Amnistía Internacional siente honda preocupación por los informes que indican que 17 de las 32 personas afganas atrapadas en la frontera entre Polonia y Bielorrusia desde agosto de 2021 han sido devueltas forzadamente a Bielorrusia tras intentar cruzar la valla de alambre de espinos para entrar en Polonia. Las autoridades polacas admiten que se han utilizado “medidas coercitivas directas” contra personas del grupo que intentaron cruzar la valla.

Amnistía Internacional ha verificado un vídeo distribuido por las autoridades bielorrusas en el que se ve a personas cruzando la frontera en la zona de Usnarz Górny. Según la organización polaca Fundacja Ocalenie, un grupo de 17 personas, al menos una de ellas menor de edad, fueron aprehendidas violentamente tras cruzar hoy la valla hacia Polonia. Fueron recluidas en un centro de la guardia de fronteras en Polonia y luego devueltas sumariamente a Bielorrusia por las autoridades polacas. Una investigación digital llevada a cabo por Amnistía Internacional ya había mostrado que ese mismo grupo había sido sometido a lo que se sospechaba que era una devolución forzada en agosto. 

 

"Este grupo de personas afganas lleva ya dos meses retenido en pésimas condiciones en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. La violencia de hoy y las devoluciones sumarias a Bielorrusia son una bofetada al derecho internacional y al derecho humano a solicitar asilo. La medida desprecia de forma flagrante una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordena a las autoridades polacas que presten asistencia al grupo y les prohíbe devolver a estas personas a Bielorrusia mientras estén en Polonia."

Nils Muižnieks, director de la Oficina Regional de Europa de Amnistía Internacional

El 25 de agosto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a Polonia que proporcionara a este grupo de 32 personas afganas “alimentación, agua, ropa, atención médica adecuada y, a ser posible, un refugio provisional”. El 27 de septiembre, el Tribunal amplió la orden “hasta nuevo aviso”, y ordenó además que, mientras el grupo estuviera en territorio polaco, no fuera devuelto a Bielorrusia.

A pesar de ello, el grupo fue devuelto a Bielorrusia en virtud de un decreto ministerial polaco de agosto de 2020 que establecía que las personas interceptadas en el área fronteriza debían salir de Polonia y ser “devueltas a la frontera estatal”, excepto las incluidas en determinadas categorías. La frontera polaca lleva en estado de emergencia desde el 2 de septiembre, por lo que queda fuera del alcance de periodistas, miembros del Parlamento y activistas.

“El gobierno polaco ha demostrado una inmensa crueldad al intentar legitimar las devoluciones sumarias ilegales de personas que solicitan asilo en su frontera. La UE y el derecho internacional son perfectamente claros respecto a esto: es ilegal devolver sumariamente a las personas que cruzan la frontera de forma irregular sin evaluar sus circunstancias”, ha manifestado Nils Muižnieks.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Polonia que ponga fin a las devoluciones sumarias, anule la reforma jurídica sobre el cierre de fronteras y garantice que quienes buscan protección pueden acceder de forma segura a su territorio.

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Alison Abrahams, alison.abrahams@amnesty.org, +32 483 680 812, o press@amnesty.org, +44 20 7413 5566   

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Acción Urgente: Proteger a la población afgana paralizada en la frontera polaca, 2 de septiembre de 2021

Polonia: Investigación digital prueba que Polonia conculcó derechos de personas refugiadas, 30 de septiembre de 2021

El 14 de octubre, el Parlamento polaco aprobó reformas a la ley de extranjería y a la ley sobre protección internacional. En virtud de esas reformas, una persona que entre o intente entrar en el país “infringiendo la ley” debe abandonar el territorio polaco y tiene prohibida la entrada al país durante un periodo de entre seis meses y tres años. Quienes apelen contra esta decisión no pueden quedarse en Polonia en espera de la sentencia.

En virtud de las reformas las solicitudes de asilo presentadas por una persona detenida por entrar de forma irregular pueden ser suspendidas o no examinadas. La única excepción es si una persona extranjera entra directamente desde un país en el que su vida corra peligro. Esto no se aplica al grupo de personas afganas que viajaron a través de Bielorrusia.

Las reformas criminalizan también todo daño causado a la infraestructura de protección de la frontera, un acto ahora punible con una pena de entre seis meses y cinco años de prisión. Tanto el ACNUR como la OSCE plantearon preocupaciones tempranas por la propuesta legislativa.

El 14 de octubre, el Parlamento adoptó también una ley que dispone una mejora de la protección de la frontera y prevé la construcción de una valla (con un coste previsto de 400 millones de dólares estadounidenses). La valla será construida por la guardia de fronteras y la protección estará garantizada por múltiples autoridades estatales, como el ministro de Defensa, el director de la Fiscalía General, los jefes de las autoridades regionales (Wojewoda Podlaski, Wojewoda Lubelski), el director de la Oficina Anticorrupción, y otros.

Al menos cinco personas han muerto en la frontera desde septiembre. La muerte más reciente fue la de un sirio de 24 años, de la que las autoridades polacas informaron el 14 de octubre.