En respuesta a las penas impuestas a 10 residentes de Hong Kong que han estado detenidos en China continental desde que intentaron salir de Hong Kong en una lancha motora en agosto, Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, ha declarado:

“Estas penas, impuestas tras un juicio injusto, ponen al descubierto los peligros a los que se enfrenta cualquier persona que sea juzgada bajo el sistema penal chino. Este grupo de jóvenes de Hong Kong correrá peligro de sufrir tortura y otros malos tratos en las cárceles chinas.

“Las autoridades chinas han demostrado al mundo una vez más que los activistas políticos no son juzgados con garantías. No se permitió que personal diplomático, periodistas ni familiares asistieran a la vista del lunes, que fue de hecho a puerta cerrada.

“Los jóvenes hongkoneses fueron privados del derecho a defenderse mediante representantes legales de su elección. Varios abogados de China continental intentaron hacerse cargo de su defensa a petición de sus familiares, pero las amenazas de las autoridades chinas los obligaron a dejar los casos.”

Información complementaria

Doce jóvenes que salieron de Hong Kong en una lancha motora el 23 de agosto de 2020 fueron interceptados por agentes de la guardia costera china. Hoy se impusieron penas a diez de ellos tras una vista celebrada el lunes en el Tribunal Popular de Distrito de Yantian, en la ciudad meridional de Shenzhen.

Tang Kai-yin y Quinn Moon, acusados de “organizar el cruce clandestino de personas por la frontera”, fueron condenados a dos y tres años de cárcel respectivamente. Los otros ocho, acusados de “cruzar clandestinamente la frontera” fueron condenados a siete meses de cárcel.

Dos de “los 12 de Hong Kong” eran menores de 18 años en el momento de su arresto, y serán entregados hoy a la policía hongkonesa.

Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de personas detenidas en China continental —muchas de ellas defensoras de los derechos humanos— que han sido privadas de su derecho a ver a los abogados que ellas mismas o sus familias han elegido para representarlas.

En algunos casos, las autoridades han designado abogados para las personas detenidas sin su autorización ni la de sus familias. En otros, han amenazado a abogados para que se retiren de los casos. A veces, China también ha afirmado, sin aportar pruebas, que los detenidos han despedido a abogados contratados por sus familias, y ha impedido a las familias que contraten asistencia letrada.

Todo esto equivale en la práctica a privar a las personas detenidas de su derecho a asistencia letrada. Cuando se priva a una persona del derecho a asistencia letrada de su elección, con frecuencia se le niega también el acceso a información sobre sus derechos jurídicos, con lo que queda más expuesta a procedimientos jurídicos injustos y a recibir malos tratos mientras está detenida.