Tras la redada del apartamento en Moscú del periodista y redactor jefe Roman Dobrokhotov, así como de la casa de sus padres, Marie Struthers, directora regional de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

“Las redadas llevadas a cabo por la policía esta mañana son un flagrante intento de intimidar a un periodista que ha dejado clara su intención de no dejarse silenciar por la calificación, la semana pasada, de su publicación como ‘agente extranjero’”.

“Crece el temor por que los registros domiciliarios de hoy puedan ser un precursor de que Roman Dobrokhotov sea injustamente designado sospechoso en un caso de difamación criminal por el que podría ser condenado a hasta dos años de prisión.

“Las autoridades rusas deben poner fin al acoso de Roman Dobrokhotov y eliminar la etiqueta de ‘agente extranjero’ puesta a su publicación, The Insider; asimismo, deben detener la caza de brujas contra periodistas, grupos de la sociedad civil y defensores y defensoras de los derechos humanos que desafían al represivo gobierno de Vladimir Putin. También deben despenalizar la difamación y dejar de utilizar procedimientos penales contra quienes critican a dichas autoridades.”

Información complementaria

El 23 de julio, The Insider, la publicación de la que Roman Dobrokhotov es fundador y redactor jefe, fue calificada de “agente extranjero” por las autoridades rusas.

Dobrokhotov declaró que la publicación, registrada en Letonia, haría caso omiso de esa decisión.

Rusia ha utilizado ampliamente su draconiana ley sobre “agentes extranjeros” para asfixiar la financiación de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, empañar su reputación y someter a su personal a intimidación o procesamiento. La ley también se ha reformado y se ha aplicado a personas para atacar a activistas políticos y a quienes defienden los derechos humanos.

En virtud de la ley, la etiqueta de “agente extranjero” se aplica obligatoriamente a las publicaciones y demás materiales emitidos por asociaciones públicas y sus miembros, así como al personal de las ONG y a las personas designadas oficialmente como “agentes extranjeros”.