Las autoridades de Curazao y de Países Bajos han violado los derechos de personas venezolanas que buscan protección internacional en Curazao; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy, Sin seguridad todavía: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao. La organización ha documentado 22 casos de personas venezolanas, entre ellas menores de edad, que han sufrido violaciones de derechos humanos, como detención automática en condiciones inhumanas, malos tratos, separación familiar y negación de su derecho a solicitar asilo.

Casi 5,7 millones de personas venezolanas han huido de la crisis de derechos humanos en su país, lo que la convierte en una de las mayores crisis de desplazamiento forzado del mundo. Curazao, isla caribeña próxima a Venezuela que pertenece al Reino de los Países Bajos, está entre sus países de destino. Se calcula que 17.000 personas venezolanas viven en situación migratoria irregular en la isla.

“Es inaceptable que el Reino de los Países Bajos ayude a las autoridades de Curazao a arrestar, custodiar y deportar a gente que huye de Venezuela en busca de seguridad. En lugar de mirar hacia otro lado mientras se están cometiendo estas violaciones de derechos humanos, las autoridades neerlandesas deberían garantizar a estas personas la protección internacional que necesitan”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Aún sin protección

Amnistía Internacional concluye que la situación de las personas venezolanas que buscan protección en Curazao no ha mejorado desde que publicó el informe Detenidos y deportados: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao en 2018. El nuevo procedimiento de protección internacional que introdujo Curazao no se ajusta al derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, las personas venezolanas que huyen de la crisis pasan automáticamente a estar en detención por tiempo indefinido, y en ese periodo sufren presiones para que firmen su consentimiento a la deportación y tienen un acceso muy limitado a asistencia jurídica. De las entrevistas para evaluar las necesidades de protección se encargan funcionarios públicos que también son responsables de arrestar a las personas extranjeras en situación migratoria irregular. Hasta ahora, el nuevo procedimiento sólo ha dado lugar al rechazo de las solicitudes del estatuto de protección. La organización ve con profunda inquietud que, como resultado, Curazao devuelva a Venezuela personas que allí corren un grave peligro de sufrir violaciones de derechos humanos, en incumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement).

Las condiciones en el “cuartel de extranjeros”, centro de detención ubicado en la prisión SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou), siguen siendo inhumanas y las personas recluidas allí están sometidas a privación sensorial, hacinamiento, encierro junto a personas convictas y falta de intimidad. Personas venezolanas contaron a Amnistía Internacional que los guardias de la prisión les infligían trato inhumano y degradante, en forma de insultos y agresiones y también obligándolas a saltar como ranas sin la ropa puesta. En 2019, la policía disparó balas de goma contra un grupo de personas venezolanas que estaban en el cuartel. El uso intencionado y desproporcionado de la fuerza por la policía contra ellas, y la gravedad de las lesiones, pueden constituir tortura u otros malos tratos.

Miguel, una de las víctimas de los disparos con balas de goma, recuerda cómo los guardias los castigaban, a él y su grupo, por solicitar protección: “Como al tercer día ahí empezó la locura. No nos dejaban dormir. Ellos llegaban a cada rato y hacían ruido con martillos para no dejarnos dormir. Dormía en el piso y apenas me daban comida. Yo rebajé ahí 35 kilos en cinco meses. Nos causaban daño psicológico para que nosotros abandonáramos la isla”.

Detención de menores y separación familiar

Curazao ha violado los derechos de niños y niñas venezolanos con su detención y separación de sus progenitores residentes en la isla. Amnistía Internacional ha documentado ocho casos de menores bajo custodia junto a personas adultas en el “cuartel de extranjeros” y en centros de internamiento de menores. En ninguno de los casos las autoridades de Curazao procedieron a reunirlos con sus progenitores ni permitieron que recibieran su visita; lo que hicieron fue deportarlos o programar su deportación sin el conocimiento y consentimiento de sus progenitores. El sufrimiento mental grave e intencionado que han causado las autoridades con la deportación de niños y niñas y su separación familiar puede constituir tortura en algunos casos.

En el caso de Yusmari, sus dos hijos, que entonces tenían 15 y 16 años, pasaron automáticamente a estar detenidos en el “cuartel de extranjeros” tras ser interceptados por la guardia costera y entregados a la policía de inmigración de Curazao. Yusmari, quien ya vivía en situación migratoria irregular en la isla, recuerda así el internamiento de sus hijos en el “cuartel de extranjeros”: “Cada vez que llamábamos, llorábamos”. Su hijo menor, que ya ha vuelto a Venezuela, contó a Amnistía Internacional: “Me sentía mal.  No estaba acostumbrado a estar encerrado”. A los dos días trasladaron a los hijos de Yusmari a un centro de detención de menores, donde ella no tenía autorización para visitarlos ni hablar con ellos. Cuando al fin consiguió el permiso y se presentó en el centro, supo que las autoridades de Curazao ya los habían deportado.

La contribución de Países Bajos a las violaciones de derechos humanos

A pesar de las múltiples señales alarmantes sobre graves violaciones de los derechos de personas refugiadas y migrantes en los últimos años, las autoridades neerlandesas han intensificado su cooperación y apoyo activos a Curazao, principalmente en materia de detección, detención y deportación de migrantes irregulares y personas que buscan protección.

En noviembre de 2019, las fuerzas armadas neerlandesas colaboraron en la custodia de un grupo de personas venezolanas detenidas ilegalmente, quienes más tarde fueron aparentemente sometidas a una expulsión colectiva contraria al derecho internacional. Además, Países Bajos ha proporcionado a la Guardia Costera del Caribe Neerlandés material y personal para interceptar a quienes llegan irregularmente por mar, con independencia del alto riesgo que corren estas personas de sufrir violaciones de derechos humanos en tierra.

Las autoridades neerlandesas no han establecido una sola salvaguardia de derechos humanos vinculante ni mecanismos de vigilancia independientes, y tampoco ha investigado las presuntas violaciones de estos derechos mientras apoyaban a las autoridades de Curazao. El secretario de Estado responsable ha declarado en repetidas ocasiones que las autoridades neerlandesas no tienen la obligación de hacerlo porque el gobierno de Países Bajos considera que la política migratoria y los posibles abusos cometidos son responsabilidad de Curazao.

Sin embargo, Amnistía Internacional considera que la obligación internacional de respetar y proteger los derechos humanos también es aplicable a Países Bajos cuando apoya a las autoridades de Curazao. Es evidente que las autoridades neerlandesas no han cumplido con esta obligación y por tanto han contribuido a crear un sistema de abusos.

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Curazao que garanticen los derechos de las personas venezolanas que buscan protección creando un procedimiento de asilo que cumpla las normas internacionales. Deberían poner fin a la detención de menores y la separación de familias, y no detener a personas adultas salvo como último recurso. Asimismo deberían llevar a cabo sin demora investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante el arresto o la custodia.

El gobierno de Países Bajos debería evaluar los riesgos en materia de derechos humanos y establecer salvaguardias sobre estos derechos que sean aplicables al apoyo que presta a las autoridades de Curazao. Más aún, Países Bajos debería establecer una investigación independiente sobre sus responsabilidades al prestar asistencia y cooperar de otras formas con Curazao en materia migratoria y de protección internacional, en concreto sobre durante la custodia de personas venezolanas en pabellones deportivos en 2019 y las actuaciones de la guardia costera.