Amnistía Internacional ha advertido de que se ha detectado un número alarmante de incendios nuevos en la Amazonía brasileña, mientras las autoridades no protegen las tierras ni los derechos humanos en la selva tropical amenazada.

Antes del Día del Amazonas, el 5 de septiembre, se han detectado ya alrededor de 63.000 incendios este año (hasta el 31 de agosto), según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil. El ejército brasileño está desplegado en la Amazonía desde mayo, aparentemente para frenar la deforestación ilegal y los incendios.

Amnistía Internacional también destacó que la deforestación aumentó un 34,5% entre agosto de 2019 y julio de 2020 en comparación con el mismo periodo entre 2018 y 2019, y que se ha destruido una superficie total de 9.205 km². La destrucción reciente podría ser en realidad mucho mayor una vez que se corrijan los datos, teniendo en cuenta un error del satélite que ha afectado a la captura de algunos incendios desde el 16 de agosto.

“A medida que los fuegos se expanden de nuevo con rapidez en esta temporada de incendios, queda patente que el ejército brasileño carece de los conocimientos y de la experiencia necesarios para detener a quienes prenden fuego a la selva y confiscan ilegalmente tierras protegidas”, ha afirmado Richard Pearshouse, director de Medioambiente y Crisis de Amnistía Internacional.

“El despliegue del ejército encubre la estrategia del gobierno de Brasil de debilitar deliberadamente la capacidad operativa de sus propias agencias medioambientales para abrir la Amazonía a las empresas.”

“El gobierno debe devolver el control de la vigilancia medioambiental y la aplicación de la ley a las correspondientes autoridades civiles. La única forma de proteger la Amazonía es que el gobierno muestre un claro apoyo político a la protección medioambiental civil en la Amazonía, empezando por reponer financiación y recursos, y apoyando a las agencias en la aplicación de las leyes medioambientales.”

En total, el 74% de los incendios registrados por el INPE lo fueron después de que el gobierno brasileño prohibiera los fuegos a mediados de julio de 2020. Muchos incendios son provocados deliberadamente por grileiros, particulares que despejan zonas arboladas y confiscan tierras para crear pastos. Esta actividad ilegal sostiene el multimillonario sector cárnico de Brasil.

Las imágenes satelitales de los últimos dos meses han mostrado también incendios recientes en las tres zonas protegidas que ha visitado hace poco Amnistía Internacional en el estado de Rondônia: el territorio del pueblo indígena uru-eu-wau-wau y las reservas de Rio Jacy-Paraná y Rio Ouro Preto.

Explotaciones ganaderas ilegales alimentan la destrucción de la Amazonía

La ganadería es el principal motor de las confiscaciones ilegales de tierras en las reservas y territorios indígenas de la Amazonía brasileña, y alimenta la deforestación y el atropello de los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí.

El mayor crecimiento del lucrativo sector ganadero de Brasil se ha registrado en la Amazonía, donde, desde 1988, el número de reses prácticamente se ha cuadruplicado, con 86 millones en 2018, lo que representa el 40% del total nacional. Una parte de esta expansión está destruyendo grandes extensiones de selva tropical protegida en las reservas y los territorios indígenas.

En total, el 63% de la superficie deforestada —equivalente al tamaño de Portugal multiplicado por cinco— de 1988 a 2014 ahora es pasto para ganado. Amnistía Internacional documentó este proceso con detalle en un informe publicado en noviembre de 2019.

Según datos gubernamentales, los territorios indígenas de la Amazonía perdieron 497 km² de selva tropical entre agosto de 2018 y julio de 2019, lo que supone un incremento del 91% respecto a ese mismo periodo un año antes.

Ganado criado ilegalmente en la cadena de suministro de JBS

En una investigación reciente, Amnistía Internacional reveló que se había encontrado ganado criado ilegalmente en zonas protegidas de la Amazonía brasileña en la cadena de suministro de la importante procesadora de carne JBS.

Aunque Amnistía Internacional no encontró ningún dato que indicara que JBS está directamente implicada en abusos contra los derechos humanos, la organización ha pedido a esta empresa que implemente un sistema efectivo de supervisión que incluya a sus proveedores indirectos antes del final de 2020 a fin de garantizar que no entra en su cadena de suministro ganado criado ilegalmente en zonas protegidas.

Amnistía Internacional ha lanzado la ciberpetición “Di no al ganado criado ilegalmente en la Amazonía”, que se puede firmar aquí.