En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional resalta cómo la Agencia de Seguridad Nacional de Egipto —especializada en casos de terrorismo y políticos— recurre, cada vez más, a una práctica perfectamente diseñada de citaciones ilegales, interrogatorios coercitivos y constitutivos de trato o pena cruel, inhumano o degradantey medidas excesivas de vigilancia o libertad vigilada, con el fin de hostigar e intimidar a defensores y defensoras de los derechos humanos y a activistas políticos, cuyas vidas destruyen, para que guarden silencio.

El informe, titulado "Nada de esto terminará mientras vivas", documenta cómo la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) ha utilizado las medidas descritas para controlar la vida de 19 hombres y 7 mujeres entre 2020 y 2021. Estos activistas y defensores o defensoras de los derechos humanos aseguran que, cada vez que reciben una citación, los agentes de la NSA los amenazan con la detención si no asisten a los interrogatorios, y que si alguien no comparece, los agentes allanan su domicilio.

Al menos una veintena explica que el temor a ser detenidos por la Agencia de Seguridad Nacional los ha hecho vivir con depresión y ansiedad constantes, les ha impedido disfrutar de derechos clave y ha entorpecido gravemente su capacidad para llevar una vida normal. En consecuencia, temen expresar sus opiniones y no se atreven a participar en actividades políticas, con lo que algunos se habían visto en la necesidad de exiliarse.

“Esta nueva táctica de la NSA, consistente en intimidar y hostigar a activistas, profesionales del derecho y personal de ONG, destruye vidas. Les impide trabajar y viajar, y les hace vivir con el temor constante a ser detenidos. Las preguntas y amenazas de la NSA dejan traslucir claramente un objetivo: asfixiar el activismo de derechos humanos y político”, sostiene Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Es un caso más de abuso de poder por parte de la Agencia Nacional de Seguridad, que niega sin disimulo las libertades y los derechos humanos básicos. La impunidad de las violaciones por ella perpetradas a lo largo de los años pone de manifiesto la falta de voluntad política para acabar con estas prácticas abusivas. Por eso, Amnistía Internacional insta a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a apoyar, con carácter de urgencia, el establecimiento de un mecanismo de supervisión y presentación de informes sobre Egipto”.

Las medidas que la NSA toma contra activistas, sin orden judicial ni ningún otro fundamento legal, constituyen violaciones del derecho y las normas internacionales, y conculcan también la Constitución y del Código de Procedimiento Penal del propio Egipto.

Interrogatorios abusivos

Los agentes de la NSA han preguntado a las personas citadas —algunas de las cuales se han expresado a través de las redes sociales— por sus actividades y opiniones en materia de derechos humanos y política.  Asimismo, les han formulado preguntas sobre las actividades y operaciones de grupos de oposición, movimientos políticos u organizaciones de derechos humanos, a las que sospechan que están vinculadas, y les han ordenado informar al respecto. Tampoco se ha permitido a estas personas comparecer en los interrogatorios acompañadas de sus abogados o abogadas.

Durante los interrogatorios, los agentes les han formulado preguntas invasivas sobre su vida personal y su activismo político, las han sometido a abusos físicos y psicológicos que podrían constituir “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” y han examinado, sin autorización, su teléfono y sus cuentas en las redes sociales. En la mayoría de los casos documentados por Amnistía Internacional, los agentes de la NSA han amenazado a la persona citada con la cárcel y con torturas y otros daños físicos a ella y a su familia si no revela información. Además, la han conminado a no ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica tras el interrogatorio.

Una persona defensora de los derechos humanos, que había sido citada por la Agencia Nacional de Seguridad en 2020, relató a Amnistía Internacional: “[El agente de la NSA] me preguntó por el trabajo de la organización, por su director, por su financiación, por lo que yo hacía […] Luego me dijo: ‘Escucha bien [...] como descubra que me has mentido, no volverás a ver la luz del sol’.”

“Doble castigo”: medidas extrajudiciales de libertad vigilada

La policía ha ordenado a estos activistas y defensores o defensoras de los derechos humanos —que han pasado ya periodos de hasta tres años recluidos por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación— personarse periódicamente en las oficinas de la NSA en las comisarías de policía o en edificios independientes de la NSA, donde les han hecho pasar horas o días privados de libertad, sin base legal ni supervisión de las autoridades judiciales, y sin posibilidad de pedir reparaciones ni resarcimiento.

Estas medidas extrajudiciales de libertad vigilada, que los agentes de la ANS califican de “supervisión”, constituyen casos de privación arbitraria de la libertad. Por tanto, no tienen nada que ver con las medidas de libertad condicional o vigilada que imponen los tribunales, ya que son de naturaleza indefinida y sólo están sujetas a los caprichos de los agentes de la NSA. En muchos casos, las personas detenidas han sido torturadas o sometidas a otros malos tratos, y sus derechos al trabajo y a la vida familiar se han visto profundamente alterados.

Como se trata de una práctica aplicada sin orden judicial, y no existe ningún registro oficial de ella, es imposible determinar el número de personas supervisadas por la NSA. Los abogados y abogadas entrevistados por Amnistía Internacional afirman que, ya en 2015, muchos de sus clientes habían quedado en libertad, pero que, desde 2017, éstos vienen siendo sometidos, cada vez más a las prácticas mencionadas.

“Las incontables víctimas de las abusivas prácticas de la Agencia de Seguridad Nacional son incapaces llevar una vida mínimamente normal, con cierta sensación de seguridad, debido a las permanentes intimidaciones y amenazas de cárcel que reciben. Así, se castiga por partida doble el activismo legítimo, puesto que los activistas en cuestión han pasado ya tiempo recluidos de manera arbitraria. El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, y el ministro del Interior egipcio deben poner fin al hostigamiento extrajudicial de los defensores y defensoras de los derechos humanos y demás activistas”, concluye Philip Luther.

Tanto el derecho internacional como la Constitución y el Código Penal egipcios prohíben la tortura y otros malos tratos, así como las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia de una persona.

De conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Egipto es Estado Parte, nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitrarias, ni privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. Toda persona detenida debe ser informada sin demora de las razones de su detención y conducida ante un juez. Asimismo, se le debe permitir impugnar la legalidad de su detención e informarle de sus derechos, incluido el de guardar silencio.

Sin reparaciones legales

Las víctimas se han encontrado con que no existe ninguna vía legal a su alcance para impugnar estas medidas, denunciar los abusos ni pedir justicia y que, por tanto, los agentes de la NSA se sitúan por encima de la ley. Además, dada la bien documentada complicidad de los fiscales en las violaciones de la NSA, tampoco se atreven a presentar denuncias ante la Fiscalía ni a dar a conocer públicamente sus experiencias, por temor a represalias. Las personas entrevistadas describieron reiteradamente a Amnistía Internacional cómo los agentes actuaban con total aplomo y se jactaban de que sus actos no tendrían repercusiones.

Una activista refirió a Amnistía Internacional que un policía la había agredido sexualmente. A continuación, rememoró: “Cuando fui a denunciar al agente que me había agredido sexualmente, me dijeron: ‘¿Cómo que quieres denunciar? ¿Quieres volver a la cárcel?‘ Aquí, nada de denunciar.”

Previamente, la organización había documentado ya la sistemática pasividad de los fiscales a la hora de investigar denuncias de torturas y desapariciones forzadas a manos de la NSA y su papel en la detención arbitraria de activistas y defensores o defensoras de los derechos humanos basándose sólo en expedientes secretos de investigación de la propia NSA .

Amnistía Internacional insta a la Fiscalía a abrir investigaciones exhaustivas e independientes sobre las prácticas abusivas de la NSA, y a hacer rendir cuentas a las personas halladas responsables, sea cual sea su rango, condición o cargo. Asimismo, el presidente Abdel Fatah al Sisi debe ordenar al ministro del Interior poner fin al hostigamiento y la citación extrajudiciales de defensores o defensoras de los derechos humanos y demás activistas, y el propio ministro del Interior debe denunciar públicamente esa práctica.