A siete meses de la declaración de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, Amnistía Internacional solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga para garantizar que se brinde una respuesta urgente a las más de 7500 personas que aún no pueden regresar a sus hogares en la provincia de Formosa. El pedido fue realizado en el marco de dos acciones judiciales bajo estudio del Máximo Tribunal presentados por afectados que se encuentran varados en distintos puntos del país.

En una carta dirigida al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, la organización internacional expresó su preocupación por las medidas establecidas por el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Formosa y destacó que es necesario que las medidas implementadas sean respetuosas de los derechos humanos.

Amnistía Internacional recibió denuncias de personas que solicitaron autorización para regresar desde hace meses y aún no tuvieron respuesta. Algunas se encuentran esperando el permiso varadas en la ruta, sin acceso a condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas y durmiendo en la intemperie. También hay situaciones de salud urgentes que no pueden ser atendidas, o bien casos vulnerables a los que se les niega acompañamiento.

A su vez, la organización recibió información sobre las denuncias por las malas condiciones higiénicas y sanitarias en los centros de alojamiento preventivo, lugares en los cuales se realiza la cuarentena obligatoria una vez autorizado el ingreso.

 

 

La situación judicial ante los reclamos de las personas varadas

El Juzgado Federal nro. 2 de Formosa ha hecho lugar a varios de los reclamos de las personas afectadas. A la fecha se han presentado acciones judiciales en representación de cerca de 900 personas y, en el marco de esos procesos, se ordenó a las autoridades formoseñas garantizar el ingreso de los afectados en un plazo no mayor de 10 días.

Como consecuencia de esas decisiones judiciales, a partir de noviembre las autoridades formoseñas notificaron a los beneficiarios de los habeas corpus que para poder ingresar deberían abonar los gastos de los test PCR y el alojamiento en hoteles para el cumplimiento de la cuarentena. En caso de no poder afrontar los gastos, los turnos disponibles para el ingreso a la provincia varían entre enero y abril de 2021. La justicia federal de Formosa declaró la inconstitucionalidad del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado considerando inadmisible que quienes pudieran asumir los costos estuvieran en una situación de privilegio frente al resto del colectivo perjudicado por las medidas dispuestas. Dicha decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Por ello, la intervención del Máximo Tribunal resulta fundamental para garantizar que las políticas del gobierno de Formosa se guíen por los estándares internacionales de los derechos humanos y así resolver la situación de miles de personas que requieren que sus derechos sean garantizados.