“Las autoridades de Azerbaiyán deben poner fin de inmediato a una infame campaña de violencia de género contra defensoras de los derechos humanos y mujeres activistas, e investigar y exigir cuentas a las personas responsables, sean particulares, funcionarios del Estado o miembros de las fuerzas de seguridad”, ha declarado Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy.

El informe documenta un intento sistemático de difamar y silenciar a mujeres activistas o con parejas activistas. Por una parte, se las somete a campañas de desprestigio y se las acusa de ser “malas esposas” o “malas madres”; por otra, se las chantajea con el hackeo de sus cuentas en las redes sociales y la publicación de conversaciones privadas, datos personales y materiales de carácter sexual. Ha habido al menos 15 casos de este tipo en los últimos 2 años, y su número está aumentando.

“El patrón y los métodos de estas represalias sexistas y el hecho de que los objetivos sean mujeres que han denunciado violaciones de derechos humanos o son críticas con las autoridades, indica claramente que las autoridades de Azerbaiyán son responsables directas o cómplices de estos delitos. Es el represivo gobierno de Azerbaiyán el que se beneficia de estos sucios métodos”, afirmó Natalia Nozadze, investigadora de Amnistía Internacional sobre el Cáucaso Sur.

“Vimos hace años el uso de este juego sucio contra Khadija Ismayilova, una de los periodistas de investigación más destacados del país y ex presa de conciencia, y lo estamos viendo de nuevo en una escala más amplia”.

Amnistía Internacional dijo que hay canales anónimos de Telegram que publican información probablemente obtenida de forma encubierta por fuerzas de seguridad encargadas de hackear cuentas de mujeres activistas. Según la opinión general, estos mismos canales están respaldados por las autoridades.

“Esto es parte de una estrategia deliberada para amordazar a quienes critican al gobierno y eliminar el activismo de las mujeres. Las autoridades creen que avergonzando y chantajeando a estas activistas, éstas renunciarán a su legítimo activismo o presionarán a su pareja para que renuncien”, dijo Natalia Nozadze.

Quienes organizaron la marcha del Día Internacional de la Mujer de este año en Bakú, que dispersaron las fuerzas de seguridad, han sido objeto de ataques: en marzo de 2021 se publicaron en Internet conversaciones privadas de Narmin Shahmarzade, así como fotos y mensajes privados hackeados de Gulnara Mehdiyeva.

En un caso especialmente estremecedor, Amina Rustamzade, esposa del activista y ex preso de conciencia lkin Rustamzade, intentó suicidarse en julio de 2020 después de ser objeto de ataques personales, como un anuncio en un sitio de acompañantes con sus datos de contacto y reiteradas amenazas de revelar su vida privada.

“Pero la persecución no termina allí. Se usan estereotipos de género para avergonzar públicamente y discriminar a estas activistas, etiquetándolas de ‘malas esposas y madres’ o de ‘mentalmente inestables’. Este flujo sin fin de difamación se reproduce en los púlpitos, las tribunas oficiales y las pantallas de televisión. A veces se utilizan incluso escuchas telefónicas ilegales para respaldar estas ‘acusaciones’”, añadió Natalia Nozadze.

Las activistas deben poder ejercer sus derechos y llevar a cabo su legítimo activismo sin sufrir acoso ni represalias.

Las autoridades de Azerbaiyán deben garantizar que se pone fin de inmediato a esta campaña de violencia de género y discriminación contra mujeres activistas y que se realiza una investigación inmediata, imparcial y efectiva sobre todos y cada uno de los incidentes conocidos, así como sobre otras violaciones de sus derechos humanos, como el derecho a la vida privada. Asimismo, deben identificar y enjuiciar en actuaciones con las debidas garantías a toda persona presuntamente culpable o cómplice de estos actos, sean particulares o miembros de los servicios de seguridad o de otros organismos del Estado.