La orden ejecutiva que entra en vigor hoy pretende crear los mecanismos para prevenir y educar sobre la violencia de género en el país, así como la reconoce como una problemática social.
“Entendemos que esto es un logro importante en la defensa de los derechos de las mujeres y personas víctimas de violencia de género en Puerto Rico. Sin embargo, entendemos que la orden debe incluir por escrito a la comunidad LGBTTQIA+, particularmente a las personas trans, pues la violencia de género incluye feminicidios, desapariciones de mujeres, violencia doméstica y crímenes de odio,” expresó Lenna Garay Rodríguez, Coordinadora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Puerto Rico.
Por los pasados dos años, organizaciones y colectivos que defienden los derechos humanos, entre los que se encuentra Amnistía Internacional Puerto Rico, habían reclamado al gobierno medidas de política pública más drásticas para atender el alza en violencia de género, feminicidios y crímenes de odio, los cuales se han recrudecido luego de los desastres naturales que ha enfrentado el país y la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las medidas presentadas en el pasado han sido insuficientes para atender esta crisis.
Según el Observatorio de Equidad de Género, al 29 de diciembre de 2020 se habían registrado unos 60 feminicidios en el archipiélago, datos que sobrepasan los 37 feminicidios registrados para la misma fecha en el 2019.
“Nuestra organización lanzó el pasado noviembre la campaña The Bloody Data para concienciar sobre la alarmante cantidad de feminicidios y asesinatos de personas trans en el país. Como parte de la campaña se le pedía a las personas firmar para exigir una declaración de Estado de Emergencia en Puerto Rico. Hoy estamos por fin viendo unos resultados más concretos hacia la dirección correcta”, explicó Liza Gallardo, directora de AI Puerto Rico.
Por otra parte, entre las medidas que propone la orden ejecutiva se encuentra la implementación de programas de educación con perspectiva de género.
“Es necesario la incorporación de la perspectiva de género como política pública transversal en todas las agencias gubernamentales, particularmente en el Departamento de Educación. La falta de educación sobre los diferentes géneros perpetúan estereotipos en la sociedad que provocan la discriminación contra poblaciones LGBTTQIA+ y que se sigan repitiendo patrones de violencia machista en el país”, dijo Gallardo.
La orden también propone cambios en la forma en que las agencias gubernamentales atienden los casos de violencia de género. La falta de empatía hacia las víctimas de violencia perpetúa los estereotipos y prejuicios sistemáticos, en especial en casos de violaciones contra mujeres y asesinatos violentos de personas trans. Sobre este asunto, Gallardo planteó: “Necesitamos que las personas que ofrecen servicios directos a las personas víctimas de violencia tengan el conocimiento y sensibilidad para ofrecer un trato digno y respetuoso a todas las personas.”
A su vez, la orden propone establecer estadísticas confiables sobre la incidencia de casos de violencia de género y mecanismos para dar seguimiento a las investigaciones criminales.
“Existen discrepancias entre los números que maneja el Gobierno y los reportados por organizaciones que trabajan para erradicar la violencia de género. Esto representa un reto a la hora de denunciar, conseguir más fondos y establecer política pública coherente”, sostuvo la directora ejecutiva.
“La falta de agilidad en las investigaciones de feminicidios y casos de agresiones sexuales es otro gran escollo para el gobierno. Los asesinatos de personas trans siguen sin ser esclarecidos, como es el caso del feminicidio de Alexa, una mujer trans brutalmente asesinada el año pasado. Por otro lado, en casos de violaciones el procesamiento de ‘rape kits’ es esencial para atender los casos”, expresó Gallardo.
En cuanto al rol de la organización para combatir la violencia de género, Gallardo mencionó que estarán participando activamente en la discusión pública para el establecimiento de la orden y seguirán vigilantes en que las medidas respeten los derechos humanos de todas las personas.
“La orden de estado de emergencia no es el fin, ahora nos toca pasar a la fase de acción y asegurarnos de que todas las mujeres, personas LGBTTQIA+ y víctimas de violencia de género reciban los servicios que les garantice llevar una vida digna. Al igual, para continuar avanzando hacia la equidad de género, es necesario implementar la educación con perspectiva de género en el país,” concluyó Gallardo.
Contacto: Katelin Lopez kati@amnistiapr.org
