En una carta abierta difundida hoy, 18 de enero, Amnistía Internacional se suma a más de 400 organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, defensoras y defensores de derechos humanos de toda la región para exigir a los Estados que las políticas contra la pandemia del virus COVID-19 no dejen a ninguna persona atrás.
En el contexto de la emergencia sanitaria actual y frente a la inminente creación y ejecución de planes de vacunación en las Américas, el comunicado recuerda que el derecho internacional de los derechos humanos impone la obligación de garantizar a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas el acceso a todos los servicios de salud y vacunación sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad que el resto de la población.
“En este momento en que Argentina empieza con el plan de vacunación contra el COVID-19, los estándares de derechos humanos deben estar presentes para garantizar el acceso en condiciones de igualdad y no dejar afuera a ninguna persona. Además, la pandemia tuvo un impacto desproporcionado en las personas que históricamente fueron marginadas y discriminadas. Esto incluye a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo”, afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belski.
El comunicado señala que el derecho a la vida, la integridad y la salud se debe garantizar sobre la base del principio de igualdad y no discriminación, obligación reafirmada una y otra vez por los organismos y tratados internacionales de derechos humanos. Este compromiso exige que los Estados garanticen a las personas migrantes, independientemente de su estado migratorio , el acceso voluntario y en igualdad de condiciones a las vacunas, tratamientos y demás acciones de protección.
Para que los Estados puedan efectivamente alcanzar los objetivos urgentes y fundamentales frente a esta gravísima pandemia mundial, la vacunación masiva y universal es absolutamente indispensable. Es la única forma segura de lograr la inmunidad colectiva, pues su efectividad estará supeditada a que suficientes personas desarrollen protección contra la enfermedad.
Por otro lado, la exclusión de personas migrantes y refugiadas de los planes para prevenir y combatir la pandemia podría derivar en la necesidad de mayores recursos de todo el sistema de salud para la atención de personas enfermas, incluyendo en los servicios de emergencia. Eso afectaría también la atención de esos servicios en general, para todo tipo de prestaciones de urgencia del sistema dirigido a toda la población. Ello, sin contar el impacto que, en otras áreas -como el mercado de trabajo-, tendría el agravamiento de la condición de salud de las personas que no puedan acceder a las vacunas y otros tratamientos desarrollados en cada país para enfrentar la pandemia.
En este sentido, la universalidad del acceso es una estrategia esencial para enfrentar la pandemia, y toda exclusión, preferencia o restricción que afecte a personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y/o apátridas no solamente configuraría una violación de los derechos a la salud y a la vida, sino también representaría una medida contraria a las metas de salud pública de cada Estado y la comunidad internacional a fin de superar esta grave pandemia mundial.
Por lo tanto, Amnistía Internacional y las demás organizaciones y personas firmantes, exigimos a los Estados el pleno cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos a través de la garantía del acceso a todos los tratamientos, preventivos y terapéuticos necesarios para enfrentar la pandemia por COVID-19 para todas las personas, sin perjuicio de su nacionalidad, lugar de origen, residencia o estatus migratorio.
Información complementaria:
El 18 de diciembre - Día Internacional del Migrante, se lanzó la Primera Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA), una iniciativa del equipo de investigadoras e investigadores pertenecientes al Eje Migración & Asilo de la Red Orientada a la Solución de Problemas en Derechos Humanos del CONICET, con el apoyo de Amnistía Internacional y más de 30 organizaciones sociales y de migrantes de todo el país.
Fueron encuestadas 3188 personas en todo el país entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2020. De los resultados de la encuesta puede observarse como la pandemia afectó de manera desproporcionada a las personas migrantes. El 51% de las personas encuestadas vieron interrumpidas su fuente de ingresos desde la emergencia sanitaria, pero sólo un 20% declaró haber accedido al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Al menos un 15% quería solicitarlo, pero no cumplían con los requisitos y el 20% tuvo su solicitud rechazada.
