“Qatar debe reforzar la aplicación de sus reformas laborales y poner fin a la impunidad de los empleadores que cometen abusos si pretende cumplir plenamente sus promesas de proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Desde que le adjudicaron la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2022, Qatar se enfrenta a un control más estricto de su historial en materia de derechos de las personas trabajadoras migrantes. Cuando faltan dos años para el inicio del campeonato, Amnistía Internacional ha publicado un nuevo análisis de los avances de Qatar en la reforma de su sistema laboral. La organización acogió con satisfacción las recientes mejoras, pero advirtió de que la realidad seguirá siendo dura para muchas personas trabajadoras migrantes a menos que se adopten nuevas medidas para garantizar el pago de los salarios, asegurar el acceso a la justicia y proteger a las trabajadoras domésticas frente a la explotación.

“En los últimos años, Qatar ha introducido una serie reformas importantes, como la modificación de la legislación para permitir la libertad de circulación de los trabajadores y trabajadoras y facilitarles una mayor movilidad laboral. También ha prometido salarios mejores y el acceso a la justicia en los casos de abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, muchas personas trabajadoras migrantes aún no se han beneficiado de estos cambios y seguirán atrapadas en el círculo vicioso de explotación mientras estas reformas no se apliquen plenamente”, ha señalado Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.

“Las reformas positivas se han visto menoscabadas con demasiada frecuencia por una débil aplicación y la falta de determinación para hacer rendir cuentas a los empleadores que cometen abusos contra los derechos humanos. Los sistemas de inspección no son suficientes para detectar estos abusos, y los trabajadores y trabajadoras siguen encontrando obstáculos para presentar denuncias sin poner en peligro sus ingresos y su condición jurídica. Qatar debe hacer mucho más para garantizar que la legislación tenga repercusiones tangibles en la vida de la gente.”

Desde 2017, Qatar ha introducido varias reformas encaminadas a beneficiar a las personas trabajadoras migrantes. Entre ellas figura una ley que regula el horario laboral de las trabajadoras domésticas en régimen interno, los tribunales laborales para facilitar el acceso a la justicia, un fondo para financiar el pago de los salarios impagados y un salario mínimo.

Qatar también ha abolido las leyes que exigían a los trabajadores y trabajadoras migrantes obtener el permiso de sus empleadores para cambiar de trabajo o dejar el país, y ha ratificado dos importantes tratados internacionales de derechos humanos (aunque sin reconocer el derecho de sindicación). Si se aplican de forma completa y adecuada, estas reformas podrían ayudar a poner fin a los aspectos más problemáticos del sistema de patrocinio conocido como kafala y permitirían a los trabajadores y trabajadoras migrantes escapar de las condiciones laborales abusivas y obtener reparación. Sin embargo, miles de personas trabajadoras continúan sometidas a abusos laborales.

Por ejemplo, un informe reciente elaborado por Amnistía Internacional documentó que las trabajadoras domésticas de Qatar siguen trabajando unas 16 horas diarias todos los días sin excepción, pese a la introducción de una ley que establecía un límite de 10 horas y un día de descanso semanal. Las mujeres entrevistadas para el informe describieron terribles abusos verbales y físicos, y ninguna había visto rendir cuentas de sus actos a sus empleadores.

En otra investigación, Amnistía Internacional documentó que unos 100 trabajadores migrantes empleados en un proyecto de construcción de un estadio para la Copa Mundial habían trabajado hasta siete meses sin cobrar, pese a que las autoridades conocían la problemática desde hacía casi un año. Tras la publicación del informe, la mayoría de ellos ya han cobrado la mayor parte de lo que se les debía, pero este caso pone de relieve la inacción crónica de la FIFA y las autoridades de Qatar para ofrecer reparación oportuna a las personas trabajadoras.

Para abordar el persistente desequilibro de poder entre los empleadores y las personas trabajadoras migrantes y estar más cerca de cumplir de sus compromisos, Qatar debe aplicar mejor las reformas actuales e introducir otras, reforzar los mecanismos de inspección para detectar y detener rápidamente los abusos contra los derechos humanos, aumentar posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a la justicia y a la reparación, poner fin a la cultura de impunidad de los empleadores que cometen abusos y respetar el derecho de las personas trabajadoras migrantes a crear sindicatos. Este país debe hacer hincapié en reforzar las protecciones para las trabajadoras domésticas, a quienes muchas de las reformas vienen dejando atrás hasta ahora.

“Hacer rendir cuentas a los responsables es primordial para poner fin al círculo vicioso de los abusos contra los derechos humanos. Qatar debe demostrar a los empleadores que los cometen que sus acciones tienen consecuencias, vigilando que cumplan las leyes y sancionando a los que las infringen. Es hora de que Qatar envíe una señal clara de que no se toleran los abusos laborales”, ha manifestado Steve Cockburn.

La responsabilidad de la FIFA y petición de reunión a la RFEF en España

Como entidad organizadora de la Copa Mundial, la FIFA tiene el deber de garantizar el respeto de los derechos humanos en el contexto de los preparativos y el desarrollo de la competición. Eso incluye la obligación de hacer rendir cuentas a sus socios de la Copa Mundial y utilizar su influencia para presionar a Qatar a fin de que reforme plenamente su sistema laboral.

Teniendo esto presente, las oficinas de Amnistía Internacional de más de 20 países van a enviar una carta a las asociaciones nacionales de fútbol de sus respectivos países pidiéndoles que intervengan activamente para garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes. Las asociaciones de fútbol deben exigir a la FIFA que utilice su voz para instar, tanto en privado como públicamente, al gobierno de Qatar a cumplir su programa de reformas laborales antes de que comience la Copa Mundial.

La sección española de Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, solicitándole una reunión para tratar la situación de las personas migrantes en Qatar y otros asuntos relacionados con el deporte español y los derechos humanos, como la celebración de la próxima edición de la Supercopa española de fútbol en Arabia Saudí, en enero de 2021. En este sentido, la Federación española de Fútbol anunció el año pasado, antes de la celebración de este mismo torneo en Arabia Saudí, un programa de acciones encaminadas a mejorar la situación de las mujeres en este país. Desafortunadamente, la situación, un año después, sigue siendo igual o peor. Algunas de las mujeres detenidas entonces por exigir igualdad, como Loujain al-Hahtloul, siguen todavía privadas de libertad.