Irán: La ejecución del periodista Rouhollah Zam, un “golpe mortal” a la libertad de expresión – Amnistía Internacional Argentina | Defendemos los derechos humanos

Irán: La ejecución del periodista Rouhollah Zam, un “golpe mortal” a la libertad de expresión


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En respuesta a la noticia de la ejecución en la horca hoy del periodista disidente Rouhollah Zam, Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, declaró:

“La noticia de que las autoridades iraníes ejecutaron hoy al amanecer al periodista disidente Rouhollah Zam nos conmociona y nos horroriza.

“El 8 de diciembre, las autoridades anunciaron que el Tribunal Supremo había confirmado la condena a muerte de Rouhollah Zam. Las autoridades se apresuraron a ejecutarlo sólo cuatro días después, en lo que consideramos un reprobable intento de evitar una campaña internacional para salvar su vida.

“El derecho internacional prohibía estrictamente el uso de la pena de muerte contra Rouhollah Zam, en el punto de mira por su popular canal de noticias AmadNews, al que las autoridades culpaban de las protestas antisistema que se desarrollaron en todo el país en enero de 2018. Su ejecución es un golpe mortal a la libertad de expresión en Irán, y demuestra hasta dónde llegan las brutales tácticas de las autoridades iraníes para infundir temor y reprimir la disidencia.

“El mundo no debe permanecer en silencio mientras las autoridades iraníes llevan a niveles sin precedentes sus ya terroríficos ataques al derecho a la vida y a la libertad de expresión. Pedimos a la comunidad internacional, incluidos los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la UE, que actúen de inmediato para presionar a las autoridades iraníes a que detengan su creciente uso de la pena de muerte como arma de represión política”.

Información complementaria

Rouhollah Zam, que escapó de Irán tras las protestas poselectorales de 2009 y obtuvo asilo en Francia, fue secuestrado y devuelto a Irán por agentes de la Guardia Revolucionaria Islámica durante una visita que realizó a Irak en octubre de 2019, al parecer con la ayuda de las autoridades de los servicios de inteligencia iraquí.

Según una carta remitida por su padre al presidente de la Magistratura iraní, tras su arresto lo mantuvieron nueve meses sin contacto con familiares o abogados, y sólo le permitieron reunirse con el abogado designado por el tribunal en presencia de agentes de los servicios de inteligencia y seguridad.

En junio de 2020, Rouhollah Zam fue condenado a muerte por la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán tras un juicio manifiestamente injusto por “propagación de la corrupción en la tierra” en relación con AmadNews, su popular canal de noticias en la aplicación de mensajería Telegram, que tenía más de un millón de seguidores y en el que compartía vídeos de protestas e información sobre la presunta implicación de varias figuras de autoridad en casos de corrupción. Las autoridades afirmaron, tanto públicamente como en documentos judiciales, que en su trabajo periodístico llevaba a cabo “espionaje” para Israel y Francia, así como “cooperación con Estados Unidos, un Estado hostil”, “delitos contra la seguridad nacional” y “difusión de propaganda contra el sistema”.

En julio de 2020, poco después de ser condenado a muerte, la televisión pública iraní emitió un programa de propaganda en el que Rouhollah Zam aparecía “confesando” sus “delitos”.

Según informan algunos medios de comunicación, los familiares de Rouhollah Zam, que lo visitaron en la cárcel la víspera de su ejecución, denuncian que ni las autoridades penitenciarias ni las judiciales informaron a la familia o al propio Rouhollah Zam de su próxima ejecución.

Según el derecho internacional, el uso de la pena de muerte debe limitarse a los más graves delitos, que impliquen homicidio intencional.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para matarla. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

 

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