Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega han instado hoy a los gobiernos a apoyar un proceso dirigido por la ONU para regular el comercio de material para hacer cumplir la ley, destacando que armas omnipresentes como las porras policiales suelen utilizarse de un modo indebido, en actos que pueden ser constitutivos de tortura y otros malos tratos.

En su nueva investigación, titulada Golpes contundentes, estas organizaciones presentan 188 incidentes en los que agentes del orden han hecho un uso indebido de armas para golpear, como porras, cuyo comercio apenas está regulado en la actualidad. La investigación se basa en fotografías y vídeos de acceso público de 35 países, e incluye ejemplos de la represión violenta de manifestaciones en Bielorrusia, Colombia, Francia, India y Myanmar. Los vídeos muestran a agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizando porras y armas similares, como lathis y sjamboks (vergajos) para infligir castigos, golpear a personas ya inmovilizadas, propinar peligrosos golpes en la cabeza de manera injustificada, y producir asfixia inmovilizando a las personas por el cuello.

A medida que avanza el proceso de la ONU para crear un marco regulador internacional, Amnistía y la Fundación Omega reclaman que el comercio de armas para la aplicación de la ley consideradas “menos letales” se someta a controles más estrictos, así como la prohibición total de cierto tipo de material intrínsecamente abusivo, utilizado para infligir tortura o aplicar la pena de muerte.

“Si se les da un uso indebido, las porras pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte. A pesar de ello, el comercio de material para hacer cumplir la ley como éste sigue beneficiándose de una sorprendente falta de regulación. Los gobiernos deberían tener la obligación de realizar rigurosas evaluaciones de riesgo antes de autorizar la exportación de este material”, ha afirmado Verity Coyle, asesora general de Amnistía Internacional sobre transferencias de material militar, de seguridad y policial.

“Asimismo, los Estados deben garantizar que el personal de los organismos encargados de hacer cumplir la ley cuente con cualificación y formación sobre cómo desarrollar actuaciones policiales respetuosas con los derechos humanos, también en el contexto de reuniones públicas, donde se han producido muchas de las violaciones documentadas. Existen normas internacionales que regulan el uso de la fuerza por parte de la policía, pero nuestra investigación demuestra que se incumplen en todo el mundo, lo cual tiene consecuencias muy peligrosas”.

Armas de amplio uso y abuso

Las armas para golpear, como porras, lathis (bastones largos) y sjamboks (vergajos o látigos rígidos), son el tipo de arma menos letal más utilizado entre la policía y las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Este uso generalizado hace que también sea el material que se utiliza con más frecuencia de forma abusiva, especialmente en el contexto de la represión de manifestaciones.

Algunas armas y materiales menos letales pueden tener un uso legítimo para hacer cumplir la ley, siempre y cuando se utilicen correctamente y de acuerdo con las normas internacionales. Los agentes del orden se enfrentan a situaciones muy diversas que exigen la toma de decisiones inmediatas, a menudo en circunstancias de mucho estrés e incluso de peligro. Sin embargo, sólo debe recurrirse al uso de la fuerza con el máximo respeto a la ley y teniendo debidamente en cuenta los graves efectos que puede tener sobre varios derechos humanos.

De acuerdo con los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, la policía sólo debe hacer uso de la fuerza con fines legítimos de aplicación de la ley, y no debe emplear más fuerza de la necesaria para cumplir con este objetivo. Cualquier posible daño provocado por el uso de la fuerza por parte de la policía no puede ser mayor que el daño que se pretende evitar. Además, al igual que otros medios que conllevan el uso de la fuerza, las porras nunca deben utilizarse con fines punitivos Estas normas también rigen para el mantenimiento del orden en las reuniones públicas.

En el informe Golpes contundentes se demuestra que los agentes del orden incumplen habitualmente el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, atacando a manifestantes que no representan una amenaza violenta.

El Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional y su Cuerpo de Verificación Digital (Digital Verification Corps) han analizado más de 500 vídeos de manifestaciones celebradas entre 2011 y 2021, en los que han identificado y verificado 188 casos de uso indebido de porras. Aquí pueden consultarse vídeos de cinco casos ilustrativos, junto al análisis de Amnistía y la Fundación Omega sobre cómo se han incumplido las normas internacionales en cada caso.

Por ejemplo, un vídeo grabado en Hong Kong muestra a varios agentes golpeando repetidamente con porras a un joven manifestante.  Uno de los agentes le da en la cabeza haciéndole sangrar. Los golpes en la cabeza son especialmente peligrosos y pueden llegar a resultar fatales; además, el derecho y las normas internacionales prohíben que se ponga en riesgo la vida de otra persona a menos que sea inevitable, y únicamente en respuesta a una amenaza igualmente grave.  Lo fundamental es que el vídeo muestra que claramente los agentes tenían otras opciones menos lesivas para cumplir con su objetivo de detener al manifestante.

En unas imágenes captadas en Bielorrusia, se ve a la policía antidisturbios llevar a un manifestante escaleras abajo y, a pesar de que no opone resistencia al arresto, uno de los agentes lo golpea en la parte posterior de las piernas. Mientras uno de los agentes lo sujeta, el manifestante recibe golpes de porra en la parte posterior de la cabeza y puñetazos en cara y estómago. Cuando un sujeto está bajo control, los golpes de porra son un acto innecesario y desproporcionado y suponen un uso punitivo del arma, constitutivo de tortura y de trato o castigo cruel, inhumano y degradante, lo cual supone a su vez una violación del derecho internacional.

El proceso de la ONU

El secretario general de la ONU ha encargado a un grupo de personal experto que desarrolle propuestas con el objetivo de crear un marco internacional para regular el comercio de material que pueda utilizarse para infligir tortura o aplicar la pena de muerte, entre el que se encuentra el material menos letal, como las porras y el gas lacrimógeno. Este grupo debe presentar sus resultados en la Asamblea General de la ONU de 2022.

Habida cuenta del claro riesgo de uso indebido de las armas para hacer cumplir la ley más habituales, cualquier marco global que pretenda regular su comercio debe contemplar la mayor variedad posible de este tipo de material.

Michael Crowley, adjunto de investigación de la Fundación de Investigación Omega, ha señalado:

“Un número cada vez mayor de Estados reconoce la necesidad de abordar el comercio de armas y material para hacer cumplir la ley en el marco de la lucha global contra la tortura y otros malos tratos. El actual proceso de la ONU para elaborar normas internacionales comunes es una oportunidad única para regular un comercio que lleva décadas fuera de control.

“Pedimos a todos los Estados que apoyen la creación de un instrumento mundial jurídicamente vinculante que prohíba el material y las armas intrínsecamente abusivos e imponga estrictos controles sobre el comercio de material estándar para hacer cumplir la ley, a fin de garantizar que este tipo de material no llegue nunca a quienes van a emplearlo para infligir tortura u otros malos tratos. Para lograr un verdadero cambio, esta regulación debe incluir aquellas armas que los agentes encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo suelen usar de un modo indebido con mayor frecuencia, como es el caso de las porras”.