Ante la noticia de que la Fiscalía de la ciudad de Moscú ha suspendido las actividades de las oficinas regionales de Aleksei Navalny hasta que el tribunal resuelva si deberían prohibirse por “extremistas” junto con otras dos organizaciones creadas por Navalny, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha manifestado:

“La osadía y magnitud de este cínico ataque carecen de precedentes y en la práctica suprimen el derecho a la libertad de expresión y de asociación de miles de personas. Si se toma la decisión de prohibir tales organizaciones, las personas afines a Navalny, que en la práctica forman el partido político de oposición más grande del país, podrían enfrentarse a cargos por cualquier forma legítima de activismo político o trabajo relacionado con los derechos humanos.

“Decenas de personas que trabajan para la oficina principal de Navalny en 34 regiones rusas, así como cientos de miles de usuarios de Internet que han difundido materiales de los grupos de Navalny en redes sociales, son posibles objetivos de graves represalias.

“El objetivo es evidente: arrasar por completo el movimiento de Aleksei Navalny mientras él se consume en prisión. Es simbólico, y particularmente revelador de la cobardía de las autoridades rusas, que las actuaciones judiciales se hayan declarado ‘secretas’ y se celebren a puerta cerrada sin garantías suficientes de imparcialidad.”

Información complementaria

El 26 de abril, la Fiscalía de la ciudad de Moscú decidió suspender las actividades de las oficinas regionales de Aleksei Navalny hasta que el Tribunal Municipal de Moscú decida sobre su petición de prohibir tres organizaciones vinculadas a él por “extremistas”: la Fundación Anticorrupción (FBK en ruso), la Fundación para la Protección de los Derechos Ciudadanos y la “oficina central de Navalny”. Según la oficina de prensa de la Fiscalía, estas organizaciones “actúan creando condiciones para desestabilizar la situación social y sociopolítica bajo la apariencia de consignas liberales”. El tribunal decidió celebrar la vista a puerta cerrada debido a los expedientes judiciales que presuntamente contenían “secretos de Estado”.

En vista de la ausencia de independencia judicial y la profunda politización del sistema de justicia ruso por parte del poder ejecutivo, las esperanzas de que el tribunal celebre la vista en consonancia con las normas internacionales o de que se niegue a conceder la petición de la fiscalía son escasas o nulas. Según la legislación rusa, si se dicta la sentencia pertinente, todas las actividades de estos grupos quedarán prohibidas y sus activos serán confiscados.

La pertenencia a organizaciones ”extremistas” está penada con hasta 12 años de prisión. Financiar estas organizaciones podría suponer hasta 10 años de cárcel, y el uso público de sus símbolos y logotipos, un año de inhabilitación para presentarse a elecciones de cargos públicos. Las iniciativas de financiación colectiva (crowdfunding) de la Fundación Anticorrupción han tenido particular éxito en Rusia, logrando decenas de miles de donantes. Todas esas personas corren peligro de ser procesadas, y ha habido casos en Rusia donde se han aplicado sanciones penales con carácter retroactivo —incluidas penas de prisión— por aportaciones económicas realizadas antes de que un grupo fuera calificado de “extremista”.