Madrid/Barcelona.- Este jueves 25 de marzo se cumple el sexto aniversario desde que una coalición de Estados encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la que también forman parte Bahréin, Egipto, Jordania y Kuwait, inició una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas huzíes en Yemen, señalando así el comienzo de un conflicto armado. Desde entonces, más de 12.000 civiles han muerto como consecuencia y al menos cuatro millones de personas han tenido que huir de sus hogares. Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón denuncian una vez más que España, cuarto país del mundo en exportar armas a Arabia Saudí y décimo a Emiratos Árabes Unidos, debe “abandonar el lado oscuro” y dejar de ser cómplice de estas atrocidades, suspendiendo la venta de armas a estos países que están bombardeando Yemen. Además de Estados Unidos e Italia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Grecia o los Países Bajos han aprobado restricciones a las exportaciones militares a la coalición.
“¿A qué está esperando España? El gobierno debe abandonar el podio de los mercaderes de la muerte como Reino Unido, Francia o Canadá, que alimentan con armas a presuntos criminales de guerra saudíes y emiratíes y seguir el ejemplo de otros países, como Estados Unidos e Italia, que han decidido dar un paso adelante para respetar el derecho internacional, que prohíbe vender armas con las que se pueden cometer atrocidades. Es hora de cortar el grifo, tal como han pedido recientemente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Parlamento Europeo”, señala Esteban Beltrán, director de AI España.
“El pasado 18 de marzo se cumplieron 34 años desde la decisión de declarar secretas las actas de la Junta Interministerial que regula las ventas de armas. El gobierno tiene la oportunidad de, por fin, acabar con secretos que matan. Es cuestión de voluntad política”, señala Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.
“El Gobierno no puede continuar con estas ventas de armas que siguen contribuyendo a perpetuar un conflicto que ya se ha cobrado demasiadas vidas y a mantener la epidemia de impunidad de la que hablaba el Grupo Expertos de Yemen del Consejo de derechos humanos de la ONU. Deben ser inmediatamente suspendidas”, indica Jordi Armadans, director de FundiPau. Solo en 2020, los ataques aéreos de la coalición saudí causaron la muerte de 125 civiles en Yemen. El promedio diario de ataques aéreos fue de 6, el doble de 2019. Los ataques afectaron a instalaciones sanitarias, mercados, granjas, escuelas e infraestructuras hídricas vitales, incluidos pozos de agua. Al menos un centro de cuarentena de Covid-19 fue bombardeado. En 2020 también se documentaron más de 1.000 incidentes de daños a civiles y a objetos civiles en Yemen en los que resultaron heridos más de 900 civiles.
“Yemen sigue siendo la mayor catástrofe humanitaria del planeta, agravada por el bloqueo que la coalición internacional está llevando a cabo, restringiendo la entrada de ayuda humanitaria”, señala Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, que ha denunciado la escasísima contribución económica de ayuda humanitaria de España en esta crisis y ha reclamado al Gobierno que “aumente sustancialmente su aportación para paliar este desastre”.
Las organizaciones alertan de que los últimos datos, desde 2015 y hasta junio de 2020, sitúan a España como el cuarto exportador de armas a Arabia Saudí y el décimo a Emiratos Árabes Unidos. El valor de las exportaciones a ambos países asciende a un total de 2.055 millones de euros, mientras que la ayuda humanitaria que se destinó a Yemen es 893 veces menor: tan solo 2,3 millones. De hecho, las organizaciones recuerdan que España ni siquiera asistió a una conferencia organizada este mismo mes por las Naciones Unidas, Suecia y Suiza para comprometer fondos.
En cuanto a las cifras de autorizaciones españolas de exportaciones de armas (es decir, aquellas que todavía no se han llevado a cabo pero que sí están autorizadas) las cifras aún son más alarmantes: 2.694 millones, es decir, 1.171 veces más en armas que en ayuda humanitaria.
Las organizaciones han exigido al gobierno español que mientras continúe el bloqueo impuesto en Yemen y los crímenes de guerra no autorice la exportación de cinco corbetas de Navantia que se están construyendo en Cádiz a Arabia Saudí, cuya entrega está prevista entre enero de 2022 y junio de 2023. Este mes de mayo Navantia iniciará la formación de la dotación de la primera corbeta en un centro de adiestramiento que se está terminando de construir en San Fernando (Cádiz). Los marinos saudíes se alojarán en el Arsenal de La Carraca, en San Fernando.
En Consejo de Ministros de abril del año pasado el gobierno aprobó una medida muy interesante pero insuficiente: un protocolo para comprobar que las armas exportadas no se desvían a usos no autorizados u otros conflictos. Para el conflicto de Yemen lo que Naciones Unidas pide es una suspensión de la venta de armas, no un protocolo de seguimiento. Además, según las informaciones que disponemos, hasta diciembre de 2020 no se había aplicado a ninguna operación, pese a las denuncias reiteradas de desvíos de armas por parte de Arabia Saudí, EAU y Egipto a grupos armados en Siria, Yemen y Libia en los últimos años y de presuntos crímenes de guerra cometidos con esas armas.
Para las ONG, es urgente acabar con el secretismo que rodea a las exportaciones de armas. En marzo de 1987 se aprobó un acuerdo del Consejo de Ministros que clasificó como secretas las actas de la junta interministerial encargada de aprobar las exportaciones de armas. Para acabar con esta situación, el Gobierno debe modificar o revocar este acuerdo.
Además las organizaciones piden a la Mesa del Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios que pongan fin a la continua prórroga del plazo de enmiendas para la reforma de la Ley de Secretos Oficiales impulsada por el PNV, e impulsen la adopción de una nueva Ley de Secretos Oficiales que respete el principio de que toda restricción del derecho de acceso a la información cumpla los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con las normas internacionales.
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Con una población de 30,5 millones de habitantes, casi 4 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto y más de 12.000 han muerto por culpa del conflicto. Desde 2015, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organizaciones yemeníes de derechos humanos han documentado decenas de ataques aéreos aparentemente ilegales de la coalición, que han afectado a hogares, mercados, hospitales, escuelas, mezquitas y centros de detención. Algunos de los ataques pueden constituir crímenes de guerra. Hasta mediados de marzo de 2021, la coalición encabezada por Arabia Saudí y EAU ha llevado a cabo más de 22.700 ataques aéreos en Yemen desde que comenzó la guerra, una media de más de 10 ataques al día. Amnistía Internacional y otras organizaciones presentaron en 2019 a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una Comunicación para que se investigue su posible complicidad en 26 ataques aéreos concretos en los que hubo civiles víctimas de homicidio ilegítimo o lesiones y se destruyeron o dañaron escuelas, hospitales y otros bienes protegidos. La comunicación se centra en el papel de diversas empresas, incluida la española Airbus Defensa y Espacio, S.A.
Asimismo, cuatro de cada cinco personas necesitan ayuda humanitaria de algún tipo y las organizaciones señalan que la destrucción generalizada de los servicios de salud y de los servicios de saneamiento ha dejado a Yemen sumamente vulnerable al coronavirus.
En enero de 2021, en una sesión informativa al Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, afirmó que “los datos muestran que 16 millones de personas pasarán hambre este año. Ya hay unas 50.000 personas que se están muriendo de hambre en lo que es en esencia una pequeña hambruna. Otros 5 millones están a un paso de ello”.
