At least 15,000 Rohingya refugees are under quarantine in Bangladesh's vast camps, as the number of confirmed coronavirus infections there rose to 29. Health experts have long warned that the virus could race through the cramped settlements, housing almost a million Rohingya who fled violence in Myanmar, and officials had restricted movement in the area in April.[/caption]- Presentación del informe anual global de Amnistía Internacional
- La pandemia ha puesto de manifiesto la desigualdad sistémica, tanto en Oriente Medio y el Norte de África como en el resto del mundo, que ha afectado gravemente a las personas refugiadas, migrantes y presas
- Durante 2020, los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África intensificaron sus ataques a la libertad de expresión y, en algunos casos, castigaron al personal sanitario que habló de lo que estaba sucediendo
- Los dirigentes mundiales obstaculizaron la recuperación socavando la cooperación internacional
- La nueva secretaria general, Agnès Callamard, pide que se reparen los sistemas desmoronados
La pandemia ha puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas que han perpetuado la desigualdad, la discriminación y la opresión y han abonado el terreno para la ruina causada por la COVID-19, tanto globalmente como en Oriente Medio y el Norte de África. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en su informe anual, que ha publicado hoy.
El Informe La situación de los derechos humanos en el mundo abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020.
El informe destaca asimismo la manera en que la respuesta a la pandemia se ha visto aún más menoscabada por dirigentes tanto de Oriente Medio y el Norte de África como de todo el mundo que han explotado sin piedad la crisis para seguir atacando los derechos humanos.
“La COVID-19 ha revelado con toda crudeza y ha agravado las desigualdades existentes entre los países y dentro de ellos, y ha puesto de relieve el tremendo desprecio de nuestros dirigentes por el bien común de la humanidad. Decenios de políticas divisivas, medidas de austeridad desacertadas y decisiones oficiales de no invertir en infraestructuras públicas deterioradas han hecho que demasiadas personas sean presa fácil del virus”, ha manifestado Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional.
“Nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado.”
La pandemia aumenta el riesgo para las personas más vulnerables de la región de Oriente Medio y el Norte de África
En toda la región de Oriente Medio y el Norte de África, las desigualdades existentes en cuanto al disfrute de los derechos económicos y sociales, y la arraigada cultura de discriminación, han provocado que la pandemia haya afectado de forma desproporcionadamente negativa a algunos grupos de personas, entre ellas personas presas, refugiadas, migrantes y pertenecientes a minorías.
En una clara ilustración del alcance de la discriminación institucionalizada en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, las autoridades israelíes no proporcionaron vacunas a cinco millones de personas palestinas en Gaza y la Cisjordania ocupada cuando empezó la campaña de vacunación en diciembre de 2020. Esta decisión constituyó una violación flagrante de las obligaciones contraídas por Israel como potencia ocupante en virtud del derecho internacional.
Muchas personas refugiadas, migrantes y desplazadas internamente que ya corrían un mayor riesgo de contraer la COVID-19 a causa del hacinamiento de los campos y los centros de detención (como por ejemplo las personas que se encontraban en Libia) se enfrentaron además a restricciones de la movilidad que les limitaban el acceso al empleo y la protección y obstaculizaban la capacidad del personal humanitario de hacerles llegar ayuda.
La pandemia agravó también la ya vulnerable situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes de todo Oriente Medio y el Norte de África, ligados por el abusivo sistema de kafala (patrocinio) en Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar. Aunque algunos países del Golfo introdujeron medidas para exonerar de las sanciones a las personas que permanecían en ellos después de expirar sus visados, muchos trabajadores y trabajadoras migrantes fueron despedidos arbitrariamente de sus trabajos y estuvieron meses sin cobrar su salario. En Jordania, los miles de trabajadores y trabajadoras migrantes que perdieron su trabajo rara vez tuvieron acceso a protección social o a empleos alternativos.
En Libia, a las minorías de regiones históricamente desatendidas, como las comunidades tebu y tuareg, se les negó una atención médica adecuada al no poder acceder a hospitales controlados por grupos armados rivales o, en ocasiones, al carecer de documentos oficiales.
Las autoridades penitenciarias de la región de Oriente Medio y el Norte de África no aprovecharon la pandemia para abordar el hacinamiento endémico liberando a personas en prisión preventiva o que estaban privadas de libertad por delitos no reconocidos por el derecho internacional. La COVID-19 agravó la ya de por sí inadecuada atención médica en prisiones insalubres. En Arabia Saudí, Egipto e Irán, las autoridades utilizaron como castigo la retención de la atención médica, lo que dio lugar a algunas muertes en Egipto.
“En todo Oriente Medio y el Norte de África, 2020 fue un año catastrófico para las personas presas, refugiadas, migrantes y pertenecientes a minorías, que ya estaban marginadas y, a causa de la COVID-19, se encontraron en una situación más precaria que nunca. La pandemia ha amplificado las divisiones, la discriminación y la desigualdad que ya existían en la región. Los gobiernos deben priorizar la provisión de atención médica adecuada en las prisiones y, para aliviar el hacinamiento, todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Es fundamental que los gobiernos de la región garanticen que en la atención médica que proporcionan, incluidas las vacunas, no hay discriminación.”
Desprotección del personal sanitario
El personal sanitario en primera línea de la pandemia sufrió las consecuencias de unos sistemas de salud deliberadamente desatendidos y unas medidas pésimas de protección social.
En Egipto e Irán se amenazó o detuvo a profesionales de la salud por expresar críticas o preocupación por las respuestas de las autoridades a la pandemia. En Egipto, al menos nueve profesionales de la salud fueron detenidos en virtud de leyes antiterroristas por denunciar la gestión de la pandemia.
En Egipto, Marruecos, Siria y Túnez, al personal sanitario no se le proporcionaron equipos de protección individual (EPI).
“Debe reconocerse la valentía mostrada por los trabajadores y trabajadoras de la salud que han puesto sus vidas en peligro a pesar del tremendo riesgo al que se enfrentaban. Con unos programas lentos de vacunación, y sin que la pandemia dé señales de ceder en Oriente Medio y el Norte de África, es crucial que las autoridades garanticen que el personal sanitario está adecuadamente protegido”, ha manifestado Heba Morayef.
La represión continúa mientras algunos dirigentes de Oriente Medio y el Norte de África utilizan la pandemia como arma
En Oriente Medio y el Norte de África, los gobiernos de toda la región siguieron reprimiendo las críticas pacíficas y cometiendo violaciones de derechos humanos. Muchos de ellos respondieron a la pandemia de COVID-19 declarando estados de emergencia o, en algunos casos, aprobando legislación específica que imponía restricciones adicionales a la libertad de expresión o reunión.
En varios Estados del Golfo —Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán—, las autoridades usaron la pandemia de COVID-19 como pretexto para reprimir aún más el derecho a la libertad de expresión, con medidas como procesar por difundir “noticias falsas” a personas que publicaban en las redes sociales comentarios sobre las respuestas del gobierno a la pandemia.
Las autoridades de Argelia y Marruecos declararon el estado de emergencia sanitaria y castigaron con detenciones o procesamientos las críticas legítimas en relación con la pandemia. En Marruecos se utilizó una nueva ley de emergencia de salud para procesar a activistas de derechos humanos y periodistas ciudadanos por criticar la manera en que el gobierno gestionaba la pandemia. En Egipto e Irán, periodistas y personas usuarias de las redes sociales sufrieron acoso o detenciones por verter críticas en sus comentarios o su cobertura de la pandemia. Incluso en Túnez, los activistas se enfrentaban a cargos penales por criticar la distribución de ayuda por parte de las autoridades locales durante el confinamiento nacional.
En Arabia Saudí, Egipto e Irán, las autoridades continuaron con su implacable persecución de las personas que defendían los derechos humanos, que se manifestaban o que expresaban críticas de forma pacífica. En Israel, las autoridades recurrieron a redadas, acoso judicial y prohibiciones de viajar para intimidar a quienes formulaban críticas pacíficas, incluido el responsable de campañas de Amnistía Internacional Laith Abu Zeyad, que sigue sometido a una prohibición de viajar.
Falta de cooperación internacional en la respuesta a la COVID
Los dirigentes mundiales también han hecho estragos en la escena internacional dificultando los esfuerzos colectivos de recuperación al bloquear o debilitar la cooperación internacional.
Son ejemplos de ello:
- Los dirigentes de países ricos, como el expresidente Trump, que eludieron las iniciativas de cooperación global y adquirieron la mayor parte de los suministros mundiales de vacunas, dejando prácticamente sin ellos a otros países. Estos países ricos, además, no presionaron a las empresas farmacéuticas para que compartieran sus conocimientos y tecnología a fin de extender a todo el mundo el suministro de vacunas contra la COVID-19.
- El G-20, que propuso suspender los pagos de deuda a los países más pobres para reclamarlos posteriormente con intereses.
“La pandemia ha puesto en evidencia una cruda realidad: la incapacidad del mundo para cooperar eficazmente en momentos de necesidad global extrema”, ha declarado Agnès Callamard.
“Los Estados deben garantizar la rápida disponibilidad de vacunas para todas las personas, en todas partes, y que las vacunas sean gratuitas en el lugar donde se administren. Las empresas farmacéuticas deben compartir sus conocimientos y tecnología para que nadie se quede atrás. Y los miembros del G-20 y las instituciones financieras internacionales deben aliviar la deuda de los 77 países más pobres del mundo para que puedan combatir la pandemia y recuperarse de ella.”
Continúan las protestas para reclamar derechos
Mientras los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África han recurrido a medios represivos para intimidar a quienes los critican por sus respuestas a la pandemia, la población de toda la región ha seguido reclamando su derecho a la salud, la justicia y un medio de vida digno.
En Marruecos y Túnez, el personal sanitario organizó protestas contra la falta de medidas de protección adecuadas, incluida la insuficiencia de EPI.
En Líbano, tan sólo unos días después de la devastadora explosión en el puerto de Beirut, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes desarmados que pedían justicia para las víctimas, y utilizaron para ello fuerza ilegítima de manera temeraria: dispararon gas lacrimógeno, balas de goma y perdigones contra manifestantes desarmados, e hirieron a más de 230 personas.
Incluso antes de que estallara la pandemia, ya emergió entre las fuerzas de seguridad un claro patrón de uso de fuerza a menudo excesiva, ilegítima y en ocasiones letal para dispersar las protestas desde Irak hasta Irán.
En Libia, las escasas protestas celebradas en el este y el oeste contra la corrupción y contra las milicias y grupos armados que no rendían cuentas de sus actos recibieron como respuesta fuerza letal y secuestros.
En Túnez, tras meses de confinamiento se celebraron protestas contra el deterioro de la situación económica; las autoridades respondieron a ellas con fuerza ilegítima desproporcionada y detenciones generalizadas.
Las autoridades palestinas de Cisjordania y la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza siguieron reprimiendo la disidencia, con medidas como sofocar la libertad de expresión y de reunión, atacar a periodistas y detener a quienes se les oponían.
“Mientras los dirigentes de Oriente Medio y el Norte de África explotaban la pandemia para endurecer su control de la libertad de expresión, la población de la región ha seguido demostrando que no se quedará callada ante la opresión y la injusticia”, ha manifestado Heba Morayef.
“Desde valientes defensores y defensoras de los derechos humanos hasta periodistas que denuncian la situación, pasando por el personal sanitario que reclama sus derechos, la población de Oriente Medio y el Norte de África se ha alzado para exigir justicia económica y social, en una demanda que la pandemia ha intensificado aún más.”
