Por Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

La humanidad logró un hito histórico: en menos de un año de declarada la pandemia del COVID-19, desarrolló distintas vacunas altamente efectivas para protegernos del virus que causó la muerte de más de 3 millones de personas en el mundo.

Sin embargo, las empresas farmacéuticas tienen serios problemas para abastecer la demanda global. Para garantizar el derecho humano a la salud, la solución evidente es la producción de más vacunas: las compañías deben compartir su conocimiento, datos y tecnología sin patentes. Esta iniciativa es resistida por las corporaciones y los estados más ricos.

El inventor de la vacuna contra la polio, Jonas Salk, tomó la histórica decisión de no limitar el acceso a sus descubrimientos. “No hay patente”, sostuvo: “¿Se puede patentar el sol?”. El drama de la escasez de vacunas significa que las personas con más riesgo de morir a causa del virus están expuestas y los trabajadores de salud, que se ubican en primera línea de combate, se encuentran indefensos.

Mientras tanto, los países ricos están apuntando a la inmunidad colectiva de sus poblaciones, que incluye vacunar a las personas que no corren riesgo en verano, la estación donde la transmisión es menor. Esta obscena situación de inequidad pone en peligro al mundo entero.

A esta crisis, se suma una urgencia adicional: infectólogos en el mundo sostienen que las demoras le otorgan tiempo al virus para mutar en nuevas variantes que podrían reducir o eliminar la efectividad de las dosis ya aplicadas. Estamos en una carrera en la que solo podemos salvarnos si trabajamos colectivamente. Ningún país puede protegerse solo.

La buena noticia es que existen iniciativas que buscan resolver este problema. Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y apoyar la propuesta de exención de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, compromiso internacional que regula los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, encabezada por India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio.

Esta acción liberaría temporalmente las protecciones de patentes y propiedad Intelectual que actualmente crean obstáculos para que otros fabricantes produzcan vacunas contra el COVID-19. En este punto, es importante considerar que las empresas farmacéuticas recibieron una enorme cantidad de dinero público para desarrollar sus investigaciones.

Los más escépticos pueden argumentar que liberar las patentes no resuelve por sí solo el problema. Es verdad, pero removería uno de los principales obstáculos. En paralelo, entra en juego el Grupo de Acceso Mancomunado a la Tecnología COVID-19 (C-TAP) propuesto por la OMS. Este espacio busca ser una ventanilla única donde las empresas pueden compartir datos, conocimientos, y propiedad intelectual; y luego otorgar licencias de producción y transferir tecnología a otros posibles fabricantes. Argentina apoya ambas iniciativas a nivel global.

Para avanzar con estos proyectos es necesario revertir la resistencia de las farmacéuticas y sumar el apoyo de los estados más poderosos. Las próximas reuniones ordinarias del Consejo de ADPIC son los días 8 y 9 de junio, pero antes hay diversos encuentros formales e informales en los que debemos hacer escuchar nuestra voz.

Hay que abandonar el nacionalismo de las vacunas. Llevar este insumo médico clave a todas las personas en el mundo requerirá un enfoque basado en la solidaridad en lugar de la competencia, con gobiernos y empresas trabajando juntos para robustecer la oferta mundial en lugar de batallar por las dosis disponibles. Es tiempo de liderazgos positivos y cooperación internacional entre países, la misma que mostraron nuestros científicos. La vacuna contra el COVID-19 es un bien público global. Es una cuestión de vida o muerte.