Casi dos meses después del fin de las operaciones de evacuación aérea desde Afganistán, quienes quedaron atrás se enfrentan a grandes obstáculos para solicitar asilo en otro país. Así lo manifestó Amnistía Internacional en un informe que destaca la manera en que los estados vecinos han cerrado sus fronteras a las personas afganas que carecen de documentos de viaje mientras que otras naciones de Europa y Estados Unidos han impuesto condicionamientos de distinto tipo a quienes aspiran a solicitar protección internacional.
El ascenso del régimen talibán ha dificultado numerosos trámites administrativos para viajar, como el acceso a la documentación necesaria. En consecuencia, son muchas las personas afganas que se han visto enfrentadas a la opción de cruzar la frontera de forma irregular. Sin embargo, en lugar de brindar protección a quienes llegan por vía terrestre —tal como dispone el derecho internacional—, los países de Europa y Asia Central han sometido a los desplazados a devoluciones sumarias ilegales, detenciones y deportaciones.
Acorde al informe de Amnistía Internacional, Pakistán, Uzbekistán, Irán, Tayikistán y Turkmenistán, lindantes con Afganistán, cerraron sus pasos a las personas afganas que viajan sin documentos, a pesar del riesgo que implica devolverlas a su país con el peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos a manos de los talibanes. Las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestran que las autoridades iraníes deportaron a 58.279 personas afganas indocumentadas, entre el 27 de agosto y el 9 de septiembre de 2021, mientras que Uzbekistán declaró el 20 de agosto que había devuelto a 150 personas a Afganistán, basándose en un acuerdo con los talibanes.
El imperativo internacional de mantener las fronteras abiertas para quienes buscan refugio, y la obligación de cumplir el principio de no devolución, no aplican únicamente a los países limítrofes con Afganistán. También comprende a los estados a los que las personas afganas pueden llegar por mar o aire, o después de atravesar otros territorios. Y tampoco hace distinción entre llegadas regulares e irregulares.
A pesar de ello, Bulgaria, Croacia y Grecia continuaron implementando devoluciones sumarias de personas afganas mientras que Polonia introdujo nuevas restricciones para quienes deseen solicitar asilo allí. De hecho, un grupo de 32 personas afganas permanecía varado en la frontera con Bielorrusia desde el 19 de agosto, sin acceso a cobijo, alimentos, agua potable y atención médica, luego de ser expulsadas en lo que se sospecha que constituyó una devolución sumaria, sin evaluar sus necesidades de protección. Al menos 17 de ellos habrían sido devueltos a Bielorrusia en las últimas horas tras intentar ingresar a Polonia nuevamente.
Llamado a la acción
“Ahora mismo, intentar salir de Afganistán es como una carrera de obstáculos. En lugar de encontrar seguridad y protección, las personas afganas que han huido de los talibanes han terminado atrapadas en campamentos improvisados en zonas fronterizas, o han sido detenidas mientras esperan a ser deportadas a un destino incierto”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina.
Ya en julio de 2021, a medida que se incrementaban las llegadas desde Afganistán antes del regreso de los talibanes al poder, las autoridades turcas anunciaron la ampliación de un muro en su frontera con Irán. Turquía sigue deteniendo a las personas afganas indocumentadas para preparar su deportación.
Asimismo, Alemania comenzó a exigir un examen de seguridad antes de considerar la evacuación de cualquier persona afgana sin importar que hoy no tiene representación diplomática propia en ese país. La misma medida rige para recibir la protección de Estados Unidos, pese al compromiso de la administración Biden de reasentar a 95 mil desplazados a fines de septiembre de 2022. Persisten dudas sobre el trato que reciben en las bases militares estadounidenses a las que arribaron y en donde permanecen quienes no superaron las estrictas evaluaciones.
Desde Amnistía Internacional se insta a todos los países a abrir sus fronteras a las personas afganas que buscan refugio, así como a establecer programas de reasentamiento y vías complementarias de admisión específicas para proporcionar seguridad a quienes más peligro corren. En paralelo, acorde a la organización, los gobiernos deben brindar protección internacional a las personas que ya se encuentran en sus territorios y las que recientemente cruzaron sus fronteras, de forma regular o irregular, respetando el principio internacional de no devolución (non-refoulement).
Por último, Amnistía Internacional pide poner fin a todas las devoluciones o deportaciones a Afganistán, garantizar el acceso a procedimientos de asilo justos y minimizar los requisitos de documentación de viaje a la par de ofrecer visados por razones humanitarias a quienes más peligro corren.
En Argentina Amnistía Internacional y la Red Argentina de Apoyo al Patrocinio Comunitario de Personas Refugiadas enviaron una nota conjunta a las autoridades nacionales a fin de transmitirle su preocupación por la crisis humanitaria en Afganistán y se pusieron a disposición para brindar apoyo ante las acciones que pueda llevar adelante el Estado argentino y, en particular, la recepción e integración local de personas afganas con necesidades de protección internacional. Hasta la fecha, el gobierno nacional ha manifestado compartir su preocupación al respecto. No obstante, Argentina todavía no ha dispuesto una política especial de admisión de personas afectadas por la situación en Afganistán.