“Las autoridades tunecinas deben poner en libertad de inmediato a Rania Amdouni, destacada defensora de los derechos de las mujeres y activista LGBTI, condenada a seis meses de prisión por ‘insultar a un agente de policía’ y retirar los cargos falsos formulados en su contra”, ha declarado Amnistía Internacional con motivo de la vista de su recurso el 17 de marzo.

El 27 de febrero, Rania Amdouni acudió a una comisaría de policía para presentar una denuncia por el acoso continuo del que es objeto en relación con su activismo LGBTI y su participación en protestas contra la violencia policial y el deterioro de las condiciones socioeconómicas. En lugar de registrar su denuncia, fue detenida.

“La detención y el enjuiciamiento de Rania Amdouni transmiten a todas las personas que se dedican al activismo y se enfrentan al acoso el mensaje disuasorio de que, si se atreven a dar un paso adelante y denunciar abusos policiales, corren el riesgo de pasar de víctimas a acusados”, dijo Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Es indignante que Rania Amdouni haya sido condenada a seis meses de prisión sólo por hacer comentarios considerados ofensivos sobre la policía. Debe quedar en libertad de forma inmediata y sin condiciones, y todos los cargos en su contra deben ser retirados”.

Según el abogado de Rania Amdouni, cuando los agentes de policía de la séptima comisaría, en el centro de la ciudad de Túnez, la rechazaron, Rania se marchó angustiada y empezó a gritar en la calle, insultando a la policía. Los policías la detuvieron y la recluyeron dos días en un centro de detención.

El 1 de marzo, sin haber sido interrogada ni tener derecho a impugnar su detención, Rania Amdouni fue acusada formalmente de “insultar a un funcionario público mientras éste desempeñaba sus funciones”, punible con hasta un año de prisión en virtud del artículo 125 del Código Penal. También fue acusada de “causar una situación incómoda y alteraciones” y de “embriaguez visible".

El 4 de marzo, el Tribunal de Distrito de Túnez la declaró culpable de los tres cargos y ordenó su prisión. Actualmente está recluida en la prisión de mujeres de Manouba, en la ciudad de Túnez.

En un post publicado en Facebook tras su detención y mientras estaba bajo custodia en la séptima comisaría, Rania Amdouni dijo: “Me han detenido porque ya no puedo seguir aceptando este acoso al que me someten”.

Amnistía Internacional publicó un informe en noviembre de 2020 en el que documentaba un número creciente de enjuiciamientos penales basados en cargos excesivamente generales del Código Penal que limitan de forma indebida la libertad de expresión, por lo general a instigación de agentes de seguridad o del Estado en respuesta a críticas.

Según el derecho internacional, el “insulto” no es un delito reconocible y no justifica una limitación de la libertad de expresión. Además, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que “el mero hecho de considerar unas formas de expresión insultantes para una figura pública no es suficiente para justificar la imposición de penas”.

 

Acoso policial implacable

Rania Amdouni está en primera línea de las protestas contra la violencia policial y en favor de los derechos y libertades individuales en el país. Es miembro de DAMJ, la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad, y presidenta de la asociación Chouf Minorities.

En agosto de 2020, un policía insultó a Rania Amdouni cuando ésta caminaba por el centro de la ciudad de Túnez, lo que desembocó en un altercado verbal entre ambos. Esto atrajo la atención de los transeúntes, que atacaron a Rania y a tres de sus amistades. La policía permaneció sin intervenir e incitó a la violencia con insultos homófobos y tránsfobos.

Rania Amdouni y sus amistades presentaron cargos y se abrió una investigación. Sin embargo, a pesar de que se conoce su identidad, los agentes no fueron suspendidos de funciones ni detenidos tras la investigación.

El acoso policial contra Rania Amdouni se intensificó tras la participación de ésta en protestas de carácter socioeconómico en enero de 2021. Unas fotos que la muestran delante de unos policías con escudos durante una manifestación el 30 de enero se hicieron virales y desencadenaron una campaña de acoso en Internet contra ella basada en su identidad de género y su apariencia. Rania ha declarado que los sindicatos policiales han difundido sus fotos en las redes sociales acompañadas de comentarios degradantes.

Su abogado dijo que, a pesar de que había presentado en su nombre al menos cinco denuncias contra agentes de policía, no se han iniciado investigaciones.

Las autoridades tunecinas han detenido y enjuiciado recientemente a varias personas destacadas por su activismo por cargos falsos como “insultar a un funcionario público”.

El 6 de marzo, fuerzas policiales detuvieron a Mahdi Barhoumi, director de programas de Alerta Internacional; Monther Souidi, del Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales; y Sami Hmaied, arquitecto, durante una reunión vespertina en la azotea del domicilio de Souidi. Según su abogado, un policía los había acusado de arrojarle una botella de plástico y de insultar a los sindicatos policiales. Los tres fueron acusados de “insultar a un funcionario público” en aplicación del artículo 125 del Código Penal, aunque quedaron en libertad provisional el 8 de marzo.

“Las autoridades tunecinas están usando el artículo 125 como un comodín para enjuiciar a todas las personas que se atreven a criticar a la policía o a denunciar su conducta. Deben dejar de enjuiciar a activistas y a defensores y defensoras de los derechos humanos por cargos imprecisos y proteger urgentemente el derecho a la libertad de expresión”, concluyó Amna Guellali.