“La Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong ha diezmado las libertades de la ciudad y ha creado un panorama cada vez más carente de protecciones de los derechos humanos”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo documento de investigación publicado hoy, exactamente un año después de la entrada en vigor de la Ley impuesta por Pekín.

In the Name of National Security’ detalla cómo la Ley, vigente desde el 30 de junio de 2020, ha dado a las autoridades vía libre para criminalizar ilegítimamente la disidencia al mismo tiempo que ha suprimido los derechos de las personas contra las que se aplica.

“En un año, la Ley de Seguridad Nacional ha puesto a Hong Kong en una vía rápida para convertirse en un Estado policial y ha creado una emergencia de derechos humanos para quienes viven allí”, declaró Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

“Desde la política hasta la cultura, pasando por la educación y los medios de comunicación, la ley ha afectado a todas y cada una de las partes de la sociedad honkonesa y ha fomentado un clima de miedo que obliga a los residentes a pensar dos veces lo que dicen, lo que tuitean y cómo viven su vida".

“En última instancia, esta ley, general y represiva, amenaza convertir la ciudad en un erial de derechos humanos que recuerda cada vez más a la China continental”.

Basándose en el análisis de sentencias judiciales y notas de vistas judiciales, y entrevistas con activistas afectados por la Ley, el informe de Amnistía muestra cómo se la ha utilizado para cometer en los últimos 12 meses todo un abanico de violaciones de derechos humanos.

En este periodo, el gobierno ha utilizado en reiteradas ocasiones la “seguridad nacional” como pretexto para justificar la censura y el hostigamiento, así como detenciones y enjuiciamientos. Hay datos que indican claramente que las supuestas salvaguardias de los derechos humanos previstas en la Ley son efectivamente inútiles, al mismo tiempo que tienen precedencia sobre las protecciones existentes en la legislación ordinaria de Hong Kong.

La inversión de la presunción de inocencia viola el derecho a un juicio con garantías
El 1 de julio de 2020, el primer día de vigencia de la Ley de Seguridad Nacional, la policía detuvo a más de 300 manifestantes, 10 de ellos por violar presuntamente esta ley. Desde entonces, el gobierno ha seguido deteniendo y enjuiciando a personas en aplicación de la Ley sólo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.

Lo que es peor: las personas acusadas en aplicación de la Ley son efectivamente objeto de la presunción de culpabilidad y no de inocencia, lo que significa que se les niega la libertad provisional a menos que puedan demostrar que no “continuarán cometiendo actos que ponen en peligro la seguridad nacional”.

En consecuencia, las personas encausadas son sometidas a periodos prolongados de detención preventiva. El 70% de las personas enjuiciadas oficialmente en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional están actualmente bajo custodia tras habérseles denegado la libertad provisional. La presunción de inocencia es parte fundamental del derecho a un juicio justo.

El informe expone también cómo han utilizado las autoridades la Ley de Seguridad Nacional para:

• Reprimir la labor de incidencia política internacional con la detención o la orden de detención de 12 personas por “connivencia” o “conspiración para actuar en connivencia” con “fuerzas extranjeras” por estar en contacto con miembros del cuerpo diplomático, pedir sanciones a otros países o pedir a otros países que dieran asilo a quienes huyen de la persecución. Otras personas fueron perseguidas por sus publicaciones en las redes sociales o por conceder entrevistas a medios de comunicación extranjeros.


• Ampliar las facultades de las fuerzas del orden que llevan a cabo investigaciones, dando incluso a la Unidad de Seguridad Nacional de la policía de Hong Kong poder para registrar propiedades, bloquear o confiscar activos, e incautar material periodístico, como hizo en las dos incursiones realizadas en el diario prodemocracia Apple Daily en estos últimos 12 meses. Estos poderes sin control dejan poco margen para prevenir posibles violaciones de derechos humanos durante el proceso de investigación.

“El gobierno de Hong Kong debe dejar de usar su definición, excesivamente amplia, de 'poner en peligro la seguridad nacional' para la restricción general de libertades. Para empezar, debe retirar todos los cargos penales formulados contra las personas actualmente enjuiciadas por ejercer sus derechos humanos”, dijo Yamini Mishra.

“Además, la ONU debe iniciar un debate urgente sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en China, lo que incluye la implementación de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong”.

Información complementaria
La Ley de Seguridad Nacional fue aprobada por unanimidad por la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional Popular China y entró en vigor en Hong Kong el 30 de junio de 2020 sin que hubiera mediado ninguna consulta pública significativa formal o local.

La Ley se dirige contra supuestos actos de “secesión”, la “subversión del poder del Estado”, “actividades terroristas” y la “connivencia con fuerzas extranjeras o exteriores para poner en peligro la seguridad nacional”.

Esta definición general de “seguridad nacional”, que sigue la definición de las autoridades centrales de China, carece de claridad y de previsibilidad jurídica y se utiliza arbitrariamente como pretexto para restringir los derechos humanos a la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación, y a la libertad personal, además de para reprimir la disidencia y la oposición política.

La aplicación arbitraria de esta ley y la imprecisión de sus definiciones de lo que constituye delito imposibilitan de hecho saber cómo y cuándo cabe considerar que ha sido violada, lo que ha producido un efecto disuasorio instantáneo en todo Hong Kong desde el primer día.

Entre el 1 de julio de 2020 y el 23 de junio de 2021, la policía ha detenido u ordenado la detención de al menos 114 personas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. El 23 de junio de 2021 había 64 personas acusadas formalmente, de las que 45 están actualmente en detención preventiva.