Durante toda la jornada se registraron más de 200 hechos de violencia política y coacción electoral, incluyendo fuerzas parapoliciales.
Acorde a Amnistía Internacional, la perspectiva de un cuarto mandato consecutivo de Ortega es "aterradora"
Con un proceso cuestionado dentro y fuera de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral adjudicó el triunfo al actual presidente Daniel Ortega que se encamina así a su cuarto mandato consecutivo.
Amnistía Internacional considera que la perspectiva de una cuarta presidencia de Ortega en Nicaragua es aterradora en un país donde las violaciones a los derechos humanos se volvieron cada vez más comunes durante su gobierno y llama a los estados a comprometerse para cesar la represión y la impunidad en ese país.
El órgano electoral confirmó los resultados provisionales, según los cuales Ortega obtendría la reelección en las elecciones generales del domingo e iniciaría un nuevo turno en el poder desde enero de 2022. A tono con lo que ocurre en Nicaragua desde 2018, y que recrudeció este año, el proceso no estuvo exento de denuncias por detenciones arbitrarias de activistas y periodistas, entre otros actos de hostigamiento, coacción y violencia política, además de serios obstáculos a la libertad de prensa con restricciones a los medios de comunicación locales y extranjeros.
El proceso no estuvo exento de denuncias por detenciones arbitrarias, entre otros actos de hostigamiento, coacción y violencia política.
Diversas organizaciones y movimientos de la sociedad civil nicaragüense llamaron a un paro electoral ciudadano en el país y a protestas en otros países y las versiones sobre la participación electoral son dispares entre la información oficial y los relevamientos en los medios. Urnas Abiertas, un observatorio ciudadano electoral, registró más de 200 hechos de violencia política y actos de coacción electoral durante la jornada de los comicios, incluyendo la presencia de fuerzas parapoliciales en las cercanías de los centros de votación, así como intimidación y coacción hacia trabajadores del Estado para forzar su voto. Y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó reportes en este sentido.
“El gobierno de Nicaragua ha tratado de eliminar y desestimular a la competencia electoral a través de la detención arbitraria, la desaparición forzada y el enjuiciamiento de opositores y aspirantes a la presidencia, así como la imposición de obstáculos a la candidatura de los principales partidos de oposición. También ha acosado y hostigado a la prensa y violado los derechos políticos, todo esto con la colaboración de los poderes legislativo y judicial”, remarca Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Y añade: “La política de silenciamiento va más allá de los actores electorales. Solo entre julio y agosto, se ordenó el cierre de 45 ONGs que se suman a otras 10 que fueron cerradas desde 2018.”
Una espiral de violencia
Durante los últimos meses, la crisis de derechos humanos que inició en 2018 en el país centroamericano no hizo más que recrudecer al ritmo de nuevas censuras sobre la disidencia con la connivencia de un poder judicial que carece por completo de autonomía. Desde el 28 de mayo, el gobierno de Ortega detuvo a 39 personas identificadas como opositoras, entre ellas, siete potenciales rivales en las elecciones presidenciales que finalmente tuvieron lugar ayer sin su participación. No solo eso, algunos de estas personas detenidas fueron víctimas de desapariciones forzadas por semanas, incluso meses.
Un informe elaborado por Amnistía Internacional junto a otras organizaciones de derechos humanos demuestra que el sistema judicial en Nicaragua permanece adicto al poder, al punto que se ha convertido en un brazo auxiliar de la represión que Ortega ejerce sobre quienes se atreven a alzar la voz en su contra. Más allá de violar por completo el principio elemental de presunción de inocencia, esta subordinación de un poder que debiera funcionar de manera autónoma, como contrapeso en un sistema republicano, termina por dejar expuestos y sin protección a quienes se sienten amenazados o sufren, en carne propia, el hostigamiento del gobierno o de sus actores aliados.
Durante los últimos cuatro años, Amnistía Internacional, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, ha documentado el deterioro rápido y sistemático de los derechos humanos en Nicaragua. Por todo ello, desde la organización se exhorta ahora a la comunidad internacional a respaldar a las y los referentes nicaragüenses que siguen luchando por sus derechos humanos y asumir colectivamente la corresponsabilidad de proteger los derechos humanos en el país de cara a la sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se celebrará esta semana en Washington, entre el miércoles 10 y el viernes 12 de noviembre, para poner fin a las estructuras de represión e impunidad en Nicaragua.
