Las Naciones Unidas deben abrir de inmediato una investigación sobre las constantes denuncias de comisión de violaciones graves del derecho internacional en el conflicto de Tigré, que incluyen posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad, ha manifestado Amnistía Internacional tras una declaración emitida esa mañana por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.

La declaración llega justo antes del debate informal que va a celebrarse en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis de Tigré.

La declaración de la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se hace eco de un llamamiento previo de Amnistía Internacional a abrir una investigación dirigida por la ONU sobre de la información persistente y creíble que se recibe acerca de graves violaciones del derecho internacional cometidas en Tigré. Llega una semana después de que Amnistía Internacional y la CNN publicaran sendos informes sobre masacres cometidas presuntamente por tropas eritreas en Axum y Maryam Dengelat, respectivamente.

Amnistía Internacional concluyó en su investigación que la masacre de centenares de civiles perpetrada por tropas eritreas en Axum a finales de noviembre de 2020 constituye un posible crimen de lesa humanidad. La organización determinó también que las fuerza eritreas podrían ser responsables de crímenes de guerra y, en una investigación anterior, citó a testigos que acusaban a fuerzas leales al Frente Popular de Liberación de Tigré de llevar a cabo una masacre en Mai-Kadra que podría ser un crimen de guerra.

“La declaración de hoy de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pone de relieve la gravedad de los presuntos crímenes cometidos por todas las partes en el conflicto de Tigré y la necesidad urgente que la ONU tome medidas ya. Debe enviar una misión de investigación internacional e imparcial para que vigile la situación e informe de ella y para recabe pruebas de los crímenes cometidos por todas las partes y las proteja”, ha explicado Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

“Dadas la complejidad y la gravedad de la situación, es necesario realizar con urgencia una investigación dirigida por la ONU, más que llevada a cabo conjuntamente con las instituciones etíopes, para establecer la verdad y sentar las bases de la rendición de cuentas. No hay tiempo que perder; debe empezarse a trabajar sobre este asunto ya, antes de que se destruyan las pruebas y empiecen a desvanecerse los recuerdos.

En su declaración, Bachelet ha hecho hincapié en la necesidad de una evaluación objetiva e independiente de la situación. Ha señalado que el análisis preliminar de la información recibida indica que podrían haber cometido graves violaciones del derecho internacional, que posiblemente constituyan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, múltiples actores en el conflicto, entre ellos la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, el Frente Popular de Liberación de Tigré, las fuerzas armadas eritreas y las Fuerza Regionales de Amhara y su milicia afín.

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción el llamamiento de la alta comisionada a que se facilite el acceso a Tigré a otras entidades independientes de observación de la situación de los derechos humanos con miras a determinar los hechos y contribuir a garantizar la rendición de cuentas. La organización solicitó acceso a Tigré el 3 de diciembre de 2020 y está esperando todavía la respuesta.

Sesión a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de la ONU

La declaración de la alta comisionada llega horas antes de un debate informal que va celebrarse en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos de Tigré.

A los cuatro meses del estallido en Tigré de una de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves del mundo, el conflicto no se ha incluido aún en el programa formal de trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU. Es inadmisible”, ha afirmado Sarah Jackson.

“Reiteramos también nuestro llamamiento a los Estados miembros de la ONU para que abran una investigación sobre la situación durante el actual periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.