“Las sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar no pueden buscar protección frente a la violencia que sufren debido a la ineficacia de la respuesta del gobierno”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la publicación de un informe sobre el problema oculto pero creciente de la violencia de género intrafamiliar y la violencia sexual contra las mujeres de la región.

Basándose en seis misiones sobre el terreno realizadas por Amnistía Internacional, Not a private matter pone de relieve múltiples deficiencias de un sistema concebido para proteger a sobrevivientes, concretamente mujeres, de la violencia de género intrafamiliar y de la violencia sexual. La situación se ve agravada debido a una devastadora crisis social y económica, el acceso a las armas y el trauma creado por el conflicto armado en curso entre el gobierno de Ucrania y las organizaciones separatistas respaldadas por Rusia.

“Es muy grave que las mujeres, cuyas vidas ya están muy afectadas por el trauma y la destrucción causados por el conflicto, se encuentren sin poder recurrir a ninguna ayuda y abandonadas por las autoridades, que tienen la responsabilidad de protegerlas de la violencia de género intrafamiliar y la violencia sexual”, dijo Oksana Pokalchuk, directora de Amnistía Internacional Ucrania.

“Las mujeres que viven en la región oriental de Ucrania, asolada por el conflicto, no se sienten a salvo ni en público ni en el hogar”.

Amnistía Internacional accedió a los territorios de las regiones de Donetsk y Luhansk, controlados por el gobierno, entre enero y noviembre de 2019. La organización no tuvo acceso, en cambio, a las zonas controladas por los separatistas, que no entran en el ámbito del informe.

Las estadísticas oficiales sobre violencia de género en el ámbito familiar, pese a que son poco fiables y están incompletas, muestran un aumento de casos registrados en los últimos tres años. En 2018, hubo un aumento del 76% de los casos denunciados en la región de Donetsk y un 158% en la región de Luhansk en comparación con la media de los tres años anteriores.

Las iniciativas del gobierno no abordan efectivamente la violencia de género intrafamiliar

En los últimos tres años, Ucrania ha adoptado nuevas leyes y marcos institucionales en relación con la violencia de género, que en general están en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos. Estos incluyen la histórica Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia de Género Intrafamiliar de 2018, la introducción de las órdenes de protección de emergencia y de albergues, y la creación de  unidades especiales de la policía adiestradas para abordar situaciones de violencia de género interfamiliar.

Aun así, las nuevas leyes e iniciativas tienen a menudo una implementación deficiente, mientras el país sigue estando lejos de ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer (Convenio de Estambul).

La Policía continúa mostrándose reacia a registrar las quejas de sobrevivientes de la violencia de género intrafamiliar, y la impunidad generalizada disuade a muchas víctimas de denunciar. En 10 de cada 27 casos de violencia de género intrafamiliar documentados en el informe, las mujeres no denunciaron a la policía la violencia que habían sufrido porque creían que las autoridades no iban a responder adecuadamente, en el caso de que respondieran.

En un caso, un soldado de servicio propinó una paliza a su esposa embarazada, que no presentó una queja formal porque pensó que no valía la pena, pues el mando militar ya la había presionado para que retirase una queja anterior (cuando su esposo le rompió la nariz), para “no avergonzar a su esposo”.

Sobrevivientes desprotegidas y en peligro

La nueva legislación ucraniana confiere a la policía la facultad de emitir lo que se conoce como órdenes de protección de emergencia, que prohíben a presuntos perpetradores entrar y permanecer en el lugar de residencia de una sobreviviente, así como contactar con ésta durante 10 días. En los casos que documentó Amnistía, rara vez se emplean estas facultades y, cuando lo son, no se hacen cumplir efectivamente.

Pese a los cambios positivos en la legislación nacional, sigue habiendo lagunas en la protección. En Ucrania, la violencia de género intrafamiliar está prevista tanto en la legislación administrativa como en la penal. En la actualidad, no cabe iniciar actuaciones penales salvo que el perpetrador haya acumulado dos penas administrativas por violencia de género intrafamiliar.

Además, los miembros de las fuerzas armadas y la policía están exentos de actuaciones administrativas ante los tribunales de jurisdicción ordinaria, lo que en la práctica sirve para protegerlos del enjuiciamiento penal por violencia de género intrafamiliar.

Oksana Mamchenko sufrió violencia física, psicológica y económica de su exmarido, padre de sus 12 hijos e hijas, durante 20 años. Tras marcharse de casa con los niños, el tribunal dictó órdenes de protección temporales en tres ocasiones, prohibiendo a su esposo estar en la misma casa que Oksana y sus hijos y estar cerca de ellos.

Entre enero de 2019 y enero de 2020, Oksana obtuvo tres órdenes de alejamiento y una orden de protección de emergencia contra su exesposo y presentó múltiples quejas ante la policía. Su exesposo ignoró todas las órdenes y las autoridades no las hicieron cumplir adecuadamente. En mayo de 2020 se le impuso un año de condena condicional por no cumplir la orden de alejamiento, pero no se le castigó por violencia de género intrafamiliar.

Violencia sexual

La investigación de Amnistía Internacional indica que las mujeres de la región oriental de Ucrania siguen sufriendo diversos actos de violencia sexual a manos de personal militar, sobre todo en zonas próximas a la línea de contacto.

Amnistía Internacional ha documentado ocho casos de violencia sexual contra mujeres y niñas civiles perpetrada por miembros de las fuerzas armadas: dos casos de violación, uno de intento de violación y cinco de acoso sexual, cometidos por personal militar en 2017-2018 en zonas residenciales.

“Las autoridades ucranianas deben llevar a cabo reformas legales rápidas y amplias que protejan a las sobrevivientes de la violencia de género y de la violencia de género intrafamiliar, no las fuerzas armadas. Estas reformas sólo podrán tener éxito si se basan en consultas reales con sobrevivientes y organizaciones de mujeres”, concluyó Oksana Pokalchuk.

“El gobierno ucraniano ha demostrado en los últimos años que está dispuesto a abordar el problema de la violencia contra las mujeres. Este es el momento de redoblar sus esfuerzos. Ucrania debe ratificar el Convenio de Estambul, pues proporcionará a las autoridades una guía clara para la reforma, que incluye seguir mejorando la legislación, instituir programas de educación para funcionarios y el público en general, un mecanismo de denuncia oficial y otros cambios importantes”.