Pese a las promesas de un gobierno talibán reformado, en materia de derechos humanos y de los derechos las mujeres en particular, Amnistía Internacional está muy preocupada por el deterioro de la situación de acuerdo a los datos que surgen de una serie de reportes sobre los primeros meses del nuevo régimen. El último episodio se conoció el 5 de octubre cuando la organización denunció que las fuerzas talibanas mataron ilegalmente a 13 personas de etnia hazara, de origen persa, minoritaria y opuesta a los pashtunes que conforman el grueso del movimiento que se hizo con el control del país el 15 de agosto. Las ejecuciones ocurrieron en la provincia afgana de Daykundi luego de que miembros de las fuerzas de seguridad del anterior gobierno se habían rendido e incluyeron a una joven de 17 años entre las víctimas fatales.
En otro informe publicado el 21 de septiembre, a poco más de un mes de gobierno talibán, con el título "El destino de miles de personas que penden de un hilo: La caída de Afganistán en manos de los talibanes" (solo disponible en inglés), Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentaron informes de asesinatos, torturas, la interrupción de suministros esenciales a la población civil en Panjshir –último bastión de los grupos de resistencia a los talibanes– y evidencias de crímenes de guerra cometidos por este movimiento.
“A las mujeres ya se les prohíbe trabajar y algunas se abstienen de hacerlo por miedo. En paralelo, los talibanes han anunciado que las mujeres no tienen lugar en el nuevo ‘gobierno’. La represión de manifestantes ha dejado personas heridas y muertas. Y los y las periodistas se enfrentan a intimidación y son víctimas de detenciones arbitrarias y malos tratos”, expresa la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en la Argentina, Mariela Belski. “Los logros en materia de derechos humanos que el pueblo afgano ha construido a lo largo de dos décadas corren el riesgo de retroceder, si no han retrocedido ya”, concluye.
Acorde a la evaluación de la organización internacional, cada vez está más claro que están fracasando esas garantías que el movimiento talibán pretendió dar al mundo de haber resurgido al frente de Afganistán como un grupo reformado que protegería los derechos de las mujeres y garantizaría la libertad de expresión. Con tal motivo, Amnistía Internacional insta al gobierno argentino a que haga todo lo posible para garantizar que los miembros del foro global asuman urgentemente los siguientes compromisos en la reunión del 12 de octubre:
- Detener inmediatamente todas las deportaciones y devoluciones forzosas y garantizar la protección de todas las personas afganas en sus territorios mediante la concesión del estatus de refugiado u otras formas de protección internacional, con especial consideración de todas las mujeres y niñas afganas por el alto riesgo de persecución por motivos de género.
- Suspender los requisitos de visado y/o agilizar los visados humanitarios a los grupos de riesgo, incluyendo a periodistas, miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, en particular, mujeres, que trabajen en este ámbito, así como en los sectores de seguridad, justicia y el sistema judicial. También para miembros de grupos étnicos y religiosos minoritarios.
- Abrir o aumentar las vías seguras de protección, como el reasentamiento y el patrocinio comunitario, en el caso de los Estados que dispongan de recursos para ello. También en este aspecto se demanda tener en cuenta la situación particular de las mujeres.
- Por último, todos los Estados deben investigar a cualquier persona bajo su jurisdicción de la que se pueda sospechar razonablemente que ha cometido crímenes de derecho internacional en Afganistán, incluso en virtud del principio de jurisdicción universal. Los Estados parte del Estatuto de Roma deben cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) en su investigación sobre la situación en Afganistán. Y se debe exigir, asimismo, el compromiso del nuevo régimen de respetar los tratados de derechos humanos, ratificados y vinculantes para Afganistán.
Por todo esto, y sin dejar de reconocer el aporte continuo de ayuda humanitaria para la población que sufre en Afganistán por parte de los Estados que apoyan su desarrollo, Amnistía Internacional insta al gobierno argentino, así como al resto de los miembros del G20, a que planteen con carácter prioritario en sus debates estos compromisos para la protección de los derechos humanos en este momento de grave crisis que atraviesa el país.
