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Ayer, altos mandos de Defensa concluyeron que el personal militar de Estados Unidos que llevó a cabo un ataque con drones el 29 de agosto en Kabul en el que murieron 10 civiles no había incurrido en conducta indebida.
En respuesta a esta noticia, Daphne Eviatar, directora de Seguridad con Derechos Humanos en Amnistía Internacional Estados Unidos, manifestó:
“No basta con decir que ‘se cometieron errores’. Es una historia ya conocida del ejército de Estados Unidos que tiene consecuencias terribles para la población civil. La dirección militar estadounidense no ha abordado cuestiones sustanciales, sistemáticas e históricas relacionadas con el procedimiento militar estadounidense, el análisis de la información de inteligencia y su acercamiento al contexto de las zonas de operaciones. El inspector general recomienda que el Pentágono mejore sus procedimientos para garantizar que no hay civiles presentes antes de lanzar ataques en los que el tiempo es un factor crucial. Esto debe aplicarse tanto a Afganistán como a las operaciones militares de Estados Unidos en Siria y Somalia, donde hemos visto en reiteradas ocasiones víctimas civiles pese a años de advertencias, recomendaciones e investigaciones. Esperamos que esto dé lugar a un cambio real, tangible. Las investigaciones en curso no incluyen entrevistas a testigos ni sobrevivientes, y rara vez incluyen visitas a los lugares de los ataques, de manera que Estados Unidos recaba información limitada y realiza un aprendizaje insuficiente, lo que en última instancia se traduce en que todo siga igual”.
“Entretanto, el gobierno de Biden ha hecho hincapié en su capacidad para realizar ataques con drones “más allá del horizonte” que, según sostiene, son necesarios. Pero “más allá del horizonte” significa poca o ninguna presencia de Estados Unidos en esos países, por lo que la inteligencia será mucho más limitada de lo que lo ha sido en este ataque en Afganistán. A causa de esta política, nos tememos que esta no será la última vez que tengamos hacer esta declaración. La población civil no debe pagar el precio de una política así.”
