La decisión del Ministerio de Defensa Nacional de iniciar operaciones de aspersiones terrestres a plantaciones de coca en algunas áreas de Colombia podría resultar en violaciones de derechos humanos en las comunidades campesinas que dependen de la coca para subsistir, dijo Amnistía Internacional hoy. Además, empezar un proceso de erradicación forzada de cultivos puede agudizar las situaciones de conflicto en el país, dejando las comunidades rurales en una situación aún más riesgosa, en particular para los líderes y lideresas sociales en país.

“Los operativos de erradicación forzadas de cultivos de coca en el contexto de la pandemia de COVID-19 son una sentencia de muerte para las comunidades rurales”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La aspersión de cultivos ilícitos no solo significa quitarles a las comunidades rurales su único modo de subsistencia en medio de la pandemia, sino también puede eliminar cultivos lícitos, una importante fuente de alimento. Además, estos operativos exponen al contagio a una población con poco acceso a servicios de salud.”

La pandemia de COVID-19 requiere una respuesta coordinada, coherente, integral y que respete los derechos humanos por parte del gobierno colombiano. Adentrar a los territorios de comunidades rurales para ejecutar operativos de erradicación forzada de cultivos sin su debido consentimiento, exponerlas a un posible contagio del COVID-19 y afectar su modo de vida podría generar violaciones de derechos humanos, además de agravar la crisis humanitaria que muchas comunidades rurales enfrentan.

El Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) informó a Amnistía Internacional sobre las dificultades que plantean las medidas tomadas por el gobierno para mitigar la pandemia. Para los miembros de esta organización, él gobierno debe garantizar los derechos de las comunidades rurales en el contexto del aislamiento social y detener de inmediato el despliegue de operativos de erradicación forzada de cultivos de coca, que atentan contra la soberanía alimentaria de la población.

“Despertarse cada día en este país, y particularmente en regiones como el Catatumbo, demanda creatividad y valentía; creatividad para adivinar por dónde iniciará la batalla de ese día y valentía para sobrevivir física, moral y culturalmente,” manifestó el CISCA.

Amnistia Internacional insta a las autoridades colombianas que tomen urgentemente las medidas adecuadas para garantizar los derechos de las comunidades rurales, entre ellos sus derechos a la salud, al agua y a la alimentación. Asimismo, deben ejercer una presencia estatal más allá de la militar, deteniendo los operativos de erradicación de coca y respetando lo pactado en él Acuerdo de Paz.

 

Información adicional:

Pese a la emergencia sanitaria declarada por causa del COVID-19 y del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, y a la solicitud de varios organizaciones sociales de suspender los operativos de erradicación forzada de coca durante la contingencia, los operativos se siguieron ejecutando en al menos siete departamentos del país desde que el gobierno decretó el aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia el 25 de marzo.

Organizaciones locales denunciaron uso excesivo de la fuerza por parte de militares, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha reportado que la Policía y el Ejército llevaron a cabo estas operaciones sin tomar en consideración los protocolos de higiene y salubridad para evitar contagios de COVID-19.

El 11 de julio, el Ministerio de Defensa Nacional informó a varias alcaldías de la región del Catatumbo, entre ellas Convención, Teorama, Acarí y Sardinata, que la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional iniciaría el 20 de julio las operaciones de aspersión terrestre a plantaciones de coca en las áreas autorizadas por la autoridad nacional de licencias de ambientales.