Más de 323.000 personas de todo el mundo han firmado la petición de Amnistía Internacional en favor de la libertad de las personas detenidas en Xinjiang.

Carta abierta pide a la ONU que investigue las violaciones de derechos humanos contra personas de etnia uigur, kazaja y otras minorías musulmanas.

Nuevos testimonios revelan impacto en las familias de las personas detenidas.

La comunidad internacional debe condenar con energía las graves violaciones de derechos humanos que están cometiéndose en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y preparar el camino para que se haga justicia y se rindan cuentas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en una carta abierta a los Estados miembros de la ONU.

El llamamiento se produce después de que 323.832 personas de 184 países y territorios hayan firmado una petición de la organización en la que se solicita a las autoridades chinas que pongan en libertad a los cientos de miles de hombres y mujeres de la minoría musulmana detenidos arbitrariamente y sometidos a internamiento masivo, tortura y persecución en Xinjiang.

“En todo el mundo, cientos de miles de personas han firmado nuestra petición para expresar su indignación ante los testimonios de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos que se están cometiendo contra las personas musulmanas en Xinjiang”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Es una clara señal de que personas de todo el mundo ven lo que hay detrás de los esfuerzos de China para silenciar a quienes critican al gobierno y atacar verbalmente informes verosímiles sobre sus atrocidades en Xinjiang. Cada firma es un llamamiento directo a China para que detenga inmediatamente esta persecución sistemática.

“El gobierno chino debe poner en libertad inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente en los campos y en prisiones, desmantelar el sistema de campos de internamiento y acabar con los ataques sistemáticos contra grupos étnicos predominantemente musulmanes en Xinjiang”.

 

Entrega de peticiones en embajadas chinas

En los últimos días, simpatizantes de Amnistía Internacional de 10 ciudades del mundo han celebrado actos públicos para entregar sus peticiones en favor de la libertad de las personas detenidas en Xinjiang.

El 7 de octubre, activistas vestidos con el inconfundible uniforme azul que se ven obligadas a llevar las personas detenidas en campos se congregaron ante la embajada china en Londres (Reino Unido) para entregar su petición.

Activistas de Amnistía Internacional organizaron actos similares ante las embajadas chinas de: Dakar (Senegal), Helsinki (Finlandia), Lima (Perú), Lisboa (Portugal), Madrid (España), París (Francia), La Haya (Países Bajos) y Washington D. C. (Estados Unidos). Amnistía Internacional Indonesia organizó un seminario online y lideró una acción digital en la que animó a activistas a que publicaran selfies vistiendo el uniforme azul.

La petición global es parte de una campaña en curso de Amnistía Internacional iniciada en junio de 2021 para exigir que se ponga fin a la detención arbitraria y otras violaciones graves de derechos humanos a que son sometidos las personas pertenecientes a grupos étnicos predominantemente musulmanes en Xinjiang.

La campaña destaca más de 60 casos de personas detenidas arbitrariamente en centros de “transformación mediante la educación” —en realidad, campos de internamiento— o condenadas a años de prisión y que representan sólo una pequeña fracción de los cientos de miles de hombres y mujeres —posiblemente incluso más de un millón— a los que las autoridades chinas han detenido so pretexto de la lucha contra el “terrorismo”.

Nuevos testimonios de familiares

Amnistía Internacional entrevistó a decenas de familiares de personas detenidas arbitrariamente en Xinjiang y hace poco publicó nuevos vídeos en los que cuentan algunas de sus experiencias.

La hermana de Memeteli, Hayrigul Niyaz, fue detenida cuando volvió de estudiar en el extranjero y Memeteli no tiene información sobre su paradero en Xinjiang. Dijo a Amnistía Internacional: “Si la vuelvo a ver, le diré: ‘Lo siento, hermana mía; siento no haber podido salvarte de los campos’”.

El padre de Adila, Sadir Ali, fue detenido en 2018 y condenado a 20 años de cárcel, supuestamente porque estaba ayunando durante el Ramadán. Adila afirmó: “Nunca seré feliz del todo porque mi padre está en la cárcel o en el campo. ¿Por qué nos hace esto el gobierno chino?”. Dijo que hacía 11 años que no podía visitar su localidad natal y que había perdido el contacto con sus familiares en Xinjiang.

Abduweli Ayup, conocido activista uigur que vive actualmente en Noruega, habló a Amnistía Internacional de su hermana, Sajidugul Ayup, y su hermano, Erkin Ayup, que cumplen, respectivamente, penas 12 y 14 años de prisión en Xinjiang por “incitación al terrorismo”: “Cada vez que hago algo pienso que será peligroso para mi familia. Nadie puede proteger a mis familiares del castigo. Sé que quizá mis palabras encolerizarán al gobierno chino, pero al menos haré que éste sepa que no voy a quedarme mirando cómo torturan a mi hermana. Ya no tengo miedo de decir lo que pienso.

 

Rendición de cuentas por violaciones de derechos en Xinjiang

En junio de 2021, Amnistía Internacional publicó un informe en el que documentaba que personas de la etnia uigur y kazaja, y de otras minorías étnicas de predominio musulmán en Xinjiang sufren encarcelamiento masivo, tortura y persecución sistemáticos por parte del Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad.

El gobierno chino ha mostrado su total falta de voluntad de reconocer la realidad de la situación en Xinjiang, poner fin a las violaciones de derechos humanos o realizar investigaciones imparciales y exhaustivas y enjuiciar a los presuntos responsables en juicios justos sin recurso a la pena de muerte.

Mientras tanto, los órganos y Estados miembros de la ONU han respondido con lentitud a las violaciones. De hecho, esta semana ha terminado otro periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sin que se haya adoptado ninguna acción formal para abordar los abusos en Xinjiang.

Amnistía Internacional insta a los Estados miembros de la ONU a que se unan para condenar enérgicamente las graves violaciones de derechos humanos de China en Xinjiang y pongan en marcha un mecanismo de investigación internacional, robusto e independiente para garantizar la rendición de cuentas.

“A pesar de que en los últimos cuatro años han aumentado los indicios de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, la ONU y sus Estados miembros no han afrontado su responsabilidad de exigir cuentas a China por sus acciones”, concluyó Agnès Callamard.

“La comunidad internacional debe dejar de fingir que la realidad distópica para la población musulmana de Xinjiang se arreglará por sí misma de algún modo. Ya se ha perdido demasiado tiempo. Ahora más que nunca, los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de proteger los derechos humanos de toda la población de Xinjiang, iniciar una investigación sobre los presuntos crímenes de derecho internacional y garantizar la rendición de cuentas”.