Argentina no cuenta con un relevamiento oficial sobre el impacto del Covid-19 en los derechos humanos de población indígena. Las limitaciones para poder trasladarse y trabajar, la ausencia de condiciones sanitarias adecuadas, las dificultades para acceder a beneficios sociales, el avance sobre territorios ancestrales de manos de privados o de la fuerza pública, la discriminación y la proliferación de situaciones de uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad son algunas de las vulneraciones que sufren los pueblos originarios.
Referentes históricos en la lucha por los derechos de sus pueblos han perdido la vida (entre ellos, Francisco Pérez, comunidad Lhaka Honhat, Salta; Israel Alegre, comunidad qom, Formosa).
Violencia institucional contra pueblos originarios
Si bien en situación de pandemia se han registrado diversos casos de violencia institucional, cabe destacar dos de ellos que involucran a comunidades indígenas en Chaco como reflejo de una tendencia alarmante.
El 11 de junio pasado Josué Lagos, de 23 años, falleció en el acto tras el impacto de una bala de arma de fuego en medio de la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad provinciales en la comunidad qom del barrio Los Silos, en la localidad de San Martín, Chaco.
La Justicia decidió dictar la “falta de mérito” para el único imputado por el homicidio. El caso permanece impune.
Otro caso que se encuentra bajo proceso judicial es el que involucra a la fuerza de seguridad en Fontana, Chaco. La madrugada del domingo 31 de mayo del año pasado, un grupo de policías ingresó sin orden de allanamiento a tres domicilios en el Barrio Banderas Argentinas. De la causa surge que ingresaron violentamente a las casas y que se llevaron detenidos a 4 jóvenes, una de ella denunció abuso sexual por parte de los agentes. Amnistía Internacional acompaña a las víctimas y publica las últimas novedades judiciales del caso.
Territorio Indígena y Ley de Emergencia Nacional
A las constantes vulneraciones de derechos agravadas por el contexto de pandemia, se suma la deuda histórica con la propiedad comunitaria indígena, y la entrega y titulación de territorios ancestrales. Por eso, es fundamental que continúe en vigencia la ley de emergencia territorial indígena 26.160 que suspende los desalojos y se propone relevar las tierras ocupadas por las comunidades originarias a lo largo del territorio nacional.
En este sentido, Amnistía Internacional reiteró el pedido de información pública al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para conocer avances de este relevamiento.
En la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández había señalado que este año se prorrogaría la medida y que se iniciaría “la reparación histórica que establece la manda constitucional”.
“La respuesta a la Pandemia ha vuelto a exponer los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en Argentina: violencia, discriminación y exclusión. El Estado debe llevar adelante políticas activas para transformar las prácticas que reafirman esos patrones y garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios” señaló Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
En el Día Internacional de los Pueblos Originarios, Amnistía Internacional llama al Estado argentino a garantizar derechos humanos, a detener la violencia policial y a prorrogar la ley de emergencia territorial indígena.
Más información:
Informe Anual: https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2021/04/0504_Amnist%C3%ADa-informe-anual-pandemia-2.pdf
Territorio Indígena: https://www.territorioindigena.com.ar/
