Los tribunales militares declararon culpables a cientos de civiles en el este de Libia en juicios secretos y flagrantemente injustos celebrados ante tribunales militares y dirigidos a castigar a opositores y críticos, o presuntos opositores y críticos, de las Fuerzas Armadas Árabes Libias y grupos afiliados a ellas. Así lo declaró Amnistía Internacional hoy. Entre 2018 y 2021, al menos 22 personas fueron condenadas a muerte, y cientos más a penas de prisión. Muchas de las personas acusadas fueron sometidas a tortura y otros malos tratos cuando se encontraban en prisión preventiva.

Entre los civiles juzgados por tribunales militares en los bastiones de las Fuerzas Armadas Árabes Libias se encontraban dos individuos encausados exclusivamente por su trabajo periodístico, un grupo que participó en protestas pacíficas y decenas de personas que defendían los derechos humanos o compartían en las redes sociales críticas a la Fuerzas Armadas Árabes Libias o a sus grupos armados afiliados.

Los ex detenidos que hablaron con Amnistía Internacional describieron toda una serie de abusos, como por ejemplo ser secuestrados y permanecer detenidos hasta tres años antes de ser remitidos siquiera a la fiscalía militar, permanecer recluidos en régimen de incomunicación hasta 20 meses en circunstancias equivalentes a desaparición forzada, recibir palizas o amenazas o ser sometidos a simulacros de ahogamiento. Algunos dijeron que les habían obligado a firmar “confesiones” de delitos que no habían cometido.

“Los juicios militares de civiles burlan las normas internacionales y regionales y son inherentemente injustos. En el este de Libia, esos juicios tienen lugar en secreto y, en ocasiones, en ausencia de abogados y acusados, lo que socava cualquier apariencia de justicia. El uso de juicios militares contra civiles es una evidente pantalla de humo con la que las Fuerzas Armadas Árabes Libias y sus grupos armados afiliados ejercen su poder de castigar a quienes se les oponen y provocar un clima de temor”, manifestó Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El Gobierno de Unidad Nacional debe poner fin de inmediato a los juicios militares de civiles, y debe ordenar investigaciones sobre la tortura y otros crímenes de derecho internacional cometidos por grupos armados.”

En virtud del derecho internacional, el uso de tribunales militares debe restringirse a juzgar a personal militar por infracciones de la disciplina militar. Los juicios militares de civiles son problemáticos porque los fiscales y jueces son miembros en activo del ejército y están sometidos a su jerarquía, por lo que carecen de independencia e imparcialidad.

En entrevistas mantenidas con 11 personas, entre ellas exacusados, defensores y defensoras de los derechos humanos, y profesionales del derecho, Amnistía Internacional concluyó que quienes se enfrentaban a juicios militares permanecían recluidos ilegalmente durante meses o incluso años y eran torturados y sometidos a procedimientos judiciales flagrantemente injustos.

Un hombre condenado por un tribunal militar en 2020 declaró que unos hombres afiliados a la “policía militar”, grupo armado aliado a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, lo habían golpeado, le habían amenazado con violarlo y le habían cubierto la cabeza con una capucha antes de verterle agua por encima para simular la sensación de estarse ahogando.

Juicios militares por críticas pacíficas

Entre quienes se enfrentan a procedimientos ante tribunales militares se encuentra una mujer que fue secuestrada de su casa por un grupo armado en febrero de 2020 por una publicación realizada en las redes sociales en la que criticaba a las Fuerzas Armadas Árabes Libias. Ni a su familia ni a su abogado les permitieron visitarla antes de que en abril de 2021 quedara en libertad provisional en espera de juicio.

Amnistía Internacional también supo que al menos 18 hombres detenidos en relación con las protestas de septiembre de 2020 contra grupos armados habían sido remitidos para ser juzgados ante tribunales militares.

Simulacros de juicio

Los procedimientos ante tribunales militares en el este de Libia burlaron múltiples derechos relativos a un juicio justo, entre ellos el derecho a contar con asistencia letrada antes del juicio y en su transcurso, el derecho a guardar silencio, el derecho a una vista justa y pública ante un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a estar presente durante el juicio, o el derecho a una sentencia razonada y a una revisión auténtica.

Los acusados describieron sistemáticamente cómo les negaban el acceso a un abogado durante la prisión preventiva, y en ocasiones incluso durante el juicio. También hubieron ataques contra profesionales del derecho. Según Libyan Crimes Watch, un grupo de derechos humanos libio, dos abogados fueron detenidos y recluidos durante varios días en marzo de 2020 sobre la base de denuncias contra ellos formuladas por Salim al-Ferjan, presidente del tribunal militar permanente de Bengasi. En una denuncia, examinada por Amnistía Internacional, un abogado acusó a Salim al-Ferjani de impedir que los abogados examinaran expedientes judiciales o presentaran argumentos de defensa ante el tribunal.

En mayo de 2020, un tribunal militar condenó al periodista Ismail Bouzreeba Al-Zway a 15 años de prisión por cargos de apoyar al terrorismo. Amnistía Internacional cree que el periodista fue castigado por el contenido encontrado en su teléfono, que incluía mensajes que criticaban a las Fuerzas Armadas Árabes Libias y comunicaciones con medios de comunicación extranjeros. A Ismail Bouzreeba Al-Zway le impidieron ponerse en contacto con su familia y su abogado durante toda su prisión preventiva, y lo juzgaron in absentia.

En varios casos, a los acusados no les notificaron los cargos exactos que se les imputaban hasta el momento del juicio, que se celebró a puerta cerrada y sin que los acusados tuvieran acceso a los expedientes judiciales o las pruebas en su contra, o a una sentencia razonada una vez declarados culpables.

Además, las sentencias de los tribunales militares sólo pueden recurrirse ante un tribunal militar superior.

Tanto los fiscales como los jueces militares carecen de independencia e imparcialidad, ya que están afiliados a las Fuerzas Armadas Árabes Libias o a grupos armados aliados. Por ejemplo, Faraj Al‑Soussa'a, actual director de la fiscalía militar en el este de Libia, representa también a las Fuerzas Armadas Árabes Libias en las conversaciones mantenidas, con mediación de la ONU (5+5), en la Comisión Militar Conjunta de Libia, mientras que Khairi al-Sabri, director de la Autoridad Judicial Militar General, fue anteriormente director del servicio de inteligencia militar bajo las Fuerzas Armadas Árabes Libias. A su vez, el juez del tribunal militar permanente de Bengasi está subordinado al director de la Autoridad Judicial Militar General.

Pena de muerte

Entre 2018 y 2020, los tribunales militares condenaron al menos a 22 personas a muerte tras juicios injustos, según declaraciones de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y las Fuerzas Armadas Árabes Libias. Según las organizaciones libias de derechos humanos, se dictaron al menos 31 condenas a muerte.

Amnistía Internacional se opone al uso de la pena de muerte en todas las circunstancias. Según el derecho internacional, los procedimientos en casos de pena capital deben cumplir escrupulosamente todas las normas pertinentes relativas a juicios justos, y llevar a cabo ejecuciones tras juicios injustos viola el derecho a la vida.

“Pedimos al Gobierno de Unidad Nacional de Libia que anule todas las declaraciones de culpabilidad y las condenas de civiles dictadas por tribunales militares. Todas las personas recluidas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos deben ser puestas en libertad de inmediato, y las que estén detenidas legalmente deben ser protegidas frente a la tortura y tener acceso a sus familiares y abogados. Todas las personas civiles acusadas de delitos reconocibles internacionalmente deben ser juzgadas ante tribunales civiles en procedimientos justos y sin recurrir a la pena de muerte”, ha manifestado Diana Eltahawy.

Graves consecuencias para los y las civiles condenados

Los y las civiles puestos en libertad tras cumplir su condena declararon que su enjuiciamiento había empañado su vida, incluidas sus perspectivas de encontrar empleo. Además, el temor a nuevas detenciones pende sobre sus cabezas.

Ibrahim el-Wegli, médico que trabajaba en un hospital público en Bengasi, dijo a Amnistía Internacional que, tras su liberación, su contrato con el sector público había sido anulado a causa de la sentencia de un tribunal militar contra él.

Dos hombres condenados por tribunales militares contaron también a Amnistía Internacional que, tras su liberación, habían recibido constantes amenazas verbales de nuevas detenciones y condenas más duras por parte de individuos afiliados a la “policía militar”. Eso les hizo huir de Libia.

Dudosos fundamentos jurídicos

En 2017, los miembros de la Cámara de Representantes, el último Parlamento designado por elección en Libia, aprobaron la ley núm. 4/2017, que establecía la jurisdicción de los tribunales militares sobre la población civil acusada de “terrorismo” y de delitos cometidos en “zonas militares”. Por aquel entonces, el país estaba dividido en dos entidades enfrentadas: por un lado, la Cámara de Representantes (con sede en Tobruk), aliada con las Fuerzas Armadas Árabes Libias y que controlaba gran parte del este del país, y por el otro el Gobierno de Acuerdo Nacional, reconocido internacionalmente y con sede en Trípoli.

En noviembre de 2018, un portavoz de las Fuerzas Armadas Árabes Libias declaró que las reformas de 2017 proporcionaban una base jurídica para que los tribunales militares juzgaran a las personas acusadas de “terrorismo”.

Sin embargo, en 2020, el entonces ministro de Justicia del Gobierno de Acuerdo Nacional aseguró que la ley aprobada por la Cámara de Representantes no estaba vigente, y afirmó que sólo los tribunales civiles tienen jurisdicción sobre la población civil.

El actual Gobierno de Unidad Nacional aún no se ha pronunciado públicamente sobre la validez de las reformas introducidas en 2017 en la legislación militar ni sobre los juicios de civiles ante tribunales militares.

Información complementaria

El Foro de Diálogo Político Libio dio lugar a la unificación nominal de las instituciones libias y al Gobierno de Unidad Nacional que juró su cargo ante la Cámara de Representantes el 10 de marzo de 2021. En la práctica, las Fuerzas Armadas Árabes Libias y los grupos armados aliados con ellas siguen ejerciendo el control efectivo sobre el este de Libia.