Amnistía Internacional alertó ante organismos internacionales de derechos humanos los ataques que periodistas, comunicadoras, activistas, legisladores y legisladoras sufren por su posición a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y llamó a avanzar hacia un debate sin violencia. La organización expresó la misma preocupación ante las presidencias de ambas Cámaras del Congreso.
La presentación incluye amenazas y hechos de violencia ocurridos entre el 3 de noviembre y el 17 de diciembre de este año y solicita que se exhorte al Estado argentino a adoptar las medidas necesarias para prevenir las intimidaciones contra de defensoras de derechos humanos y proteger eficazmente a quienes se encuentren en riesgo.
La aparición de pintadas con el mensaje "si hay aborto hay guerra" luego del anuncio de presentación del proyecto de ley; acciones coordinadas de amedrentamiento y acoso online; insultos en la vía pública contra periodistas y comunicadoras que están a favor del aborto; y los escraches realizados por manifestantes en los domicilios de legisladores que se pronunciaron a favor del proyecto de ley, requieren de la intervención del Estado.
Amnistía Internacional ha advertido en sus informes Pañuelos Verdes y Corazones Verdes el efecto intimidatorio de la violencia contra las defensoras de derechos humanos, que hace que muchas se abstengan de participar en los debates, modifiquen su conducta, autocensuren sus intervenciones o publicaciones, o teman salir de sus hogares mostrando el pañuelo verde.
Amenazas a diputados y senadores
En el marco del debate sobre aborto en el Congreso, la violencia y las amenazas pueden además tener un efecto silenciador y disuasorio en los legisladores y legisladoras que no solo tienen el derecho, sino el deber de a alzar su voz para defender los derechos humanos de todas las personas, libres de coerciones.
Luego del anuncio en el recinto de un diputado que decidió abstenerse en la votación del proyecto de IVE por amenazas recibidas por él y su hija; y la circulación de mensajes intimidatorios contra una senadora por parte de un organismo jurisdiccional, se torna urgente la adopción de medidas que garanticen que quienes ejercen la función legislativa puedan trabajar con libertad y autonomía.
Amnistía Internacional sostiene que es indispensable que el Estado nacional, las autoridades provinciales, y especialmente los representantes de ambas cámaras del Congreso Nacional adopten todas las medidas a su alcance para que quienes lo integran puedan debatir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo libre de presiones, y puedan cumplir la función que la Constitución les otorga sin temor a sufrir represalias. La obligación internacional del Estado de garantizar los derechos sexuales y reproductivos exige también acciones directas para permitir que quienes defiendan tales derechos puedan hacerlo sin miedo a sufrir represalias.
La presentación fue remitida a Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos, a Elizabeth Broderick, que preside el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, y a Ms. Dubravka Šimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, de las Naciones Unidas, junto a Joel Hernández García y a Margarette May Macaulay, a cargo de las relatorías sobre defensoras y defensores de derechos humanos y sobre los derechos de las mujeres, respectivamente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
