Los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2020 cuando Blas viajaba en el asiento de atrás del auto que compartía con 4 amigos. De regreso a su casa dieron un giro equivocado en una calle. Según muestran las cámaras de seguridad, unos metros más adelante había dos patrulleros y policías con armas esperándolos. Los jóvenes se habrían asustado y por eso no se detuvieron. Sin dar ningún aviso, la policía comenzó a disparar hacia el auto.
Blas recibió un tiro que ingresó por la luneta del auto y atravesó uno de sus omóplatos. Sus amigos hicieron todo lo posible para ayudarlo y lo llevaron a una clínica que se negó a atenderlo. Camino a otro hospital, fueron nuevamente interceptados por la policía que les impidió seguir. Blas murió sin llegar a ser atendido.
A un año de su muerte, hay policías imputados tanto por su homicidio como por intentar encubrir la escena y buscar “plantar” un arma para simular un supuesto enfrentamiento. En total son 13.
Esta tarde se realiza, desde las 18, una marcha en silencio en Córdoba Capital, que parte desde Colón y General Paz para reclamar justicia a las autoridades.
“Nunca pensé que mi hijo iba a morir en manos de la policía. No solo lo mataron, sino que intentaron encubrir y mancharlo con mentiras que las imágenes de las cámaras desmienten. Justicia por Blas es garantizar que ningún pibe sea asesinado por la policía, que es quien debe cuidarnos. El Gobierno debe tomar nota porque acá hubo violencia institucional. Esto no debe volver a ocurrir”, sostuvo Soledad Laciar, madre de Blas.
“Desde Amnistía Internacional, acompañamos a la familia en su reclamo. Las autoridades deben garantizar que se lleve a cabo una investigación independiente que condene a todos los responsables. Es urgente que se lleven a cabo acciones efectivas para desalentar la institucionalización del abuso de la fuerza y la impunidad y, a la par, generar mayores niveles de confianza de la población. Este caso deja en evidencia la necesidad de una reforma estructural en las fuerzas de seguridad y de tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia institucional en la Argentina", sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
