Una nueva investigación de Amnistía Internacional expone hoy el vergonzoso papel desempeñado por equipos para mantenimiento de la ley de origen francés en la represión de protestas en su mayoría pacíficas en Líbano desde octubre de 2019, así como en las protestas de agosto de 2015.

La investigación documenta el uso innecesario o excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad libanesas contra manifestantes mediante el uso de armas de fabricación francesa, sin rendir cuentas de las graves lesiones causadas. El gobierno francés no ha respondido a la carta y los mensajes de correo electrónico de Amnistía Internacional en los que se le ha pedido que aclare si las ventas continúan.

“Francia lleva años suministrando a las fuerzas de seguridad libanesas equipos para el mantenimiento de la ley que éstas han usado después para cometer o facilitar la comisión de violaciones graves de derechos humanos, más recientemente durante el movimiento de protesta de octubre de 2019. Con arreglo a sus obligaciones contraídas en virtud de las leyes internacionales, regionales y nacionales, pedimos a Francia que garantice que no se producen más ventas hasta que las autoridades libanesas hayan reconocido las violaciones cometidas en el pasado y, lo que es más importante, que tome medidas para disuadirlas de que se cometan de nuevo”, declaró Aymeric Elluin, responsable de relaciones institucionales sobre transferencias de armas en Amnistía Internacional Francia.

“Las fuerzas de seguridad libanesas están actuando en un clima de impunidad. No ha habido ninguna investigación efectiva sobre el uso ilegítimo de armas, incluidas las fabricadas en Francia, contra manifestantes pacíficos, y las autoridades judiciales no han exigido que rinda cuentas ni un solo agente de los cuerpos de seguridad”.

El 17 de octubre de 2019, estallaron protestas multitudinarias en todo Líbano en relación con la subida de los precios, la elevada tasa de desempleo, los calamitosos servicios públicos y la corrupción generalizada y sistémica, que continuaron hasta marzo de 2020, después de lo cual el impacto combinado de la COVID-19 y una crisis económica sin precedentes las paralizaron, para reanudarse tras la trágica explosión en el puerto de Beirut de agosto de 2020.

Al menos mil manifestantes resultaron heridos debido a la fuerza ilegítima empleada por las fuerzas de seguridad libanesas, que utilizaron a menudo armas menos letales francesas, incluidos sustancias químicas irritantes como gas lacrimógeno, y proyectiles de impacto cinético como balas de goma y los correspondientes lanzadores. Las fuerzas de seguridad libanesas también usan vehículos blindados de fabricación francesa.

El Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional y su Cuerpo de Verificación Digital verificaron y analizaron 101 vídeos de protestas en Beirut entre octubre de 2019 y 2020, así como desde agosto de 2015, en los que hubo múltiples incidentes de uso ilegítimo de la fuerza por las fuerzas de seguridad. En las imágenes aparecían habitualmente equipos franceses. Amnistía Internacional estuvo en Beirut observando el uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad en las protestas. La organización entrevistó a más de 90 personas heridas o testigos, y analizó informes médicos.

Los equipos franceses que se muestran en los vídeos incluían lanzadores montados en vehículos (Alsetex Land Cougar 12); granadas de gas lacrimógeno (Nobel Sport Sécurité MP7, Alsetex CM4 y CM6); balas de goma (SAPL Gomm-Cogne); lanzagranadas (Alsetex Chouka y Cougar) y vehículos blindados para transporte de personal Arquus Sherpa.

“Fallarle a la gente”

En los 12 meses siguientes al comienzo de las protestas multitudinarias sin precedentes de octubre de 2019, profesionales del derecho presentaron al menos 40 denuncias ante el Ministerio Público en nombre de manifestantes heridos. No obstante, la Fiscalía no investigó las denuncias de fuerza ilegítima y tortura; en algunos casos cerró las investigaciones sin examinar efectivamente lo denunciado y, en otros, las inició, pero apenas tomó medidas. Algunas de las denuncias fueron remitidas al sistema de justicia penal militar que, según las normas internacionales de derechos humanos, no goza de la independencia necesaria para ofrecer una reparación en los casos de violación de derechos humanos, y otras se enviaron a las mismas agencias acusadas de tortura y fuerza ilegítima para que las investigasen.

La abogada Diala Shehade presentó una denuncia el 19 de agosto de 2020 en nombre de un manifestante que había perdido un ojo por el disparo de una bala de goma el 8 de agosto. La letrada dijo a Amnistía Internacional que los fiscales no habían investigado la denuncia.

“El Ministerio Público está fallándole a la gente en casos de delitos cometidos contra manifestantes. No está asumiendo su responsabilidad como institución constitucional independiente que exige responsabilidades a quienes cometen delitos”, dijo la abogada.

Uso excesivo e ilegítimo de gas lacrimógeno

Amnistía Internacional documentó el uso indebido de equipos de gas lacrimógeno de producción francesa —botes SAE Alsetex y Nobel Sport Sécurité, y lanzagranadas SAE Alsetex y armas montadas en vehículos— en las protestas realizadas entre octubre de 2019 y agosto de 2020, así como en agosto de 2015, contra participantes en su mayoría pacíficos y transeúntes en zonas residenciales. La organización estuvo en el terreno y encontró botes de gas lacrimógeno que llevaban la fecha 2020, lo que indica una adquisición reciente.

En muchos casos, el propósito del gas lacrimógeno era claramente dispersar una protesta en gran medida pacífica, lo que violaba el derecho a la libertad de reunión pacífica.

Amnistía Internacional también documentó el uso por las fuerzas de seguridad de botes de gas lacrimógeno dirigidos directamente a quienes protestaban, una práctica ilegítima y sumamente peligrosa, así como desde vehículos en movimiento, lo que imposibilita un despliegue controlado. Esto ha causado lesiones graves en la cabeza y en el torso de manifestantes.

Balas de goma disparadas a la altura del pecho

Según las directrices de la ONU sobre el uso de armas menos letales, los proyectiles de impacto cinético como las balas de goma y las balas de plástico no deben dispararse de forma aleatoria hacia una multitud, sino dirigirse exclusivamente hacia quienes realizan actos violentos contra personas y únicamente cuando no se ha podido contener la violencia con medios menos dañinos. Deben dirigirse a la parte inferior del cuerpo para reducir al mínimo el riesgo de lesiones graves.

Sin embargo, después de las protestas de enero y agosto de 2020, los vídeos, testimonios e informes médicos analizados por Amnistía Internacional muestran que la policía antidisturbios disparó a menudo balas de goma directamente a multitudes en su mayoría pacíficas a la altura del pecho y que muchos manifestantes sufrieron lesiones en los ojos, la cara, el cuello, el pecho, los brazos y el estómago. En algunos casos, la policía disparó a corta distancia.

Imágenes de vídeo del 18 de enero de 2020 muestran el uso contra manifestantes de escopetas a corta distancia y cartuchos de balas de goma SAPL de fabricación francesa en el suelo. Resultaron heridas más de 400 personas y al menos tres recibieron disparos directamente en un ojo.

“Las autoridades francesas deben informar a las fuerzas de seguridad libanesas de que sólo podrán reanudar las exportaciones cuando demuestren que estos equipos se emplean con arreglo a las leyes y normas internacionales sobre el uso de la fuerza y el derecho a la libertad de reunión pacífica. Una forma de hacerlo es mostrar que hay plena rendición de cuentas por abusos cometidos en el pasado y que existen recursos adecuados para las víctimas de estos abusos”, añadió Aymeric Elluin.

El 8 de agosto de 2020, dos días después de la visita del presidente Macron, la población salió a la calle en Beirut reclamando rendición de cuentas y justicia. Las fuerzas de seguridad y militares dispararon gas lacrimógeno, balas de goma y perdigones de escopeta de corredera de forma imprudente contra multitudes en su mayoría pacíficas. Las imágenes de vídeo muestran a las fuerzas de seguridad libanesas haciendo uso indebido de una gran diversidad de equipos franceses ese día. Además de lanzadores SAE Alsetex Land Cougar 12, lanzadores Cougar de 56 mm y granadas de gas lacrimógeno Alsetex y Nobel Sport Sécurité, Amnistía Internacional identificó el lanzamiento de gas lacrimógeno desde vehículos blindados para transporte de personal Arquus Sherpa.

“El compromiso del presidente Macron de apoyar al pueblo libanés debe extenderse a la promoción de los derechos humanos, de la rendición de cuentas y del Estado de derecho en Líbano en lugar de poner equipos franceses en manos de violadores en serie de los derechos humanos”, concluyó Aymeric Elluin.