La descarada utilización por parte de Turquía de las conclusiones del GAFI, un organismo de vigilancia de la financiación internacional del terrorismo y el blanqueo de capitales, para apresurarse a promulgar una draconiana ley que ataca a las organizaciones de la sociedad civil es una advertencia para el mundo que debe ser cuestionada, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo documento informativo publicado hoy, en vísperas de la reunión anual de examen del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que se celebrará del 21 al 25 de junio.

El documento, titulado Weaponizing counter-terrorism: Turkey’s exploitation of terrorism financing assessment to target civil society (Instrumentalización de la lucha contra el terrorismo: Turquía aprovecha la evaluación de la financiación del terrorismo para atacar a la sociedad civil) revela cómo una nueva ley aprobada con el pretexto de combatir la financiación del terrorismo amenaza con socavar el trabajo legítimo de las organizaciones de la sociedad civil. La Ley núm. 7262 (Prevención de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) introduce nuevas medidas que violan los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como las garantías de justicia procesal reconocidas internacionalmente.

“Esta estrambótica ley que se introdujo a vertiginosa velocidad con el pretexto de combatir el terrorismo es un intento apenas disimulado de incrementar la presión sobre un sector que ya lleva más de cinco años sufriendo una implacable represión”, ha declarado Nils Muižnieks,director de Amnistía Internacional para Europa.

La gente teme ser señalada como “terrorista” o que su trabajo legítimo se considere una “amenaza para la seguridad” y esto ha tenido un efecto disuasorio y reduce el espacio para la libre expresión y asociación. Durante el estado de emergencia declarado entre 2016 y 2018, más de 1.300 asociaciones y fundaciones y más de 180 medios de comunicación fueron clausurados permanentemente por decretos ejecutivos debido a inespecíficos vínculos con organizaciones “terroristas”.

“Utilizar las exigencias del GAFI como excusa para atacar a las personas críticas y silenciar la disidencia establece un peligroso precedente del que tomarán buena nota muchos otros gobiernos de todo el mundo que tratan de silenciar a sus propios críticos”, ha afirmado Nils Muižnieks.

“En su reunión de la semana que viene, el GAFI no sólo debe reconocer estas consecuencias no deseadas, sino también tomar medidas concretas para corregirlas. No hacerlo sería una abdicación de sus responsabilidades que podría significar un desastre para la sociedad civil, tanto en Turquía como en otras partes del mundo.”

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es una organización intergubernamental cuyo mandato es luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y combatir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En febrero de 2021, el GAFI presentó un nuevo proyecto para estudiar y mitigar las consecuencias no deseadas de la aplicación incorrecta por parte de los Estados de sus recomendaciones y normas. El proyecto examina la supresión de las organizaciones sin ánimo de lucro consecuencia de que los Estados no apliquen su enfoque basado en los riesgos, así como las amenazas que para los derechos humanos supone el uso indebido de sus normas.

Según la Global NPO Coalition on FATF (Coalición Mundial de Organizaciones sin Ánimo de Lucro sobre el GAFI), que monitorea los países que han impuesto restricciones indebidas a la libertad de asociación por temores relativos a la financiación del terrorismo, Albania, Bangladesh, Camboya, Pakistán, Sri Lanka y Venezuela también han utilizado las normas del GAFI para atacar a la sociedad civil.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con: Stefan Simanowitz, press@amnesty.org