2. Se abusó de la ley desde el primer día

Inmediatamente después de la aprobación de la ley, las autoridades empezaron a utilizarla para reprimir la expresión legítima y pacífica.

Se detuvo a personas por estar en posesión de banderas, adhesivos y carteles con consignas políticas. La policía y las autoridades afirmaron también que consignas, camisetas, canciones y papel de color blanco podrían poner en peligro la seguridad nacional y desembocar en un enjuiciamiento penal.

Dos días después de la promulgación de la ley, el gobierno de Hong Kong declaró que “Liberen Hong Kong, la revolución de nuestra época”, una consigna política habitual en las protestas de los últimos años, “tiene la connotación de ‘independencia de Hong Kong’” o separar Hong Kong de China, y prohibió efectivamente su uso.

Estos ejemplos muestran cómo la ley y su uso conculcan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, que disponen que expresar pacíficamente opiniones personales sobre la independencia no constituye una amenaza para la seguridad nacional.

 

3. La ley endurece los controles sobre educación, periodistas y redes sociales

En nombre de la seguridad nacional, la ley otorga a los gobiernos central chino y de Hong Kong nuevas y amplias facultades para supervisar y gestionar centros escolares, organizaciones sociales, medios de comunicación e Internet en Hong Kong.

El sector de los medios de comunicación expresó preocupación por el posible impacto de la ley en la libertad de prensa en Hong Kong. El New York Times, por ejemplo, ya decidió trasladar a parte de su plantilla de Hong Kong a Corea del Sur.

A mucha gente le preocupa que se apliquen medidas similares a las que se implementan en China continental para controlar a los profesionales de la prensa de otros países. En la actualidad, los y las periodistas deben obtener una acreditación del gobierno chino para poder trabajar legalmente en China continental.

El gobierno de Hong Kong intentó también restringir excesivamente el derecho estudiantil a la libertad de expresión en los campus. La Secretaría de Educación local dijo que el alumnado no debía cantar canciones, corear consignas ni realizar actividades que contengan mensajes políticos. Incluso hablar de cuestiones políticas en las aulas podría ser ahora peligroso.

La ley también confiere a los organismos encargados de hacer cumplir las leyes la facultad de eliminar contenidos en Internet o de obtener datos de usuarios y usuarias sin orden judicial. Ante estas facultades ejecutivas nuevas y sin trabas, importantes plataformas online como WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Facebook y Google suspendieron la tramitación de solicitudes del gobierno de Hong Kong de datos de usuarios y usuarias.

 

4. Se puede trasladar a personas a China continental para someterlas a juicios injustos

En aplicación de la ley de seguridad nacional, se podría trasladar a personas a China continental para someterlas al sistema de justicia penal del continente y juzgarlas en aplicación de la legislación del continente. Esta es la misma perspectiva que desencadenó la serie de protestas en gran escala a partir de mediados de 2019.

Si una persona es acusada de un delito contra la seguridad nacional en el continente puede ser objeto de detención arbitraria o incluso secreta. Las personas acusadas podrían no tener la posibilidad de contactar con sus familias y no tener acceso a abogados de su elección si son sometidas a “vigilancia domiciliaria en un lugar designado“, una medida que permite que los órganos de investigación mantengan a las personas afectadas fuera del sistema formal de detención durante periodos de hasta seis meses. Como suele ocurrir con frecuencia, las personas detenidas de esta forma corren un gran riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos. El abogado de derechos humanos Li Heping sufrió palizas, y fue drogado y sometido a descargas eléctricas cuando estuvo detenido en secreto durante la represión de profesionales del derecho de 2015.

 

5. La ley se aplica a todas las personas del mundo

La redacción de la ley de seguridad nacional de Hong Kong le confiere jurisdicción incluso sobre personas que no sean residentes de Hong Kong y nunca hayan estado allí. Esto significa que cabe considerar técnicamente que cualquier persona del mundo, con independencia de su nacionalidad o su ubicación, ha violado esta ley, por lo que podría ser detenida y enjuiciada si está en una jurisdicción china, incluso en tránsito. Las personas extranjeras acusadas que no residan de forma permanente en Hong Kong pueden ser deportadas incluso antes de un juicio o una sentencia judicial.

Por ejemplo, se puede pedir a empresas de redes sociales que eliminen contenido considerado inaceptable por el gobierno chino incluso si hubiera sido publicado fuera de Hong Kong o si las oficinas y servidores de la empresa están en otro país.

 

6. Las autoridades investigadoras tienen nuevas y amplias facultades

Según la nueva ley, las autoridades investigadoras pueden registrar propiedades, restringir o prohibir viajes, bloquear o confiscar activos, censurar contenido en Internet y realizar vigilancia secreta, incluida la interceptación de comunicaciones, todo ello sin que medie orden judicial.

Las autoridades pueden también pedir información a organizaciones y personas, incluso si la información en cuestión podría ser autoinculpatoria. Incumplir este requerimiento puede conllevar una multa o prisión. Esto, en esencia, elimina en los casos de seguridad nacional el derecho a guardar silencio, un elemento fundamental de la presunción de inocencia.

Los derechos a guardar silencio en un interrogatorio y a no estar obligado a declarar contra uno mismo están reconocidos generalmente en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y son centrales en la noción de juicio con las debidas garantías. Estos derechos son amplios, se aplican durante los interrogatorios de la policía y en los juicios y para cualquier delito, con independencia de la gravedad, y prohíben cualquier forma de coacción, directa o indirecta, física o psicológica.

 

7. El gobierno chino tiene ahora una delegación de seguridad nacional en Hong Kong

El gobierno central chino estableció una Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional en el centro de Hong Kong. Ni la oficina ni su personal están bajo la jurisdicción de Hong Kong. Esto significa que ninguna de sus actividades, incluido su funcionamiento en la ciudad, está sometida al examen de los tribunales locales ni a las leyes locales. El personal de la oficina no puede ser objeto de inspección, registro ni detención por los organismos de aplicación de la ley locales de Hong Kong. La oficina y su personal gozan de hecho de inmunidad procesal total, con independencia de los delitos o violaciones de derechos humanos de los que sean acusados, lo que viola el derecho de las víctimas a la justicia, a que se determine la verdad y a recibir una reparación completa.

Las autoridades de seguridad nacional de China continental violan habitualmente con impunidad los derechos de las personas acusadas de cargos contra la seguridad nacional. Estas agencias vigilan, acosan, intimidan y detienen sistemáticamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y a disidentes, y existen numerosas pruebas de tortura y otros malos tratos.

 

8. El gobierno de Hong Kong tiene también un nuevo órgano que no está sometido a supervisión

El gobierno de Hong Kong creó otro nuevo órgano, el Comité para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional, con una persona delegada del gobierno central chino para “asesorarlo”.

El Comité tiene capacidad para elegir a personal de los organismos de aplicación de la ley y de la fiscalía para abordar casos de seguridad nacional. El presupuesto y el nombramiento de personal relacionado con la protección de la seguridad nacional también eludirá el escrutinio del poder legislativo. La forma en que la jefa del Ejecutivo puede nombrar jueces para tratar casos de seguridad nacional menoscaba, aparentemente, la independencia judicial.

Según la nueva ley, el Comité no tiene que revelar su trabajo y las decisiones que adopte no están sometidas a la revisión de los tribunales.

Además, la fuerza policial de Hong Kong estableció una nueva división de seguridad nacional que puede llevar a cabo operaciones de vigilancia secreta sin control judicial.

Esto significa probablemente que la ciudadanía no puede usar las actuaciones judiciales como control frente a los abusos de poder y los incumplimientos de las obligaciones legales de Hong Kong, incluidas las relativas a los derechos humanos contraídas en virtud del derecho internacional y la legislación nacional.

 

9. Riesgo de que sean anuladas las protecciones de los derechos humanos

Aunque la ley de seguridad nacional incluye una garantía general de respeto de los derechos humanos, incluidos tratados fundamentales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, otras disposiciones de la ley podrían anular estas protecciones.

La ley confiere inmunidad procesal y amplias exenciones a las instituciones de seguridad nacional y a su personal, y, de hecho, establece expresamente que, en caso de conflicto, prevalece sobre cualquier otra ley de Hong Kong. Esto significa que, aparentemente, cabría considerar que la ley de seguridad nacional niega cualquier protección de los derechos humanos en el territorio.

La ley de seguridad nacional de China contiene una disposición similar sobre el respeto a los derechos humanos que, sin embargo, ha proporcionado poca o ninguna protección a las personas afectadas: hay profesionales del derecho, intelectuales, periodistas, pastores y trabajadores y trabajadoras de ONG declarados culpables de delitos contra la seguridad nacional sólo por ejercer su libertad de expresión y defender los derechos humanos.

La jefa del Ejecutivo de Hong Kong justificó la limitación de los derechos humanos en varias ocasiones en nombre de la seguridad nacional, incluso en formas que violarían las normas internacionales.

 

10. La ley ya tuvo un efecto inhibidor inmediato

Esta ley draconiana es tan poco precisa que impide saber cómo y cuándo podría ser transgredida y, en consecuencia, tuvo un efecto inhibidor inmediato en todo el territorio.

Muchos de los ciudadanos y ciudadanas de Hong Kong que compartían habitualmente en Internet noticias sobre las protestas desde junio de 2019 cerraron sus cuentas en las redes sociales por temor a violar la ley. Comercios y restaurantes que habían exhibido carteles y adhesivos de apoyo al movimiento de protesta los quitaron incluso antes de que entrase en vigor la ley. En cuestión de días, las bibliotecas públicas empezaron a apartar los libros sobre temas “delicados” obra de activistas críticos con el gobierno.

Una hora después de la aprobación de la ley, el destacado activista Joshua Wong se retiró de Demosisto, el grupo prodemocracia que dirigía. Posteriormente, Demosisto anunció su disolución y otro miembro clave, Nathan Law, preocupado por que su labor de incidencia Internacional en Hong Kong pudiera representar una amenaza inminente a su seguridad personal, anunció que había salido de Hong Kong.

En una semana tras la promulgación de la ley, se disolvieron al menos siete grupos políticamente activos.

La ley de seguridad nacional de Hong Kong no protege realmente la seguridad nacional al tiempo que salvaguarda los derechos humanos. Las consecuencias son graves: el carácter impreciso de aspectos clave de la ley generó temor entre la ciudadanía de Hong Kong, pues nadie sabe qué podría constituir un delito de “poner en peligro la seguridad nacional” y, por tanto, podría conllevar un enjuiciamiento penal, el traslado al continente o la deportación del territorio.

Está reconocido el derecho y el deber de todos los gobiernos a proteger a sus ciudadanos, y también que algunos países tienen preocupaciones concretas en materia de seguridad. Pero éstas nunca pueden utilizarse como excusa para negar a las personas el derecho a expresar opiniones políticas diferentes o a ejercer los demás derechos humanos protegidos por las normas internacionales. Está muy claro que la ley de seguridad nacional de Hong Kong es otro ejemplo de un gobierno que utiliza el concepto de “seguridad nacional” para reprimir a la oposición política, con riesgos significativos para los defensores y defensoras de los derechos humanos, los medios de comunicación críticos y la sociedad civil en general.