“Las fuerzas de seguridad y milicias en Trípoli han empleado medios letales ilegítimos y otros medios violentos en una redada sin precedentes que ha afectado a más de 5.000 hombres, mujeres y niños y niñas del África subsahariana, a los que ha recluido en condiciones espantosas en las que imperan la tortura y los abusos sexuales”, ha declarado Amnistía Internacional.

El 1 de octubre, hombres armados de milicias y de las fuerzas de seguridad vinculadas al Ministerio del Interior libio irrumpieron con violencia en viviendas y alojamientos temporales de la zona de Gargaresh de Trípoli, donde vive una población numerosa de personas refugiadas y migrantes, disparando munición real, dañando enseres personales y robando objetos de valor. Las aterrorizadas personas afectadas, varias de ellas inscritas en el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), fueron llevadas a centros de detención de Trípoli donde se les niega acceso periódico y confidencial al ACNUR y a otras agencias humanitarias y son sometidas a tortura y otros malos tratos.

“Las fuerzas libias son tristemente conocidas por someter a las personas refugiadas y migrantes a horrores inimaginables con impunidad. El uso de medios letales ilegítimos para capturar a miles de hombres, mujeres, niños y niñas desarmados basándose únicamente en su raza es un nuevo mínimo y pone de manifiesto el total desprecio de las autoridades a la vida y la dignidad de la población refugiada y migrante”, afirmó Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Instamos a las autoridades libias a que pongan en libertad inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente sólo por su condición migratoria y a que inicien investigaciones sobre todos los incidentes de uso ilegítimo de la fuerza, tortura y violencia sexual. Mientras tanto, las autoridades deben garantizar que las personas detenidas reciben un trato humano, están recluidas en condiciones que cumplen las normas internacionales y tienen acceso sin restricciones ni demora al ACNUR y a otros actores humanitarios”.

Para documentar la redada y lo sucedido después, Amnistía Internacional habló con testigos, víctimas y familiares, y examinó decenas de vídeos y fotografías de la redada y de los centros de detención difundidas por testigos y publicadas en Internet. Aunque la organización no ha podido geolocalizar de forma independiente los vídeos, sí verificó la ubicación de los testigos entrevistados.

Asaltos violentos, uso ilegítimo de medios letales, detenciones xenófobas 

Según testigos presenciales y a tenor del análisis de los vídeos, a primera hora del 1 de octubre, llegaron a Gargaresh hombres armados que vestían uniformes con el logo del Ministerio del Interior y dos milicias vinculadas a éste: la Fuerza de Apoyo de la Dirección de Seguridad y la Agencia de Seguridad Pública, cuyo papel en violaciones de derechos de personas migrantes y refugiadas ha sido documentado con anterioridad por Amnistía Internacional. Algunos llegaron en vehículos blindados con armas montadas y dispararon munición real contra personas refugiadas y migrantes desarmadas mientras empezaban a detener arbitrariamente a miles de personas del África subsahariana.

Los testigos dijeron a Amnistía Internacional que habían visto al menos a tres hombres que cayeron al suelo sin vida tras recibir disparos. Según una declaración de Georgette Gagnon, subsecretaria general de la ONU, coordinadora residente y coordinadora humanitaria para Libia, al menos murió un hombre y 15 sufrieron heridas de bala. El uso de munición real contra personas desarmadas que no representan ninguna amenaza inminente para la vida o de lesiones es una violación grave de derechos humanos y puede constituir una privación arbitraria del derecho a la vida.

Los testigos dijeron que los hombres armados habían escogido a la gente por la raza. Un hombre que logró huir dijo a Amnistía Internacional: “Detuvieron a todas las personas negras”. Una mujer contó a Amnistía Internacional que cuando trataba de enseñar su inscripción ante el ACNUR, un hombre armado la rompió y luego la detuvo y la llevó a un centro de detención del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular (DCIM), organismo dependiente del Ministerio del Interior responsable de la vigilancia policial de las personas migrantes.

Personas migrantes y refugiadas dijeron a Amnistía Internacional que los hombres armados les propinaron golpes y puntapiés, saquearon las casas y robaron dinero y enseres. Algunas mujeres denunciaron que hombres armados las habían sometido a tocamientos durante el asalto.

El Ministerio del Interior emitió una declaración en la que afirma que el asalto era parte de un “plan para atacar guaridas de delincuentes” utilizadas para “distribuir drogas y alcohol, y acoger a personas migrantes indocumentadas” y anunció planes para deportar a las “personas migrantes en situación irregular” capturadas.

El primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional, Abdelhamid al Debiba, visitó Gargaresh tras la redada y dijo que el objetivo de la operación era “limpiar la zona de alcohol, drogas y prostitución”. No hizo mención alguna a víctimas ni a planes de investigar.

Desde la incursión, las fuerzas de seguridad y las milicias han practicado más detenciones de personas refugiadas y migrantes en toda Trípoli.

Condiciones de detención inhumanas

La ONU calculaba que, desde la redada, han sido detenidas hasta 5.000 personas migrantes y refugiadas, lo que exacerba aún más las terribles condiciones de los centros de detención del DCIM.

Los guardias y milicianos de este organismo, teóricamente bajo control del Ministerio del Interior, han sometido a las personas detenidas desde la redada del 1 de octubre a abusos, malos tratos y agresiones sexuales. Las personas detenidas y sus familias han denunciado palizas y puntapiés con palos y culatas de fusiles. Un vídeo recibido el 3 de octubre de un centro de detención y que ha analizado Amnistía Internacional muestra a unos hombres con uniforme de camuflaje golpeando a detenidos y obligándolos a correr y a ponerse en cuclillas.

Una detenida en el centro de detención del DCIM de Al Mabani dijo a Amnistía Internacional que los guardias habían agredido sexualmente a varias niñas y mujeres. Otra detenida en el centro de detención de Shara al Zawiya dijo que la habían obligado a desnudarse delante de guardias varones que luego la registraron y sometieron a tocamientos.

Vídeos de los centros de detención de Al Mabani y Shara al Zawiya muestran unos hangares muy masificados y sucios. En un vídeo, se ve aparentemente a un detenido sin conocimiento y a otros que golpean la puerta pidiendo ayuda a los guardias.

Las personas detenidas también dijeron que los guardias del DCIM no les daban suficiente comida ni agua apta para el consumo, y que tenían que orinar y defecar dentro de los hangares donde estaban encerradas. Una detenida en Al Mabani dijo a Amnistía Internacional que ella y sus hijos estaban bebiendo agua del inodoro.

Amnistía Internacional ha documentado con anterioridad que guardias del DCIM y miembros de las milicias someten habitualmente a las personas migrantes y refugiadas a tortura y otros malos tratos, a condiciones de detención crueles e inhumanas, a extorsión y a trabajos forzados en los centros de detención de Al Mabani y Shara al Zawiya.

Vivir con miedo

Como consecuencia de las redadas, muchas personas migrantes y refugiadas en Trípoli se han escondido o se han quedado sin vivienda, pues no pueden volver a sus casas por miedo a ser detenidas o porque fueron destruidas durante el ataque. La Dirección de Seguridad de Trípoli del Ministerio del Interior emitió una declaración el 4 de octubre en la que pedía a las entidades empleadoras y arrendadoras que inscribieran en un registro a los trabajadores y trabajadoras extranjeros. Según la página en Facebook del municipio de Hay Al Andalus, en el que está incluido Gargaresh, las autoridades habían desalojado a alrededor de 7.000 “migrantes ilegales”.

Tras la redada, decenas de personas migrantes y refugiadas acudieron al Centro de Día Comunitario de Trípoli del ACNUR para pedir protección y alojamiento. Dos de ellas dijeron a Amnistía Internacional que el 5 de octubre, unos hombres vestidos con ropa militar les habían ordenado que se marcharan y las habían golpeado. Amnistía Internacional examinó un vídeo que coincide con estas afirmaciones. Una mujer que se escondió después de la redada dijo a Amnistía Internacional: “Lo único que queremos es seguridad, ni siquiera podemos salir a comprar comida o trabajar, nuestros bebés se mueren de hambre”.

Las personas refugiadas y migrantes están atrapadas en Libia sin salidas seguras. Las autoridades libias han suspendido varios vuelos de evacuación fuera del país en 2021. Este año, sólo 1.311 migrantes regresaron a su país de origen a través de programas de la Organización Internacional para las Migraciones, y fueron reasentadas sólo 212 personas refugiadas. Amnistía Internacional sabe de al menos una mujer y dos niños, entre las personas detenidas durante la redada, que iban a ser evacuadas de Libia, pero su vuelo se ha aplazado indefinidamente.

La cooperación de la UE

Pese a los abrumadores indicios de las terribles violaciones de derechos que sufren las personas refugiadas y migrantes en Libia, la Unión Europea y sus Estados miembros —y, en concreto, Italia— llevan años proporcionando lanchas, adiestramiento y otras formas de apoyo a la Guardia Costera Libia, incentivándola y haciendo posible que impida la entrada de estas personas en Europa a través del Mediterráneo y las vuelva a someter a detención arbitraria indefinida en condiciones que ponen en peligro su vida.

 

Hemos pedido una y otra vez a la Unión Europea y a sus Estados miembros que tengan en cuenta las consecuencias mortales de sus políticas de contención y dejen de hacer posible que las autoridades libias intercepten a personas en el mar y las devuelvan a un círculo vicioso de abusos. Las personas que buscan seguridad están pagando el precio del sistema patrocinado por la UE, creado para mantener fuera de Europa a toda costa a las personas refugiadas y migrantes.

Diana Eltahawy, Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional insta a la UE y a sus Estados miembros a que suspendan urgentemente toda cooperación con Libia en materia de migración y control de fronteras. Deben garantizar que cualquier cooperación en el futuro está supeditada a que las autoridades libias pongan fin a la política de detención arbitraria de personas migrantes y refugiadas, e investiguen efectivamente los abusos que se cometen contra ellas. La UE y sus Estados miembros deben asimismo abrir rutas seguras y legales a Europa adicionales mediante la oferta de un número significativo de plazas de reasentamiento y de vías alternativas de protección para los miles de personas que necesitan protección que están atrapadas en Libia.